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por Agencia EFE
Actualizado el 7 de Oct, 2026 2:14 pmLa situación de Maricarmen Abascal es la de miles de personas en España, que tienen dificultades para encontrar soluciones habitacionales mientras los precios de la renta y la propiedad se disparan impulsados por una oferta insuficiente.
Maricarmen Abascal, la mujer de 87 años cuyo desahucio el pasado 23 de septiembre en Madrid encendió las protestas en favor del derecho a una vivienda digna en España, murió este miércoles, tras quince días hospitalizada, según informó el Sindicato de Inquilinas a través de un comunicado.
La lucha de Maricarmen, junto al Sindicato de Inquilinas, para no ser expulsada del piso de alquiler en el que residió 71 años, fortaleció las protestas que desembocaron en una acampada en la céntrica Puerta del Sol de Madrid y llevó al Gobierno de España a aprobar dos decretos.
Estas medidas fueron posteriormente derogadas por el Congreso, lo que precipitó el adelanto electoral que el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, anunció el pasado lunes.
"Lamentamos comunicar que en el día de hoy ha fallecido Maricarmen", señaló el Sindicato de Inquilinas, en un comunicado donde lamentó que "si bien se consiguió un acuerdo histórico que le habría permitido volver a su vivienda, esta solución ha llegado demasiado tarde. Una situación absolutamente evitable tras un proceso torturante”.
Lamentamos comunicar que en el día de hoy ha fallecido Maricarmen. "Un día aquí en Madrid, nos fuimos a juntar a defender las casas que nos quieren robar. Maricarmen no estás sola, nada nos detendrá. El Sindicato es familia, lo vamos a luchar." https://t.co/jjFLmrIshx
— Sindicato de Inquilinas e Inquilinos de Madrid (@InquilinatoMad) October 7, 2026
El caso de Maricarmen que desató indignación en España
Maricarmen se había convertido en el rostro visible de la crisis habitacional de España. A sus 87 años y confinada a una silla de ruedas, tuvo 30 minutos para reunir pertenencias esenciales, antes de que agentes de policía y funcionarios de servicios sociales la sacaran en camilla hacia una ambulancia, para hacer cumplir un desahucio ordenado por un tribunal a favor de una empresa inmobiliaria.
Atrás quedaron recuerdos atesorados desde que tenía 16 años. También centenares de personas que, con pancartas y consignas de "¡Maricarmen, no estás sola!" y "¡Asesinos!" apoyaban la lucha que durante siete años libró en tribunales para evitar el desalojo.
La mujer de 87 años alquilaba un apartamento ubicado en el exclusivo barrio madrileño de Retiro, pagando menos de 500 euros al mes de acuerdo con el llamado régimen de renta antigua, la Ley de Arrendamientos Urbanos de 1964, que obligaba a la prórroga forzosa: mientras viviera el inquilino, el propietario estaba obligado a renovarle indefinidamente el contrato.
Ese formato fue modificado en 1994, cuando se limitó a dos el máximo de subrogaciones permitidas para cada contrato. En el caso de Maricarmen, la suya era la tercera, pues el convenio de renta original había sido firmado por su padre, luego traspasado a su madre, cuando él murió, y posteriormente de la madre a ella, también por fallecimiento.
La extinción del régimen de renta antigua ha ocasionado más de 4.000 desahucios solo este año, la mayoría de ellos por impago. La cifra, ya de por sí dramática, es inferior a los 6 960 desalojos que se practicaron solo en el segundo trimestre de 2025.
La situación de Maricarmen llegó a un punto de no retorno cuando los propietarios originales de la vivienda la vendieron al fondo de inversión Urbagestión. Según el Sindicato de Inquilinos de Madrid, la empresa inmobiliaria pretendía elevar a 2.650 la renta de la mujer, más del doble de su pensión por jubilación de 1.000 euros al mes.
Durante siete años, ella luchó por distintas vías judiciales para evitar el desalojo, hasta que el Tribunal Supremo falló a favor de Urbagestión basado en un tecnicismo legal: la discapacidad de 50% de la octogenaria que se movilizaba en silla de ruedas estaba 15 puntos por debajo del umbral que le hubiera permitido quedarse de por vida.
El Ministerio de la Vivienda ofreció comprar el inmueble a través de la empresa pública Casa 47, pero la inmobiliaria no aceptó la oferta.
La situación de la octogenaria es la de miles de personas en España, que tienen dificultades para encontrar soluciones habitacionales mientras los precios de la renta y la propiedad se disparan impulsados por una oferta insuficiente.
(Con información de France 24)
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