La Fiscalía comprobó que los tres policías condenados desviaron recursos de matrículas y donaciones hacia cuentas personales mediante documentos falsos para justificar gastos inexistentes.
Extesorera de colegio en el Callao recibe 12 años de prisión por desvío de fondosFoto: composición LRPor Valeria TossoLunes 05 de Octubre del 2026 · 13:28h
La República en GoogleTres policías fueron condenados en primera instancia por apropiarse de S/353.528,84 de la Institución Educativa Emblemática Juan Ingunza Valdivia, en el Callao. La Fiscalía acreditó que los sentenciados desviaron fondos provenientes de matrículas y donaciones de los padres de familia hacia cuentas bancarias privadas y utilizaron comprobantes de empresas fachada o inexistentes para justificar gastos por bienes y servicios que nunca se realizaron.
La mayor condena recayó en la extesorera del colegio, suboficial brigadier PNP Milagros Rojas, quien recibió 12 años de prisión efectiva y 10 años de inhabilitación para ejercer cargos públicos. El exdirector, comandante PNP Lidonil Torres, fue sentenciado a ocho años de cárcel y cinco años de inhabilitación, mientras que el exdirector encargado, capitán PNP Edinson Dávila, recibió cuatro años de prisión efectiva y cinco años de inhabilitación.
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Según la acusación fiscal, los tres sentenciados montaron durante el año fiscal 2018 un esquema para captar y desviar recursos de la institución educativa. El dinero provenía de las matrículas y donaciones entregadas por los padres de familia.
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Los fondos fueron transferidos a cuentas bancarias privadas personales y mancomunadas, con el objetivo de evitar el control contable del Estado. El monto total apropiado ascendió a S/ 353.528,84.
Para justificar la salida del dinero, los condenados presentaron comprobantes fraudulentos de empresas fachada o inexistentes. Estos documentos simulaban contrataciones de bienes y servicios que, de acuerdo con la investigación fiscal, nunca se ejecutaron.
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Fiscalía presentó pruebas del desvío
Entre los principales elementos que sustentaron la acusación figuran un informe pericial y diversas actas de constatación. Con estas pruebas, la Fiscalía sostuvo que los comprobantes utilizados para rendir cuentas no correspondían a servicios o adquisiciones efectivamente realizados.
El caso corresponde al delito de peculado doloso agravado continuado. La sentencia es de primera instancia y contempla la ejecución provisional de las penas impuestas.
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