Política
Último día de campaña en Lima: ¿qué cambia desde este viernes rumbo a las elecciones del 4 de octubre?Los candidatos a la Alcaldía de Lima llegaron a sus últimas actividades públicas este jueves, mientras el calendario electoral marca el inicio de nuevas restricciones. Desde hoy ya no podrán realizarse manifestaciones políticas públicas y, desde el sábado, entrarán en vigor nuevas limitaciones sobre propaganda, entrevistas y venta de bebidas alcohólicas.
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02/10/2026By
Redacción Lima Gris
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Por Augusto Calixtro
Lima entra este jueves en las últimas horas de una campaña electoral que durante las últimas semanas llevó a los candidatos a recorrer distintos distritos de la capital. Mítines, caravanas y reuniones políticas concentran las últimas actividades antes de que el calendario electoral cambie de etapa y comience el periodo de restricciones previo a las elecciones del domingo 4 de octubre.
De acuerdo con el Jurado Nacional de Elecciones (JNE), las organizaciones políticas pueden realizar reuniones o manifestaciones políticas hasta las 23:59 horas de este jueves 1 de octubre. Desde las 00:00 del viernes 2 quedarán restringidas las manifestaciones políticas de carácter público.
El cierre de campaña, por tanto, no representa únicamente el último momento de exposición pública de las candidaturas. También marca el inicio de una cuenta regresiva en la que las actividades proselitistas irán desapareciendo del espacio público hasta llegar a la jornada electoral.
Una última noche de mítines y caravanas
Los principales candidatos a la Alcaldía de Lima han programado sus últimas actividades en diferentes zonas de la ciudad.
Rafael López Aliaga, quien figura como primer regidor de Renovación Popular, tiene previsto realizar una actividad en la avenida de la Peruanidad, en Jesús María. Carlos Bruce, de Somos Perú, programó una actividad en Villa El Salvador, mientras que Daniel Urresti, de Podemos Perú, su cierre de campaña fue en la avenida Carlos Izaguirre, en Los Olivos.
Ricardo Belmont, el líder del partido Obras, cerró su campaña de manera descentralizada en el Mega Plaza del Cono Norte. Francis Allison, de Avanza País, participó en una actividad de cierre de su agrupación en San Miguel. A diferencia de otros postulantes, Allison ha señalado que no realizará un cierre propio debido al costo que implicaría y que acompañará actividades de candidatos distritales de su organización.La distribución geográfica de estas actividades también permite observar una campaña que busca mantener presencia en distintos sectores de Lima durante sus últimas horas. Según datos de Reniec recogidos por El Comercio, Lima Metropolitana cuenta con 7’875.479 ciudadanos habilitados para votar. San Juan de Lurigancho, San Martín de Porres, Ate y Comas figuran entre los distritos con mayor número de electores.
Ricardo Belmont.
El cierre de campaña antes del silencio político
El calendario electoral establece una frontera precisa entre la campaña y las restricciones previas a la votación.
El JNE recordó este jueves que las reuniones y manifestaciones políticas quedan restringidas 48 horas antes de los comicios. En términos prácticos, esto significa que después de las 23:59 horas de este jueves ya no podrán desarrollarse nuevos mítines o manifestaciones públicas de carácter político.
La medida busca establecer un periodo previo a la jornada electoral en el que los ciudadanos puedan acudir a votar sin la presencia de actividades políticas públicas de último momento.
El propio JNE ha señalado que los actos de cierre de campaña forman parte de las actividades de participación política y que las autoridades deben garantizar su desarrollo dentro del marco legal, preservando al mismo tiempo el orden público y la seguridad.
Así, la jornada de este jueves funciona como el último espacio para que las organizaciones políticas puedan realizar actividades públicas de campaña antes de entrar en una etapa diferente del proceso.
¿Qué cambia desde el viernes?
El viernes 2 de octubre comenzará una nueva fase. Las manifestaciones políticas públicas estarán restringidas, pero todavía quedará un último plazo para la propaganda electoral.
La propaganda podrá difundirse hasta las 23:59 horas del viernes 2 de octubre. Desde las 00:00 del sábado 3 quedará restringida. Ese mismo sábado también comenzará la prohibición de determinadas actividades públicas relacionadas con las candidaturas, como entrevistas, conferencias y debates en medios de comunicación.
El calendario puede resumirse así:
Jueves 1 de octubre: último día para mítines, reuniones y manifestaciones políticas públicas.
Viernes 2 de octubre: último día para la difusión de propaganda electoral, hasta las 23:59 horas.
Sábado 3 de octubre: comienza la restricción de propaganda electoral y de participación de candidatos en entrevistas, conferencias y debates.
Sábado 3 de octubre, 8:00 a. m.: comienza la prohibición de venta y expendio de bebidas alcohólicas.
Domingo 4 de octubre: jornada de votación, de 7:00 a. m. a 5:00 p. m.
El JNE informó que la denominada ley seca se extenderá desde las 08:00 horas del sábado 3 hasta las 08:00 horas del lunes 5 de octubre.
Del ruido de la campaña al silencio electoral
El cambio será visible en las calles de Lima. Después de semanas de caravanas, propaganda, mítines y apariciones públicas, las organizaciones políticas deberán reducir progresivamente su actividad electoral conforme se aproximen las urnas.
El domingo 4 de octubre, además, entre las 07:00 y las 17:00 horas no estarán permitidas las reuniones de electores dentro de un radio menor de 100 metros de los locales de votación. También existen restricciones específicas durante la jornada electoral.
El JNE ha anunciado que sus fiscalizadores estarán desplegados en los locales de votación para verificar, dentro de sus competencias, el cumplimiento de la normativa electoral y reportar las incidencias correspondientes.
La campaña, entonces, no termina simplemente cuando dejan de realizarse los mítines. El proceso entra en una fase en la que el cumplimiento de las reglas electorales adquiere especial importancia.
La propaganda electoral ocupa las calles de Lima durante las últimas horas de campaña. Desde el sábado 3 de octubre, a las 00:00 horas, quedará prohibida su difusión como parte de las restricciones previas a las elecciones del domingo 4.
Una Lima que llega a las urnas
La elección por la Alcaldía de Lima presenta una cifra inédita de candidaturas: 26 agrupaciones políticas compiten por el gobierno de la capital.
Durante las últimas semanas, los candidatos han colocado sobre la mesa distintos asuntos relacionados con la ciudad, entre ellos seguridad, transporte, infraestructura, limpieza pública y otros problemas urbanos.
Pero este jueves las propuestas ceden espacio a los últimos actos de campaña. Las calles donde se concentren los candidatos serán también el escenario final de una etapa que comenzó meses atrás y que llegará a su punto decisivo el domingo.
La ciudadanía pasará entonces de observar mítines, caravanas y propaganda a enfrentarse con la cédula electoral y con la decisión de elegir a las próximas autoridades municipales.
La última fotografía antes de las urnas
El cierre de campaña deja una última fotografía política de Lima antes de que comiencen las restricciones. Las candidaturas buscan ocupar los últimos espacios de exposición pública mientras el organismo electoral establece los límites que regirán durante las horas previas a la votación.
Para los electores, conocer este calendario también forma parte del proceso. No se trata solamente de saber quiénes participan o qué propuestas presentan, sino de reconocer cuándo termina la campaña, cuándo comienza el periodo de restricciones y cuáles son las reglas que deberán cumplirse durante la jornada electoral.
Este jueves será, por ello, la última jornada de mítines y manifestaciones públicas antes de que Lima entre en el silencio previo a las urnas. El domingo, las calles cambiarán nuevamente de escenario: ya no serán las candidaturas las protagonistas, sino los ciudadanos convocados a ejercer su derecho al voto.
Comentarios Related Topics:alcaldía de limacierre de campañaricardo belmont Don't MissLo que hay detrás de Samuel Daza: el candidato que denunció a López Aliaga
Redacción Lima Gris
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Política
Lo que hay detrás de Samuel Daza: el candidato que denunció a López AliagaSu paso por el Ministerio de Transportes en 2021 duró apenas unos meses y terminó con una investigación fiscal abierta por negociación incompatible. Es una de las denuncias, pesquisas y sanciones que acompañan su trayectoria pública.
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1 hora agoon
02/10/2026By
Redacción Lima Gris
Por Giovanna Ríos
Samuel Daza, candidato de Fuerza Popular a la alcaldía de Lima, se convirtió en el nombre del momento tras el enfrentamiento que protagonizó con Rafael López Aliaga durante el debate municipal organizado por el Jurado Nacional de Elecciones (JNE) el 22 de septiembre. La discusión no terminó ahí. Después del encuentro, Daza presentó ante el Tribunal de Honor del Pacto Ético Electoral una denuncia contra López Aliaga por presunta intimidación y presión política, y adjuntó las conversaciones de WhatsApp que ambos habrían sostenido antes del debate.
Frente a las cámaras, Daza le reclamó a su rival por las llamadas y los mensajes que, según dijo, había recibido antes de subir al estrado. No se quedó en el reclamo: hizo públicas las conversaciones y sostuvo que debían ser evaluadas por la autoridad electoral. El caso fue derivado a las instancias correspondientes, donde deberá definirse si esos mensajes configuran o no una falta.
La exposición que le dio el cruce con López Aliaga tuvo un efecto inmediato. Quien denuncia en público a un rival queda, inevitablemente, bajo el mismo escrutinio que pidió para el otro. Por eso revisamos los antecedentes públicos, denuncias, investigaciones y cuestionamientos que aparecen vinculados a Daza en registros judiciales, fiscales y reportes periodísticos. El resultado es un expediente largo y de naturaleza muy distinta según el caso, que conviene leer con cuidado: hay procesos civiles, sanciones administrativas, investigaciones fiscales que siguen abiertas y señalamientos periodísticos que él ha negado.
Foto: El Comercio.
Una denuncia por presunto maltrato psicológico
El primer antecedente que aparece es de 2013. La madre de uno de sus hijos presentó una denuncia en una comisaría de Comas por presunto maltrato psicológico. Según lo publicado por El Comercio, el documento hacía referencia a supuestos insultos y agresiones verbales. No hemos encontrado información pública que permita afirmar que el caso terminó en una condena contra Daza.
Un proceso por pensión de alimentos
Dos años después, en 2015, el Quinto Juzgado de Paz Letrado emitió una sentencia vinculada a una obligación de pensión de alimentos atribuida a Daza. El caso aparece también en documentación electoral de procesos anteriores. Se trata de una obligación de naturaleza civil, y no de una condena penal, algo que vale la pena dejar claro para no confundir ambos terrenos.
Una sanción por conducir en estado de ebriedad
En marzo de 2017, Daza fue intervenido en Puente Piedra mientras conducía. De acuerdo con los reportes publicados entonces, dio positivo en la prueba de alcoholemia. Los medios agregaron un detalle más: registraba cuatro papeletas ante el Servicio de Administración Tributaria (SAT) de Lima.
Investigación por negociación incompatible
El episodio más delicado de su paso por la función pública ocurrió en 2021. En septiembre de ese año, Daza fue designado en un cargo directivo del Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC) y, en ese mismo mes, se abrió una investigación fiscal en su contra por el presunto delito de negociación incompatible o aprovechamiento indebido del cargo.
La designación ya había generado cuestionamientos por su actividad anterior. Daza había sido dirigente de los transportistas que promovían el uso de taxis colectivos, un sector que el propio ministerio debía regular. En noviembre de ese mismo año dejó el cargo y señaló motivos personales. Una investigación fiscal no equivale a una condena, y no hemos encontrado una sentencia condenatoria que indique lo contrario.
Investigaciones por presuntos delitos contra la propiedad intelectual
En los años siguientes aparecen dos investigaciones fiscales más, ambas por presuntos delitos contra la propiedad intelectual. Según El Comercio, una se inició en agosto de 2023 y la otra en octubre de 2024. Las dos estarían relacionadas con la presunta reproducción o distribución de obras sin autorización de sus autores. La información disponible tampoco permite establecer que alguno de estos casos haya terminado en condena.
Una investigación en materia ambiental
En marzo de 2025 se abrió otra investigación, esta vez en la Fiscalía Especializada en Materia Ambiental de Ventanilla. El caso se refiere a hechos ocurridos durante su gestión como alcalde de Ancón y fue descrito como una investigación por presunta negligencia inexcusable o falta grave vinculada con sus obligaciones. Es una investigación preliminar, es decir, una etapa previa que no debe confundirse con una acusación fiscal formal ni con una sentencia.
Llos cuestionamientos alrededor del caso «El jorobado»
También en 2025, cuando Daza era alcalde de Ancón, reportajes de Panorama e Infobae lo vincularon con una presunta red de influencia atribuida a Adam Smith Lucano Cotrina, conocido como «El Jorobado». Los reportajes difundieron testimonios, audios y otra información según la cual la organización habría buscado establecer vínculos con autoridades municipales de Lima Norte, entre ellas la Municipalidad de Ancón.
En el caso de Daza, los reportajes plantearon señalamientos sobre supuestos vínculos políticos y obras públicas. Él los negó y sostuvo que los proyectos de saneamiento debían ejecutarse por los procedimientos que establece la ley. Conviene recordar que lo publicado en esos reportajes no es una sentencia y que, según la información disponible, no hay una condena en su contra por pertenecer a una organización criminal.
Su actividad empresarial y contratos con el Estado
Una de las empresas vinculadas a Samuel Daza es Traffik Ingeniería & Consultoría S.A.C., que El Comercio describe como suya. Según esa investigación periodística, la firma obtuvo contratos con entidades del Estado por más de S/14 millones.
El reportaje también examinó las relaciones empresariales y políticas de personas cercanas a Daza. Una de ellas es Haydee Espinoza Díaz, quien fue su socia en Traffik y hoy lo acompaña como candidata a regidora número 4 en la lista que presentó ante el JNE. De acuerdo con el mismo trabajo, Espinoza también se desempeñó como asistente en la Municipalidad de Ancón durante la gestión de Daza.
Samuel Daza y Rafael López Aliaga en el debate municipal.
Un patrimonio también cuestionado
Otro punto que revisaron los reportajes es su patrimonio. Según El Comercio, Daza declaró siete inmuebles valorizados en conjunto en cerca de S/1 millón, y cinco de ellos no figuraban inscritos en SUNARP. El dato forma parte de la información patrimonial reportada sobre el candidato, aunque la falta de inscripción registral de un inmueble no demuestra por sí sola un delito ni una irregularidad.
De todos los casos que aparecen en su historial, el único que llegó a una sentencia es el de la pensión de alimentos, en 2015, y es de naturaleza civil. Los demás se quedaron en el camino: una denuncia en comisaría, una intervención policial, investigaciones fiscales que se abrieron en 2021, 2023, 2024 y 2025 y, por ahora, no registran una acusación formal ni un fallo que defina responsabilidades. Los reportajes sobre «El Jorobado» tampoco pasaron del terreno periodístico, y Daza los ha negado desde el principio.
Es un historial largo, pero sin resolver. Cada uno de esos expedientes sigue abierto en su etapa, a la espera de que una fiscalía archive, formalice o un juez decida. Mientras eso no ocurra, lo que existe sobre Samuel Daza son preguntas que la justicia todavía no responde.
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Senadora Katherine Ampuero respalda la creación de una comisión investigadora contra la empresa TGP [VIDEO]La senadora por Renovación Popular, Katherine Ampuero consideró positiva la creación de una comisión investigadora en la Cámara de Diputados contra la Transportadora de Gas del Perú (TGP), al sostener que las demoras del Ministerio Público pueden terminar favoreciendo la pérdida de pruebas, el encubrimiento y la impunidad.
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16 horas agoon
01/10/2026By
Redacción Lima Gris
Por Mónica Aguilar Obregón
La senadora Katherine Ampuero expresó su respaldo a la eventual conformación de una comisión especial en la Cámara de Diputados para investigar a la empresa Transportadora de Gas del Perú (TGP) , al considerar que este mecanismo constituye una herramienta importante para esclarecer hechos que requieren una investigación transparente y oportuna.
La parlamentaria sostuvo que, si bien el Ministerio Público tiene la responsabilidad de investigar los presuntos delitos, los prolongados tiempos de sus investigaciones representan un problema que puede comprometer el acceso a la justicia.
“Las investigaciones en el Ministerio Público tardan una eternidad y justicia que tarda, pues ya no es justicia”, manifestó Ampuero, al advertir que las demoras pueden ocasionar la pérdida de medios probatorios y generar condiciones que favorezcan la impunidad e incluso el encubrimiento.
En esa línea, consideró que una comisión investigadora parlamentaria podría contribuir a acelerar el esclarecimiento de los hechos, garantizar mayor transparencia y permitir la obtención de información relevante para determinar posibles responsabilidades.
“Sí se puede hacer una comisión investigadora que pueda acelerar y pueda dar transparencia y, sobre todo, la obtención de la verdad y pueda prevenir hechos en el futuro”, afirmó.
No obstante, Ampuero precisó que desconoce los fundamentos específicos que sustentan la propuesta de creación de dicha comisión. Por ello, evitó pronunciarse sobre sus motivaciones particulares, aunque consideró favorable su finalidad siempre que se desarrolle dentro de los procedimientos formales y tenga como objetivos centrales la justicia y el esclarecimiento de los hechos.
Su posición pone sobre la mesa la importancia de la fiscalización parlamentaria como mecanismo complementario para contribuir a la transparencia y evitar que las investigaciones prolongadas terminen sin resultados.
Política
Diputada Ruth Luque exige investigar al TGP y reclama resultados al ministro de Energía y Minas [VIDEO]La diputada por la región de Cusco reclama una investigación que no se limite a la reciente deflagración de TGP y exige esclarecer por qué la masificación del gas en el sur continúa pendiente. También cuestiona al ministro de Energía y Minas por la fiscalización ambiental y demanda respuestas sobre los planes de rehabilitación vinculados al caso Repsol
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17 horas agoon
01/10/2026By
Redacción Lima Gris
Por: Mónica Aguilar Obregón
La deflagración registrada en las operaciones de Transportadora de Gas del Perú (TGP) vuelve a poner en el centro del debate la seguridad de las actividades vinculadas al transporte de gas y sus impactos ambientales. Frente a este escenario, la diputada Ruth Luque sostuvo que una eventual comisión investigadora en el Congreso debería ir más allá del incidente y concentrarse en determinar por qué hasta el momento no se ha concretado la masificación del gas en el sur del país.
Luque señaló que existen otros asuntos pendientes relacionados con el impacto ambiental, pero consideró que la investigación parlamentaria debe abordar también los costos económicos que, según indicó, ha significado la falta de masificación.
“Hubo una deflagración y otros temas pendientes con relación a impacto medioambiental, pero creo que la comisión investigadora debería focalizarse más bien para vigilar porque razón hasta el momento no se ha concretizado la masificación del sur y los costos económicos que eso se ha significado”.
La parlamentaria también hizo referencia a la posibilidad de una ampliación contractual y a cuestionamientos relacionados con el cumplimiento de obligaciones de la empresa.
“Porque hoy se está hablando de una ampliación de contrato incluso con Calidda y de no cumplimiento de varias cosas con la empresa”.
Según Luque, la masificación del gas constituye además un pedido de la población de Cusco, particularmente de la provincia de La Convención. En ese sentido, planteó que deben revisarse determinados aspectos vinculados a la empresa y garantizar que parte de los recursos provenientes de lotes actualmente explotados tengan como destino el consumo nacional.
“Entonces eso que estoy mencionando es un pedido de la población de Cuzco de manera especial de la zona de la provincia de La Convención, que se tome la masificación, que se renegocie varios extremos de la empresa y algunos lotes que hoy están siendo explotados se garantice que esos lotes van a ir al consumo nacional con relación al gas”.
Al ser consultada sobre las denuncias periodísticas respecto de posibles relaciones de lobby vinculadas al actual ministro de Energía y Minas y empresas relacionadas con el sector, Luque cuestionó el desempeño del titular de la cartera y sostuvo que debe demostrar resultados.
“El ministro de Energía y Minas responde a empresas, él ha trabajado de hecho en una empresa que tiene muchas denuncias por temas de responsabilidad ambiental”.
A partir de ello, la diputada sostuvo que el ministro debe asumir responsabilidades en materia de fiscalización ambiental y exigir el cumplimiento de las obligaciones correspondientes.
“Entonces lo que yo creo es que los hechos el señor Shinno debería demostrar que él puede estar a cargo de una cartera, pero de la misma manera debería exigir las mismas responsabilidades ambientales y los cumplimientos”.
Luque también reclamó una mayor fiscalización ambiental en los distintos sectores de la actividad minera.
“Y lo que hace falta es una mayor fiscalización ambiental a la gran minería, a la mediana minería y también la pequeña minería”.
Asimismo, hizo referencia a las competencias del Ministerio de Energía y Minas en otros asuntos ambientales y demandó resultados concretos al titular del sector.
“Y en sus competencias también está el tema del Repsol, así que ya el señor Shinno debería mostrar resultados de estos temas y poder garantizar de que todos los impactos también se vayan solucionando”.
En otro momento, la diputada cuestionó que los planes de rehabilitación relacionados con el caso Repsol aún no hayan sido aprobados, y demandó explicaciones al ministro de Energía y Minas.
“Hasta ahora el tema Repsol no se han aprobado los planes de rehabilitación, eso es competencia de Energía y Minas”.
Luque cuestionó el tiempo transcurrido sin que, según su declaración, se concreten dichos planes y planteó directamente la responsabilidad del titular del sector.
“¿Cuántos años más se va a esperar para que se implementen los planes?, ¿qué está esperando el ministro Shinno?, ¿piensa seguir esperando que la naturaleza resuelva el problema porque no es capaz de emplazar a la empresa Repsol?”.
Finalmente, la diputada sostuvo que situaciones como esta deben ser respondidas por el ministro: “Cosas como estas el ministro Shinno debería responder”.
Política
Martha Moyano sale en defensa de Keiko: “En política a nadie se le acaba la paciencia” [VIDEO]La senadora de Fuerza Popular respondió a las declaraciones de la presidenta Keiko Fujimori, quien cuestionó al Congreso por la demora en el debate de las facultades legislativas. Moyano reivindicó la trayectoria política de la mandataria y sostuvo que, precisamente en política, la paciencia forma parte de la responsabilidad de quienes ejercen el poder.
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1 día agoon
01/10/2026By
Redacción Lima Gris
Por: Mónica Aguilar Obregón
La tensión entre el Ejecutivo y el Congreso volvió a quedar expuesta luego de que la presidenta Keiko Fujimori cuestionara la demora del Parlamento para resolver el pedido de facultades legislativas presentado por su Gobierno. La mandataria afirmó que el Congreso estaba “poniendo a prueba” la paciencia del Ejecutivo, en referencia a las cuatro semanas transcurridas sin una decisión sobre la solicitud.
Ante estas declaraciones, la senadora de Fuerza Popular Martha Moyano salió al frente para defender a la presidenta y relativizó la posibilidad de que Fujimori haya llegado al límite de su tolerancia.
“La persona más paciente que conozco en la historia de la política es Keiko Fujimori”, afirmó Moyano al ser consultada por las reacciones generadas entre algunos parlamentarios.
La senadora sostuvo que la paciencia de Fujimori debe entenderse a partir de su propia trayectoria política y de las situaciones que, según señaló, ha enfrentado durante años.
“¿Es o no paciente con toda la persecución política que ha tenido?”, cuestionó Moyano, antes de destacar que la presidenta ha tenido que acudir en reiteradas oportunidades a la Fiscalía y enfrentar procesos judiciales.
Moyano también hizo referencia a los periodos de prisión preventiva que afrontó Fujimori y remarcó que, pese a esas circunstancias, la lideresa de Fuerza Popular continuó participando en política.
La parlamentaria fue enfática al rechazar la idea de que la expresión de Fujimori sobre la paciencia deba interpretarse necesariamente como una señal de ruptura o confrontación institucional.
Moyano agregó que la capacidad de mantener la calma frente a escenarios de presión es, desde su perspectiva, parte inherente de la actividad política.
Las declaraciones se producen en medio del debate sobre el pedido de facultades legislativas del Ejecutivo, cuyo trámite ha generado discrepancias dentro de la Cámara de Diputados. La presidenta Fujimori ha pedido que el Parlamento avance en la discusión, principalmente ante las prioridades planteadas por su Gobierno en materia de seguridad ciudadana y prevención frente al fenómeno El Niño.
El pronunciamiento de Moyano coloca nuevamente en el centro del debate la relación entre el Ejecutivo y el Legislativo: mientras el Gobierno reclama celeridad para contar con nuevas herramientas legislativas, sectores parlamentarios plantean revisar, acotar o modificar el alcance de las facultades solicitadas.
En ese escenario, la frase de Moyano busca marcar una posición política clara: para la senadora, la paciencia de Keiko Fujimori no estaría agotada y el diálogo institucional todavía forma parte del camino para resolver las diferencias entre ambos poderes del Estado.
Política
A cuatro días de las elecciones: el JNE aún no define qué pasaría con la Alcaldía de Lima si gana Renovación PopularRafael López Aliaga figura como primer regidor de Renovación Popular y no como candidato a alcalde. Sin embargo, su eventual llegada al cargo municipal si su lista obtiene la mayor votación mantiene abierta una controversia que enfrenta a candidatos, juristas y al organismo electoral. El Pleno del JNE aún debe determinar cómo correspondería proceder con la entrega de credenciales.
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1 día agoon
01/10/2026By
Redacción Lima Gris
Por Augusto Calixtro
Lima llegará este domingo 4 de octubre a las urnas con una particularidad que no aparece resuelta en el debate electoral: Rafael López Aliaga no encabeza formalmente la lista de Renovación Popular como candidato a alcalde, sino como primer regidor. Sin embargo, el resultado que obtenga su organización política podría abrir un escenario posterior sobre quién debe asumir la Municipalidad Metropolitana de Lima.
A cuatro días de las Elecciones Regionales y Municipales 2026, el Jurado Nacional de Elecciones (JNE) todavía no ha comunicado una decisión definitiva sobre la eventual entrega de credenciales de alcalde en este escenario. Su presidente, Roberto Burneo, ha señalado que la decisión corresponde al Pleno del organismo y no a una determinación personal de su presidencia.
La situación ha provocado cuestionamientos de diversos candidatos a la Alcaldía de Lima. Francis Allison, Daniel Urresti, Carlos Bruce, Ricardo Belmont, Susel Paredes y otros postulantes han pedido que el organismo electoral precise las reglas antes de que los ciudadanos acudan a votar.
El problema, por tanto, ya no se encuentra en la inscripción de López Aliaga. El propio JNE resolvió en julio la apelación que permitió su postulación como primer regidor. La controversia actual está relacionada con las consecuencias que tendría un eventual triunfo electoral de la lista de Renovación Popular.
De candidato a primer regidor
El camino electoral de López Aliaga tuvo un primer episodio en junio, cuando el Jurado Electoral Especial de Lima Centro declaró improcedente su candidatura a primer regidor debido a su condición de senador electo para el periodo 2026-2031.
La situación cambió el 13 de julio. El Pleno del JNE declaró fundada la apelación presentada por López Aliaga y permitió que pudiera postular como regidor para las elecciones municipales. El organismo electoral consideró los argumentos presentados por la defensa de Renovación Popular respecto a su condición de senador electo y no en ejercicio.
Posteriormente, la candidatura quedó incorporada en la lista de Renovación Popular. En la plataforma electoral del JNE, López Aliaga aparece como primer regidor, mientras que la organización política participa en Lima sin un candidato a alcalde en la fórmula tradicional.
Esta situación adquirió mayor relevancia durante los debates organizados por el propio JNE. En la segunda jornada, realizada el 22 de septiembre, López Aliaga participó como primer regidor de Renovación Popular, mientras otros candidatos cuestionaron que todavía no existiera una definición sobre qué ocurriría con las credenciales en caso de una victoria de su lista.
La pregunta que permanece sobre la mesa
La discusión se concentra en la interpretación de las normas municipales y electorales. López Aliaga sostiene que, si la lista de Renovación Popular obtiene la mayor votación, correspondería aplicar las reglas previstas para la sucesión municipal y que el primer regidor debería asumir la Alcaldía ante la ausencia del alcalde. El ex burgomaestre también ha cuestionado que el JNE pueda determinar posteriormente quién debe recibir la credencial.
Pero otros candidatos consideran que la situación debería aclararse antes de la jornada electoral.
Carlos Bruce ha sido uno de los principales críticos. El candidato de Somos Perú solicitó al JNE definir previamente qué ocurriría con López Aliaga y advirtió sobre las consecuencias que, a su juicio, podría generar una decisión posterior a la votación.
Francis Allison y Daniel Urresti volvieron a cuestionar públicamente al JNE este 30 de septiembre. Ambos reclamaron que el organismo electoral no haya fijado una posición antes de los comicios.
La controversia también ha involucrado a otros candidatos. Mónica Yaya solicitó que se aclare qué ocurriría con exalcaldes que participan como primeros regidores, mientras que otros postulantes han planteado cuestionamientos similares durante la campaña electoral.
Roberto Burneo: la decisión corresponde al Pleno
En medio de las críticas aparece Roberto Burneo, presidente del Jurado Nacional de Elecciones.
Burneo ha evitado adelantar una decisión individual sobre el futuro de las credenciales. Según sus declaraciones, será el Pleno del JNE el que deberá resolver el asunto. El presidente del organismo no precisó públicamente si la decisión será comunicada antes o después de las elecciones del 4 de octubre.
La posición institucional resulta relevante porque el JNE no actúa únicamente como organizador del proceso electoral. Dentro del sistema electoral peruano, tiene competencias jurisdiccionales y de fiscalización, por lo que sus resoluciones pueden determinar aspectos centrales de las candidaturas y de la proclamación de resultados.
El propio organismo ha desarrollado durante los últimos meses diferentes actividades de fiscalización y organización vinculadas con las elecciones. El JNE informó, por ejemplo, que fiscalizó la impresión de las cédulas y el despliegue del material electoral, mientras que su presidente ha participado en actividades relacionadas con la preparación de los comicios.
Un escenario que el elector debe conocer
El debate adquiere especial importancia porque las elecciones están a pocos días. El cronograma oficial de la ONPE establece que las Elecciones Regionales y Municipales 2026 se realizarán este domingo 4 de octubre.
En Lima Metropolitana, los ciudadanos elegirán al alcalde provincial y a los regidores del Concejo Metropolitano. La plataforma Voto Informado del JNE permite consultar las candidaturas, hojas de vida y planes de gobierno registrados para el proceso.
En ese contexto, la controversia sobre Renovación Popular plantea una pregunta que trasciende a una candidatura particular: ¿debe estar completamente definido antes de la votación quién asumirá el cargo que está en disputa o puede una cuestión jurídica quedar pendiente para después de conocer los resultados?
La respuesta corresponde al organismo electoral y, mientras no exista un pronunciamiento definitivo del Pleno, cualquier afirmación sobre quién recibirá la credencial debe presentarse como un escenario y no como un hecho consumado.
Una elección marcada por la incertidumbre jurídica
La situación de Renovación Popular muestra cómo una elección municipal puede terminar involucrando cuestiones que van más allá de las campañas y las propuestas de los candidatos.
Por un lado, existe una candidatura de primer regidor que fue admitida después de una resolución del máximo organismo electoral. Por otro, existe una discusión pendiente sobre los efectos que tendría una eventual victoria de esa lista.
En medio se encuentra el elector limeño, que acudirá a las urnas este domingo para decidir la composición de la Municipalidad Metropolitana de Lima.
La decisión final del JNE será determinante para cerrar la controversia. Hasta entonces, la principal pregunta no es quién ganará la elección, sino qué procedimiento corresponderá aplicar si una organización política obtiene la mayor votación sin tener un candidato a alcalde en su lista.
A cuatro días de la jornada electoral, esa respuesta continúa pendiente.
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Ministro de Educación José Antonio Chang: “Palabra de ministro”La frase «Palabra de ministro» no es inocente. «Palabra de maestro» fue el eslogan con el que Pedro Castillo, el expresidente que intentó dar un golpe de Estado, ganó las elecciones presidenciales en 2021 contra Keiko Fujimori.
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1 día agoon
01/10/2026By
Leonardo Serrano Zapata
El ministro José Antonio Chan aseguró el día 29 de setiembre durante su visita a la IE 385 José Olaya, en Independencia (Lima), que, al término de los cinco años de gobierno de la presidenta Keiko Fujimori, «se cumplirá el compromiso de entregar dos mil escuelas totalmente reconstruidas y tres mil reparadas». Y remató con una frase: «Palabra de ministro». De ahí surgen dos reflexiones.
La primera: de tanto confrontar al rival, terminas admirando su capacidad de convocatoria y su marketing político. Y lo haces en un mal momento. La presidente Fujimori pasó de preferencias superiores al 40% a cifras cercanas al 20%, y aún no sale la medición de septiembre, con el incremento de inseguridad y sin evaluar el manejo de la violencia escolar. Tampoco la propuesta del ministro de enviar a los estudiantes agresores a la modalidad EBA, que no tiene condiciones para atender a quienes podrían ser expulsados de los colegios.
La segunda: la falta de ideas para construir un mensaje propio. Si debes colgarte de tu adversario para cambiar la narrativa, en un momento en que nadie habla de Castillo y el magisterio no evoca sus medidas, como el pago de la CTS docente o el aumento de sueldo, algo no funciona.
Incluso la puesta en escena incomoda. Ayer la presidenta improvisó en Chincha una visita de cinco minutos a una escuela primaria, sin ningún instrumento de recojo de información que permitiera conocer sus condiciones y tomar acciones concretas. La diputada Rosángela Barbarán, cercana al poder, grabó la escena con su celular, como si Presidencia no tuviera equipo de comunicación. Parece que el entorno presidencial está rodeado de gente ayayera.
Fuente: Minedu, primera escuela modular IE 22334, ubicada en el distrito de Salas (ICA) valorizada en S/5 millones.
Pero vayamos al fondo. Construir I.E. bajo el modelo de escuelas modulares como las 2 000 prometidas, según MINEDU y Defensoría del Pueblo, es una alternativa transitoria y de uso temporal; no garantiza calidad. Además, la normativa vigente la describe como una solución provisional. Es una infraestructura costosa. ¿Qué herencia le quieren dejar a la educación pública tras el quinquenio del fujimorismo?
Respecto a las 3 000 escuelas supuestamente reparadas, las cifras oficiales no respaldan ese anuncio. En el Plan Nacional de Infraestructura Educativa 2024-2030 no figura una meta que se aproxime siquiera a las 500 instituciones, y el proyecto de presupuesto enviado al Congreso para 2027 tampoco contempla inicialmente dicha inversión.
Incluso sumando las carteras de inversión de los gobiernos regionales y locales —asunto que exige un análisis independiente—, el total no alcanzaría ni a mil escuelas de las tres mil prometidas.
La única vía para ejecutar un volumen de esa escala sería modificar el modelo de inversión pública (Invierte.pe), una reestructuración que podría tomarle al Ejecutivo hasta tres años, tal como ocurrió durante la gestión de Pedro Pablo Kuczynski al transitar del antiguo SNIP a Invierte.pe. Para eso, tampoco necesita el gobierno facultades legislativas.
Una promesa sin presupuesto no es “palabra de ministro”. Los escolares, las familias y los docentes merecen metas con financiamiento, cronograma y calidad verificable, no eslóganes prestados.
Me pregunto si el siguiente paso del ministro Chang será ponerse el sombrero.
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TGP en la mira del Congreso: bancada de Obras evalúa Comisión investigadora contra empresa Transportadora de Gas del Perú [VIDEO]El diputado Víctor Piñán confirmó que su bancada ya evalúa presentar una moción para investigar a Transportadora de Gas del Perú (TGP), tras los reiterados incidentes registrados en Cusco y los cuestionamientos por sus posibles impactos ambientales. La propuesta deberá ser redactada, presentada y sometida al procedimiento parlamentario antes de llegar a la Junta de Portavoces.
Published
1 día agoon
01/10/2026By
Redacción Lima Gris
Por Mónica Aguilar Obregón
TGP vuelve a estar bajo la lupa del Congreso. La bancada de Obras evalúa impulsar una moción para solicitar la creación de una comisión especial investigadora que revise los reiterados incidentes relacionados con Transportadora de Gas del Perú (TGP), así como sus posibles consecuencias ambientales y sociales en la región Cusco.
El anuncio fue realizado por el diputado Víctor Piñán, quien confirmó que dentro de su bancada ya se viene conversando la posibilidad de presentar formalmente el documento ante las instancias correspondientes del Parlamento.
“Sí, ya hay como bancada, ya hemos evaluado también y vamos a ver la posibilidad de poder presentar ya el documento en comisiones”, señaló Piñán al ser consultado sobre la existencia de una iniciativa para investigar desde el Congreso a la empresa TGP.
Sin embargo, el legislador precisó que la propuesta todavía se encuentra en una etapa previa a su presentación formal, éste deberá culminar su proceso de redacción y posteriormente seguir el trámite parlamentario correspondiente.
Piñán explicó que uno de los pasos determinantes será la evaluación del tema en la Junta de Portavoces, instancia en la que se deberá conocer si existe respaldo de las diferentes bancadas para impulsar la comisión investigadora.
El diputado añadió que será necesario esperar la posición de las distintas agrupaciones parlamentarias para determinar si finalmente existe el compromiso político necesario para poner en marcha la investigación.
La eventual comisión tendría como objetivo esclarecer las circunstancias relacionadas con los incidentes atribuidos a la operación de TGP y determinar, dentro del ámbito de competencia parlamentaria, qué responsabilidades podrían corresponder y qué medidas deberían adoptarse frente a los posibles impactos ambientales registrados.
El anuncio de Piñán coloca nuevamente a TGP en el centro del debate político y ambiental, especialmente por los cuestionamientos surgidos tras los incidentes registrados en Cusco.
La eventual investigación parlamentaria deberá definir con precisión qué hechos serán materia de indagación, qué periodo abarcará, qué entidades serán convocadas y cuáles serán las responsabilidades que eventualmente correspondan, evitando adelantar conclusiones antes de que culminen las investigaciones respectivas.
La pelota, por ahora, está en manos de las bancadas de la Cámara de Diputados, la presentación de la moción será el primer paso; su aprobación dependerá del respaldo que consiga dentro del Congreso.
Política
Diputada Yenifer Paredes: “Petroperú se ha allanado peligrosamente a la intervención y las exigencias de ProInversión”Presidente de Petroperú y representante de ProInversión no explicaron ante la Comisión de Energía y Minas el costo total del proceso ni detallaron cuánto se ha destinado a bancos de inversión, estudios jurídicos, consultorías y asesorías técnicas.
Published
2 días agoon
30/09/2026By
Redacción Lima Gris
La reorganización patrimonial y operativa de Petroperú vuelve a generar cuestionamientos en el Congreso. Durante la cuarta sesión ordinaria de la Comisión de Energía y Minas de la Cámara de Diputados, su presidenta, Yenifer Paredes, cuestionó la falta de información sobre el costo real del proceso y advirtió sobre lo que considera una progresiva pérdida de autonomía de la empresa estatal frente a las decisiones impulsadas por ProInversión.
Paredes sostuvo que Petroperú se habría allanado a las exigencias de ProInversión como parte de una reorganización que, según señaló, está comprometiendo su autonomía corporativa e introduciendo una mayor participación de terceros en decisiones comerciales y financieras de la empresa.
La diputada de Juntos por el Perú también cuestionó el argumento de ProInversión de que el proceso no implica una privatización de Petroperú. Según explicó durante la sesión, el esquema contempla la conformación de siete bloques patrimoniales para reorganizar los activos de la petrolera estatal y permitiría la participación de inversionistas privados junto con Petroperú en la gestión de cada activo, además del aporte de capitales para recuperar su valor.
Uno de los principales puntos de controversia fue, precisamente, el costo de esta reorganización. Paredes señaló que ella y otros integrantes de la comisión formularon preguntas específicas al presidente de Petroperú, Oliver Stark, para conocer cuánto dinero demandará el proceso y cuánto se viene gastando en las distintas etapas de su implementación.
Sin embargo, según la legisladora, Stark no respondió directamente las interrogantes y optó por ceder la palabra a Ángel Delgado, director del Proyecto de Reorganización Patrimonial y Operativa de Petroperú de ProInversión.
Delgado tampoco proporcionó durante la sesión el detalle solicitado por los legisladores. Ante la insistencia de la comisión, el funcionario se comprometió a remitir por escrito la información relacionada con los contratos suscritos con bancos de inversión, estudios jurídicos, empresas consultoras y especialistas que participan en el proceso.
Para Paredes, la falta de respuestas sobre estos gastos resulta especialmente relevante debido a la magnitud de la reorganización que se pretende ejecutar en Petroperú y a las consecuencias que esta podría tener sobre el control y gestión de sus activos.
Pero las interrogantes no se limitaron al proceso de reorganización. Durante la sesión también quedaron pendientes las respuestas de Petroperú sobre el proyecto de modernización de la refinería de Iquitos y las razones técnicas que explican la paralización de la Unidad de Flexicoking de la Refinería de Talara.
Esta última permanece paralizada desde julio y, de acuerdo con lo señalado durante la sesión, estaría generando pérdidas millonarias para la empresa estatal. La comisión deberá ahora esperar la información comprometida por ProInversión y las respuestas de Petroperú para determinar cuánto está costando realmente la reorganización y cuáles son sus efectos sobre las operaciones y activos de la petrolera estatal.
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