El Colegio de Biólogos del Perú (CBP) emitió este jueves un pronunciamiento alertando sobre los graves riesgos que implicaría la modificación de la Ley de Áreas Naturales Protegidas (ANP), una medida promovida a través de las facultades legislativas solicitadas por el actual gobierno. Según la institución científica, la Proposición Legislativa N° 00098/2026-2031-CD debilita la normativa ambiental vigente para priorizar proyectos de hidrocarburos, poniendo en jaque el patrimonio natural de la nación.
En un contexto donde los ecosistemas peruanos ya enfrentan la presión constante de la minería ilegal, los cultivos ilícitos y la deforestación impulsada por la agricultura migratoria, especialmente en la Amazonía, el CBP advierte que esta pretensión normativa agrava el escenario. La apertura de las ANP a la extracción de hidrocarburos no solo comprometería la biodiversidad, sino también la intangibilidad de los territorios habitados por pueblos indígenas en aislamiento voluntario y contacto inicial (PIACI).
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Infraestructura natural y base económica
Frente a las posturas que perciben la conservación ambiental como un obstáculo, los biólogos peruanos aclararon que las ANP no frenan el desarrollo, sino que lo aseguran a largo plazo. Basándose en la evidencia cuantitativa de organismos globales como el IPCC, IPBES y la UICN, el comunicado detalla por qué estos espacios son una de las herramientas más efectivas y de menor costo frente a la crisis climática:
- Mitigación climática: Previenen la deforestación y la degradación de los suelos, bloqueando la liberación masiva de gases de efecto invernadero.
- Resiliencia ante desastres: Actúan como una «infraestructura natural» capaz de regular el ciclo del agua, frenar eventos climáticos extremos y ofrecer corredores seguros para la flora y fauna ante el calentamiento global.
- Seguridad alimentaria y económica: Resguardan el material genético de especies clave (como parientes silvestres de la papa, el maíz y el cacao) y sostienen las economías de comunidades indígenas y rurales a través del ecoturismo, la pesca artesanal y el aprovechamiento de recursos no maderables.
- Escudo de salud pública: Al mantener la integridad de los bosques, actúan como barrera contra la transmisión de patógenos zoonóticos que podrían desencadenar nuevas pandemias.
Inversión sin retroceso ambiental
El Consejo Directivo Nacional del CBP precisó que, si bien la promoción de las inversiones constituye un objetivo legítimo para el Estado, este no puede traducirse en una flexibilización de los estándares de protección a la biodiversidad.
La institución subrayó que el proyecto legislativo carece de asidero técnico y da la espalda a los planes de conservación que el país ha construido a lo largo de los años. «No se puede conseguir inversión económica reduciendo los estándares ambientales ni alterando espacios protegidos por la voluntad de un proyecto de inversión, sea minero o de hidrocarburos», recalca el documento.
La orden profesional concluyó su pronunciamiento sumándose al llamado de diversas organizaciones de la sociedad civil, exigiendo tanto al Congreso de la República como al Poder Ejecutivo que no se entreguen facultades legislativas en materia ambiental, y que no se antepongan las actividades extractivas por sobre los derechos fundamentales y la conservación de la naturaleza.
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