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El abogado y experto en crimen organizado Julio Corcuera consideró que el comando unificado anunciado por el Gobierno para enfrentar la delincuencia puede ser útil si incorpora capacidades de inteligencia y coordinación con entidades públicas y privadas, más allá de la captura de delincuentes./ Video: Canal NEl abogado y experto en crimen organizado, Julio Corcuera, consideró necesario que el Gobierno explique las medidas relacionadas con la Dirección Nacional de Inteligencia y sostuvo que esta institución debería contar con capacidades operativas acordes con las características actuales del crimen organizado
CTPorChristian Torres Tutiven »El abogado y experto en crimen organizado Julio Corcuera consideró que el comando unificado anunciado por el Gobierno para enfrentar la delincuencia puede ser útil si incorpora capacidades de inteligencia y coordinación con entidades públicas y privadas, más allá de la captura de delincuentes.
En entrevista con Canal N, Corcuera destacó que el anuncio contempla la participación de organismos como la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), Osiptel y las empresas de telecomunicaciones, así como una eventual coordinación con entidades del sistema financiero.
“Lo que trato de decir es que el reto del crimen organizado tal como lo conocemos en este momento ha cambiado. Eso va a requerir también una nueva arquitectura jurídica”, sostuvo.
El especialista señaló que el crimen organizado actualmente opera como una estructura empresarial y que, por ello, una estrategia exclusivamente policial no sería suficiente para desarticularla.
Corcuera sostuvo que el principal objetivo de la lucha contra el crimen organizado debería ser afectar su estructura económica. “El corazón del crimen es el dinero. Ellos actúan desde una lógica de empresa criminal, lo hacen absolutamente por dinero”, afirmó.
Explicó que detener a un sicario o incluso a un líder de una organización no necesariamente implica el fin de las actividades criminales, debido a la capacidad de estas estructuras para reemplazar a sus integrantes. Como ejemplo, mencionó el caso de Erick Moreno Hernández, alias “El Monstruo”, y señaló que su captura no significó el fin de las extorsiones en Comas.
Según Corcuera, una estrategia efectiva debe involucrar a la SBS, el sistema financiero, la UIF, las empresas de telecomunicaciones, Sunat, Registros Públicos y las entidades encargadas del control de armas.
Extorsión y uso de billeteras digitales
El experto destacó que las organizaciones criminales utilizan distintos mecanismos para recibir los pagos de extorsión, entre ellos transferencias mediante billeteras digitales y cuentas bancarias. “Las empresas de transporte público pagan su extorsión en Yape, en Plin o en cuentas bancarias”, señaló.
Consideró que identificar y bloquear rápidamente estos mecanismos puede contribuir a afectar las finanzas de las organizaciones criminales y sostuvo que esta tarea requiere la participación del sistema financiero y no depende únicamente de la Policía.
Corcuera también destacó la necesidad de coordinar con las empresas de telecomunicaciones para enfrentar el uso de teléfonos y líneas por parte de organizaciones criminales, especialmente aquellas que operan desde establecimientos penitenciarios.
Uso de inteligencia y capacidades de las Fuerzas Armadas
Sobre el comando unificado anunciado por el Gobierno, Corcuera consideró que la participación de las Fuerzas Armadas puede ser útil si se orienta al fortalecimiento de capacidades de inteligencia, vigilancia y tecnología. Mencionó como ejemplos el uso de drones, equipos especializados, aeronaves y otras capacidades que pueden complementar el trabajo policial.
“Si usted va a apoyarse con los equipos de inteligencia, con el personal de inteligencia, fortalece esta labor”, explicó. Sin embargo, advirtió que todavía se conocen principalmente los anuncios y que será necesario observar cómo se implementa la estrategia para determinar sus resultados.
También señaló que la participación de las Fuerzas Armadas en labores de seguridad requiere una explicación detallada sobre sus funciones y alcances.
Pide fortalecer capacidades de inteligencia
Corcuera consideró necesario que el Gobierno explique las medidas relacionadas con la Dirección Nacional de Inteligencia y sostuvo que esta institución debería contar con capacidades operativas acordes con las características actuales del crimen organizado.
Reconoció que existe preocupación por los antecedentes de malas prácticas en organismos de inteligencia, pero sostuvo que esos riesgos deben ser controlados mediante mecanismos adecuados y no impedir el fortalecimiento de estas capacidades.
Asimismo, indicó que el Gobierno debería explicar las decisiones presupuestales relacionadas con la Policía y las Fuerzas Armadas para evitar interpretaciones sobre la asignación de recursos.
Advierte sobre baja judicialización de denuncias por extorsión
El abogado también cuestionó el nivel de judicialización de los casos de extorsión. Según los datos que presentó durante la entrevista, en 2025 ingresaron al Ministerio Público alrededor de 27.500 denuncias por extorsión, de las cuales unas 1.080 llegaron al Poder Judicial, equivalente, según su cálculo, a aproximadamente 4 %.
Corcuera sostuvo que esta situación debería motivar una revisión del funcionamiento del sistema penal y de las herramientas legales utilizadas para enfrentar el crimen organizado. A su juicio, las instituciones deben adaptarse a una criminalidad que se ha sofisticado y que combina violencia, extorsión, lavado de dinero y actividades empresariales.
Facultades legislativas
Respecto al pedido de facultades legislativas, Corcuera señaló que el Senado todavía debe revisar el proyecto y consideró importante que el Gobierno explique públicamente el contenido de las medidas vinculadas con seguridad.
Mencionó particularmente el fortalecimiento de las capacidades operativas de inteligencia y sostuvo que, ante la transformación del crimen organizado, podría ser necesario revisar el marco jurídico.
Finalmente, Corcuera consideró que el debate político sobre seguridad debería estar acompañado de una estrategia que involucre a las distintas instituciones del Estado y al sector privado. “El enemigo no es el rival político sino es el crimen”, afirmó.
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