Tres años después de que el Tribunal Constitucional ordenara al Estado garantizar el acceso al agua y saneamiento en los asentamientos humanos 21 de septiembre e Iván Vásquez Valera, alrededor de 5.000 personas continúan sin servicios básicos en Punchana, Loreto. Además, las familias conviven con un canal de desagüe a cielo abierto que atraviesa ambos sectores. Este canal se desborda durante las lluvias.
El canal transporta aguas servidas de la ciudad, residuos contaminantes del Hospital III de EsSalud y restos biológicos de un camal. Cuando aumenta el nivel del agua, el desagüe invade las viviendas. Esto expone especialmente a los niños, quienes juegan y, ante la falta de espacios recreativos, incluso se bañan en sus aguas.
Nota relacionada
Fenómeno El Niño: Leoncio Prado refuerza sus medidas de prevención ante posible disminución de lluvias que afectarían el abastecimiento de agua, la agricultura y otras actividades económicas
La posibilidad de que el fenómeno El Niño Costero persista hasta el verano de 2027 obliga a Leoncio Prado a…
Un fallo que aún no cambia la realidad
El Tribunal Constitucional emitió en agosto de 2023 una sentencia definitiva que reconoció el derecho de estas familias al agua y al saneamiento. Sin embargo, las autoridades han avanzado poco en el cumplimiento de la decisión. Así lo señalan los testimonios recogidos por la Vicaría del Agua del Vicariato Apostólico de Iquitos.
Bárbara Fraser, coordinadora de la Vicaría del Agua, señaló que el problema de Punchana forma parte de una crisis más amplia en Loreto. “Vivir al costado de un desagüe sin acceso a agua limpia atenta directamente contra el derecho a la salud, a la vida y a una existencia digna”, afirmó.
La demanda comenzó cuando los pobladores exigieron al Estado servicios de agua, saneamiento y recojo de basura. Tras obtener un fallo favorable en primera instancia, los gobiernos locales, provinciales y regionales apelaron la decisión. Finalmente, el Tribunal Constitucional confirmó la obligación del Estado de atender a las comunidades.
Familias exigen obras y cierre del desagüe
Para los vecinos, el problema no solo consiste en la falta de agua segura. Bárbara Shupingahua Torres, pobladora del asentamiento humano Iván Vásquez, pidió cerrar y cubrir el canal que atraviesa la zona. “Llevo más de 20 años acá y mi gran preocupación, además del agua, es que este canal de desagüe sea cerrado y tapado de una vez”, manifestó.
La vecina también alertó sobre el riesgo que enfrentan los menores. “La pelota cae al caño y los niños la recogen sin ningún tratamiento. Es una mortificación que las autoridades no hagan nada, sabiendo que hay una sentencia ganada”, sostuvo.
Eneyda López Vásquez, del asentamiento humano 21 de Septiembre, señaló que las familias esperan el levantamiento de rasante, el saneamiento físico-legal y la continuación del cierre del alcantarillado. Por otro lado, enfatizó: “Somos más de 5,000 habitantes entre ambos asentamientos humanos”, afirmó.
El Vicariato Apostólico de Iquitos acompaña desde hace más de una década a las dos comunidades en su reclamo por el acceso al agua y saneamiento. Lo hace junto con el Instituto de Defensa Legal, que brinda asesoría jurídica. Mientras tanto, las familias continúan esperando que la sentencia que reconoció sus derechos se traduzca en obras y servicios básicos.
Comentarios 3
Súmate a la conversación
Tu comentario es anónimo, pero para evitar bots necesitamos que te registres. Es gratis y toma 30 segundos.
Crear cuenta para comentar Ya tengo cuenta