La remediación minera en el Perú ha dejado de medirse únicamente en toneladas de tierra movida o presupuestos ejecutados para evaluarse en función de las vidas y ecosistemas que logra restaurar. La empresa pública Activos Mineros S.A.C. (AMSAC) consolida hoy una visión de trabajo donde la recuperación territorial y el desarrollo comunitario son los ejes centrales de sus operaciones y entregan soluciones reales a poblaciones vulnerables.
«La principal transformación de AMSAC en estos veinte años ha sido entender que remediar un pasivo ambiental significa recuperar un territorio para la gente. Esta visión considera la protección de fuentes de agua, la recuperación de suelos, la reducción de la exposición a contaminantes y la generación de condiciones más seguras para el desarrollo local», explicó Dante Aguilar Onofre, gerente general de la entidad.
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Rentabilidad social y recuperación de ecosistemas
El enfoque socioambiental de AMSAC muestra resultados tangibles en diversas regiones del país, destacando el proyecto Excélsior en Pasco. Esta intervención logró estabilizar aproximadamente 55 millones de toneladas de desmonte minero y recuperar 69 hectáreas, beneficiando a miles de habitantes locales. Un estudio de Retorno Social de la Inversión (SROI), desarrollado junto a la Universidad Peruana Cayetano Heredia, demostró que por cada sol invertido en Excélsior, se generan hasta S/ 6.24 en beneficios sociales, económicos y ambientales para la población.
En la misma región se ejecutó el proyecto Azulmina, que culminó el cierre de otros 68 pasivos, mitigando fuentes históricas de contaminación y reduciendo los riesgos sanitarios y ecológicos para cerca de 29 mil personas que dependen de dicho entorno.
La recuperación de la flora nativa y los suelos degradados es otra prioridad evidenciada en la región Junín. El proyecto Calioc-Chacrapuquio ha logrado revitalizar 800 hectáreas de zonas rurales afectadas históricamente por las emisiones del Complejo Metalúrgico de La Oroya. Este hito ambiental fue posible gracias a la siembra masiva de cientos de miles de árboles nativos como el quenual y el colle. Adicionalmente, el proyecto Alto Marcavalle sumó la recuperación de otras 275 hectáreas en la misma zona.
En el norte del país, la remediación ha significado garantizar la seguridad hídrica. El proyecto Pushaquilca, en Áncash, permitió el cierre definitivo de 33 pasivos ambientales mineros calificados como de alto y muy alto riesgo, los cuales amenazaban directamente las quebradas Urupay y Pelagatos, protegiendo así las fuentes de agua vitales para las poblaciones aledañas.
Las comunidades como protagonistas del cambio
El éxito operativo de estas intervenciones está intrínsecamente ligado a la participación ciudadana. AMSAC ha integrado a las comunidades no solo como beneficiarias, sino como fuerza laboral y entes fiscalizadores.
Solo en lo que va del 2026, la empresa ha impulsado 23 mesas de sostenibilidad, logrando 157 acuerdos comunitarios y desplegando más de 280 actividades informativas que involucraron a 8 mil personas. A nivel económico, el impacto directo se refleja en la empleabilidad: el 75% de la mano de obra contratada para los proyectos correspondió a trabajadores locales, generando 767 puestos de trabajo. A esta integración se suman los comités de monitoreo ambiental participativo, donde los propios pobladores vigilan y validan los resultados de cada remediación en su territorio.
De cara al futuro, AMSAC asume el reto de incorporar soluciones tecnológicas innovadoras en el cierre de minas, manteniendo al servicio del Estado su experiencia acumulada en territorios complejos para enfrentar los desafíos ambientales del país con una premisa clara: devolverle a las comunidades el derecho a un entorno seguro, productivo y próspero.
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