El sistema regulatorio peruano actual penaliza implícitamente la aplicación de la economía circular en el sector minero debido a la falta de incentivos y a las prolongadas barreras burocráticas que pueden superar los 400 días hábiles de trámites. Así lo advirtió en entrevista con Inforegión el ingeniero metalurgista y fundador de Golden Growing, Ben Ricaldi, quien señaló que numerosas iniciativas privadas para recuperar metales y reducir la carga contaminante de los pasivos se encuentran paralizadas ante la incertidumbre normativa de no saber si estas actividades corresponden al cierre progresivo o al cierre final de una operación.
A pesar de estas trabas administrativas, existen precedentes que demuestran el enorme potencial económico y ambiental del sector. Ricaldi destacó el caso emblemático de Minsur, empresa que logró reaprovechar relaves de estaño mediante una inversión de 174 millones de dólares, así como las investigaciones de Nexa Resources para extraer baritina de relaves sulfurados y la propuesta de Volcan presentada en el último Congreso de Cierre de Minas 2026 para reaprovechar la relavera San Nicolás en Ticlio. Sin embargo, el especialista subrayó que hoy existen en el país operaciones activas con depósitos de más de 15 años de antigüedad cuyo cierre sigue pendiente por la ausencia de un marco claro que viabilice su reprocesamiento.
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La urgencia global por los minerales críticos
La necesidad de reformar la normativa peruana responde a una presión del mercado internacional que no esperará indefinidamente. De acuerdo con las proyecciones de la Agencia Internacional de Energía en Europa citadas por el experto, la demanda mundial de minerales críticos casi se duplicará hacia el año 2040, posicionando al cobre como el metal de mayor crecimiento en volumen. Ante la caída en las leyes de los yacimientos actuales, el alza de los costos operativos y las décadas que toma poner en marcha una mina nueva, los relaves se presentan como la alternativa más eficiente por tratarse de material que ya fue extraído, molido y ubicado en superficie.
Para el magíster en gestión de proyectos, demorar cinco años más en establecer reglas claras provocará que estas inversiones migren hacia jurisdicciones más ágiles. El riesgo para el Perú no es solo económico, sino también territorial, pues se seguirán sellando bajo coberturas definitivas depósitos minerales que podrían haberse puesto en valor comercial y remediado de forma más efectiva.
Beneficio ambiental frente al entierro tradicional
El modelo tradicional de cierre mediante coberturas multicapa funciona en la práctica como una tapa sellada sobre el depósito, obligando a mantener y vigilar el material intacto durante décadas. Frente a ello, el concepto de cierre circular y productivo busca extraer el valor residual del relave y disminuir el origen mismo del riesgo ambiental. Al recuperar metales y sulfuros, el depósito pierde masa y reduce significativamente su capacidad de generar drenaje ácido, protegiendo de manera más efectiva los ríos y suelos circundantes.
No obstante, Ricaldi enfatizó que el reprocesamiento no reduce el riesgo de manera automática, ya que una mala praxis podría movilizar contaminantes. Por ello, su propuesta se sustenta en la llamada ingeniería de certeza, un enfoque técnico que exige demostrar el beneficio ambiental mediante estudios geoquímicos, hidrogeológicos y balances de masas auditables antes de aprobar cualquier intervención, asegurando que los nuevos residuos alcancen una estabilidad física y química a largo plazo.
Candados contra el incumplimiento y reforma estatal
El especialista explicó que la resistencia administrativa actual nace de un divorcio histórico entre la Ley de Cierre de Minas de 2003, pensada para operaciones activas, y la Ley de Pasivos Ambientales de 2004, diseñada para minas abandonadas, sumado a una comprensible desconfianza estatal por los miles de pasivos heredados en el país. Para evitar que la creación de una nueva figura denominada Relave Estratégico Reaprovechable sea utilizada como una excusa legal para postergar obligaciones, Ricaldi plantea implementar cuatro candados estrictos.
El primer candado es financiero y mantiene intacta la exigencia de la Ley 31347, asegurando que la garantía ambiental nunca sea menor al costo del cierre para que el Estado pueda ejecutarla en caso de incumplimiento. El segundo establece una temporalidad estricta sujeta a hitos, donde cualquier retraso hace caducar el permiso y vuelve exigible el cierre definitivo de inmediato. El tercer mecanismo obliga a una revisión técnica independiente alineada al Estándar Global de Gestión de Relaves para la Industria Minera, mientras que el cuarto garantiza la fiscalización continua del OEFA y el Osinergmin durante todo el proceso.
Para destrabar la burocracia actual, el fundador de Golden Growing sostiene que no basta una directiva sectorial, sino que urge un decreto supremo refrendado por los ministerios de Energía y Minas, del Ambiente y de Desarrollo Agrario y Riego. Esta norma debe disponer que entidades evaluadoras como el MINEM, el SENACE y la ANA trabajen de forma simultánea sobre un expediente único en la Ventanilla Única Digital, fijando un plazo conjunto de 120 días y un solo pliego de observaciones. Con esta previsibilidad regulatoria, concluyó el experto, el Perú podrá reducir su inventario de pasivos ambientales en la próxima década, dejando de enterrar valor económico y consolidándose como un referente regional en minería circular.
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