El ministro de Defensa, Rafael Belaunde, sostuvo que el Estado debe asumir una posición más activa en la lucha contra el crimen organizado y dejar de limitarse a reaccionar ante el avance de las organizaciones criminales.
“El Estado debe recuperar la ofensiva en esta guerra. No podemos estar a la defensiva o reaccionando permanentemente. Tenemos que tomar la ofensiva e ir tras ellos”, manifestó al destacar la creación del Comando Unificado Contra el Crimen Organizado.
Esta nueva instancia reúne a personal de las Fuerzas Armadas y de la Policía Nacional del Perú (PNP), con el propósito de coordinar sus capacidades y fortalecer las acciones contra las redes delictivas.
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¿Quiénes integrarán el comando unificado?
Belaunde explicó que el comando contará con efectivos especializados, entre ellos 500 miembros del Ejército del Perú, personal de las Fuerzas Especiales Conjuntas y agentes de unidades especializadas de la PNP, como la SUAT y el GRECCO.

La estrategia también contempla la coordinación con el Ministerio del Interior, la Fiscalía de la Nación, el Poder Judicial y otras entidades vinculadas con la administración de justicia.
El titular de Defensa señaló que uno de los ejes de esta intervención será la generación de inteligencia de calidad y oportuna, para facilitar que las fuerzas del orden actúen de manera articulada contra las organizaciones criminales. Asimismo, indicó que se implementará un programa intensivo de rastrillaje urbano.
Belaunde: “La democracia no puede ser boba”
El ministro remarcó que la finalidad de estas acciones es recuperar la tranquilidad de la población y garantizar el Estado de derecho, en un contexto en el que la delincuencia afecta la seguridad de los ciudadanos y el funcionamiento de los negocios.
“La democracia no puede ser boba. Necesitamos un país donde la gente pueda vivir en paz, donde uno pueda salir a la calle sin tener que pagar un cupo, sin ser extorsionado, asesinado, donde los negocios, el pequeño empresario, puedan funcionar en paz”, afirmó.
Belaunde insistió en que la respuesta del Estado debe permitir que los ciudadanos desarrollen sus actividades sin amenazas ni extorsiones, y que los pequeños empresarios puedan operar con seguridad.
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