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por Redacción RPP
Actualizado el 4 de Oct, 2026 8:48 pmTras los resultados a boca de urna, el politólogo Fernando Tuesta analizó los dilemas legales y políticos a los que se enfrentaría el JNE para definir la alcaldía de Lima ante la prohibición de reelección.
Tras conocerse los resultados a boca de urna que ubican a Renovación Popular en el primer lugar con un 31.2 % de los votos en las elecciones municipales de Lima, se abre un periodo de incertidumbre legal respecto a la conducción de la alcaldía provincial de la capital.
Ante este escenario, el politólogo y exjefe de la ONPE Fernando Tuesta Soldevilla analizó en RPP las implicancias del caso de Rafael López Aliaga, quien postuló como primer regidor debido a la prohibición constitucional de reelección inmediata, toda vez que fue elegido como alcalde de Lima para el periodo 2022-2026, cargo al que renunció para postular de la presidencia de la República.
A juicio de Tuesta Soldevilla, las cifras preliminares marcan una tendencia irreversible que define el proceso electoral en Lima. Sin embargo, el analista adviertió que la falta de pronunciamiento oportuno por parte del Jurado Nacional de Elecciones (JNE) ha generado un ambiente complejo para la resolución final de la autoridad electa.
“Bueno, yo creo que esto ya es el resultado definitivo, porque la diferencia es marcada, está superando el margen de error. No va a cambiar. Ahora, claro, lo que viene es un panorama por un lado incierto y por otro lado muy delicado y problemático”, dijo el exjefe de la ONPE.
Los dos escenarios para el JNE
Según la evaluación de Tuesta Soldevilla, la inacción del JNE lo ha colocado ante un dilema institucional donde las dos opciones disponibles resultan perjudiciales.
De acuerdo con su análisis, si el organismo decide no otorgar la credencial de alcalde, el candidato cuestionado recurriría al respaldo del voto popular y al hecho de haber participado sin restricciones en la campaña.
"Porque si es que no se le entrega la credencial, Rafael López Aliaga lo que va a argumentar es que tiene el apoyo de la mayoría de limeños. En segundo lugar, que no le han dicho nada durante todo el proceso electoral. Es más, se lo han permitido, ha hecho propaganda pública como candidato incluso a alcalde; le han permitido participar en el debate, donde siempre participan únicamente alcaldes", sostuvo.
Por otro lado, indicó que la entrega de la credencial representaría una transgresión a la Constitución y sentaría un precedente perjudicial.
A criterio del politólogo, esta figura de "reelección encubierta" permitiría que en el futuro autoridades impedidas se inscriban en segundas posiciones para luego asumir los cargos vedados tras la renuncia del primer postulante.
Estrategia política y legitimidad argumental
En relación con el comportamiento del candidato, Tuesta Soldevilla señaló que López Aliaga estructuró su campaña con la narrativa propia de un postulante a la Alcaldía, participando en debates y difundiendo propaganda en ese sentido.
Para el exjefe de la ONPE, estos antecedentes serán empleados como argumento central para sostener que la ciudadanía votó intencionalmente por su retorno al sillón municipal.
De acuerdo con la lectura del especialista, el virtual electo primer regidor mantendría este discurso para ejercer presión política sobre la autoridad electoral durante el cómputo oficial y recordó que el JNE no emitirá un fallo hasta que se haya contabilizado el último voto del proceso.
El procedimiento de acreditación y la confusión normativa
Respecto a la aplicación de la norma, Tuesta Soldevilla explicó que el procedimiento regular exige proclamar a la lista ganadora y asignar las credenciales según el orden de inscripción.
Bajo este marco interpretativo, al estar vacante el candidato a alcalde por renuncia y registrar el primer candidato a regidor un impedimento constitucional, la acreditación correspondería formalmente al siguiente integrante de la lista.
El politólogo cuestionó además que declaraciones de autoridades del JNE hayan sugerido que la viabilidad de asumir la alcaldía se determinaría después de los comicios.
Según Tuesta Soldevilla, esta postura ha introducido confusión en una regla que se aplicó con claridad en las elecciones de 2018 y 2022, sin que desde 2015 se hayan aprobado reformas para rearmar la reelección municipal.
Recurso constitucional y conflicto con distritos
En cuanto a eventuales acciones constitucionales impulsadas por otras agrupaciones políticas, Tuesta Soldevilla prevé escasas posibilidades de éxito en la vía judicial. Según argumenta el analista, la Constitución establece que el tribunal electoral resuelve en última y definitiva instancia, constituyendo un fuero definitivo e inalterable.
“El Jurado Nacional de Elecciones resuelve en última y definitiva instancia. Ese es el punto, constitucionalmente. Van a seguramente a presentar algún tipo de medida, pero yo veo muy difícil que prosperen si ese es el camino que esperan”, indicó.
Finalmente, el especialista advirtió sobre un problema adicional generado por la existencia de cerca de 135 casos similares a nivel nacional.
A criterio de Tuesta Soldevilla, si un organismo electoral distrital resuelve de forma acelerada un expediente de reelección encubierta, el JNE se podría ver forzado a replicar el mismo criterio para el caso de Lima.
“Y supongamos que en alguno de ellos que va a ocurrir así, se termine mucho más rápido, digamos, el conteo final [...] entonces, si es que el Jurado resuelve primero allí, es lo que tendría que resolver obviamente en el caso de Lima", señaló.
"No creo que se exponga resolviendo un caso distrital al caso de Lima. Generalmente uno piensa que debe ser al revés, por el nivel de importancia, jerarquía que tiene Lima. Ese es un problema que creo que no lo ha calculado tampoco el Jurado y va a tener que enfrentar”, puntualizó.
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