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El ministro de Justicia y Derechos Humanos, Ernesto Álvarez, expuso ante la Comisión de Constitución del Senado cuatro propuestas legislativas que el Poder Ejecutivo busca incorporar al pedido de facultades para enfrentar la inseguridad ciudadana y fortalecer el sistema penitenciario./ Video: Canal NEl ministro de Justicia, Ernesto Álvarez, solicitó establecer reglas que permitan fortalecer la participación de las Fuerzas Armadas en las acciones de seguridad penitenciaria y en el intercambio de información con la Policía Nacional y los servicios de inteligencia del INPE y del Ministerio del Interior
CTPorChristian Torres Tutiven »El ministro de Justicia y Derechos Humanos, Ernesto Álvarez, expuso ante la Comisión de Constitución del Senado cuatro propuestas legislativas que el Poder Ejecutivo busca incorporar al pedido de facultades para enfrentar la inseguridad ciudadana y fortalecer el sistema penitenciario.
Durante su intervención, el ministro sostuvo que el país enfrenta deficiencias en el sistema penitenciario y en el funcionamiento de las instituciones policiales, fiscales y judiciales. En ese contexto, pidió que se evalúen medidas que, según indicó, no fueron incluidas en el texto aprobado por la Cámara de Diputados.
Álvarez señaló que estas propuestas buscan mejorar la coordinación entre las fuerzas del orden, reforzar el control sobre personas condenadas por delitos graves y adecuar las normas penales a las actuales condiciones de criminalidad.
El titular de Justicia planteó establecer una carrera para los trabajadores del Instituto Nacional Penitenciario (INPE), con una línea de desarrollo profesional y mejores condiciones laborales. Advirtió que algunos agentes perciben remuneraciones iniciales de alrededor de S/ 1.200 y que la falta de oportunidades de ascenso puede aumentar su exposición a la corrupción y a las presiones de las organizaciones criminales.
Asimismo, sostuvo que no sería viable reorganizar el INPE sin considerar la falta de personal, al señalar que actualmente existe aproximadamente un agente penitenciario por cada 80 internos. El ministro también defendió la necesidad de fortalecer la rehabilitación y resocialización de los reclusos, como parte de una política estatal orientada a reducir la reincidencia delictiva.
Plantea separar a internos violentos de los no violentos
Otra de las propuestas expuestas por Álvarez consiste en redistribuir a la población penitenciaria y separar a los internos condenados por delitos violentos de aquellos que cometieron delitos no violentos.
Según explicó, la medida busca evitar que las organizaciones criminales ejerzan presión sobre internos y sus familiares para utilizarlos en actividades de logística o comunicación delictiva. El ministro consideró que la clasificación penitenciaria debe contribuir a mejorar la seguridad dentro de los establecimientos y, al mismo tiempo, facilitar los procesos de rehabilitación.
Propone libertad vigilada después de cumplir condena
Álvarez también planteó establecer un mecanismo de libertad vigilada pospenitenciaria para personas que hayan cumplido condena por delitos especialmente graves y que representen un peligro para la sociedad.
Precisó que la propuesta no estaría dirigida a todos los excarcelados, sino a casos específicos, como sicarios o personas que hayan tenido un papel de liderazgo en redes de extorsión. Según argumentó, se requiere un marco jurídico que permita realizar labores de seguimiento después del cumplimiento de la pena, respetando los derechos fundamentales y evitando que las autoridades incurran en abuso de autoridad.
Pide un marco legal para la participación de las Fuerzas Armadas
El ministro solicitó establecer reglas que permitan fortalecer la participación de las Fuerzas Armadas en las acciones de seguridad penitenciaria y en el intercambio de información con la Policía Nacional y los servicios de inteligencia del INPE y del Ministerio del Interior.
Explicó que el Comando Unificado reúne a policías y militares para realizar labores operativas y de inteligencia, pero consideró necesario contar con un marco jurídico que brinde claridad y respaldo a los funcionarios que compartan información dentro de sus competencias.
Álvarez sostuvo que la extorsión no puede enfrentarse únicamente con presencia física de efectivos en las calles, sino también mediante inteligencia, seguimiento de la logística criminal y rastreo de los movimientos financieros de las organizaciones delictivas. En esa línea, propuso evaluar un tratamiento legal específico para las organizaciones criminales que utilizan el terror con fines de lucro ilegítimo.
Plantea modificar las reglas de legítima defensa
La cuarta propuesta del ministro consiste en modificar el numeral 3 del artículo 20 del Código Penal, referido a la legítima defensa. Álvarez planteó que, bajo determinadas condiciones, se evalúe presumir que una persona actuó racionalmente al defenderse de una agresión, sin exigir una proporcionalidad estricta entre el medio utilizado para atacar y el empleado para defenderse.
También propuso que la carga de la prueba recaiga en el Ministerio Público para determinar si se cumplieron los requisitos de la legítima defensa, de acuerdo con las condiciones que establezca la normativa. El ministro vinculó esta iniciativa con la situación de inseguridad que afrontan ciudadanos y transportistas, quienes pueden ser víctimas de ataques armados y extorsiones.
Álvarez pide al Senado evaluar las cuatro propuestas
Al concluir su exposición, el titular de Justicia pidió a los senadores considerar la incorporación de estas medidas al proyecto de facultades legislativas. Argumentó que la delegación permitiría al Ejecutivo actuar con mayor rapidez y sostuvo que la inseguridad representa un desafío para la legitimidad del Estado y su obligación de proteger a la población.
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