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La presidenta de la República, Keiko Fujimori, supervisó en Trujillo el funcionamiento del centro de control de acceso al penal de varones El Milagro, en La Libertad. El sistema, a cargo de las Fuerzas Armadas con apoyo de la Policía Nacional, utiliza escáneres corporales y de equipaje para detectar objetos prohibidos antes de que ingresen al establecimiento penitenciario.

La inspección se realizó junto al ministro de Defensa, Rafael Belaunde, como parte de las acciones del Gobierno para reforzar la seguridad en las cárceles y combatir las actividades delictivas que operan desde su interior.

Escáneres para detectar objetos prohibidos

El centro de control dispone de escáneres corporales, arcos de seguridad y equipos de rayos X para revisar maletas y paquetes sin necesidad de abrirlos. La tecnología permite identificar objetos ocultos bajo la ropa y elementos que podrían vulnerar la seguridad del establecimiento.

Los controles se aplican a visitantes, trabajadores del Instituto Nacional Penitenciario (INPE), policías, militares y autoridades. Quienes superan esta primera revisión deben cumplir también con los procedimientos de seguridad establecidos por el INPE.

Según la información oficial, el sistema comenzó a operar dos semanas antes de la inspección y busca impedir el ingreso de celulares, armas blancas, municiones, chips telefónicos, drogas y otros artículos prohibidos que podrían facilitar la continuidad de actividades criminales desde las cárceles.

“Todos pasarán por estos controles: visitas, policías, militares, trabajadores y autoridades, para que no quede duda de que todos cumplimos la ley”, manifestó Fujimori durante la supervisión.

La mandataria también señaló que las medidas no buscan impedir las visitas familiares, sino evitar que ingresen objetos ilegales a los establecimientos penitenciarios.

Fujimori: Estado de emergencia en cinco penales

La instalación de estos controles forma parte de las medidas adoptadas por el Ejecutivo tras declarar, a fines de septiembre, el estado de emergencia en cinco establecimientos penitenciarios considerados de alta peligrosidad.

La medida comprende los penales de Challapalca, en Tacna; Cochamarca, en Pasco; Miguel Castro Castro y Ancón I, en Lima; y Trujillo Varones, en La Libertad.

En el marco de esta disposición, las Fuerzas Armadas asumieron el control del perímetro exterior de los establecimientos, en un radio de hasta 200 metros, en apoyo a la Policía Nacional. El control interno de los penales permanece bajo responsabilidad de las autoridades correspondientes, según lo dispuesto por el Gobierno.

El objetivo es reforzar la vigilancia alrededor de las cárceles y reducir las posibilidades de que las organizaciones criminales mantengan sus operaciones mediante comunicaciones, coordinaciones o el ingreso de artículos ilícitos.

Fuerzas Armadas apoyan operativos en Trujillo

Durante su agenda en La Libertad, Fujimori también acudió a la Unidad de Servicios Especiales (USE), donde la Policía Nacional presentó un balance de la primera intervención del Comando Unificado contra el Crimen Organizado.

En esta operación conjunta participaron 100 efectivos de las Fuerzas Armadas. Además, se prevé la llegada de un batallón adicional de personal militar para reforzar las intervenciones en la ciudad.

La estrategia contempla la coordinación entre las fuerzas militares y policiales para enfrentar a las organizaciones criminales y fortalecer las acciones de seguridad ciudadana en una región golpeada por la delincuencia.

Controles y despliegue contra el crimen

La supervisión del centro de acceso al penal El Milagro y las intervenciones del Comando Unificado forman parte de las acciones de seguridad desplegadas por el Gobierno en Trujillo.

El funcionamiento de los escáneres busca establecer una primera barrera para impedir el ingreso de objetos prohibidos, mientras que el despliegue de personal militar en los perímetros penitenciarios apunta a reforzar la vigilancia exterior.

La efectividad de estas medidas dependerá de su aplicación sostenida, de la coordinación entre las instituciones responsables y de los resultados que se obtengan en la prevención del ingreso de artículos ilícitos y en la contención de las actividades criminales vinculadas a los establecimientos penitenciarios.

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