Política
Diputada Ruth Luque exige investigar al TGP y reclama resultados al ministro de Energía y Minas [VIDEO]La diputada por la región de Cusco reclama una investigación que no se limite a la reciente deflagración de TGP y exige esclarecer por qué la masificación del gas en el sur continúa pendiente. También cuestiona al ministro de Energía y Minas por la fiscalización ambiental y demanda respuestas sobre los planes de rehabilitación vinculados al caso Repsol
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36 segundos agoon
01/10/2026By
Redacción Lima Gris
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Por: Mónica Aguilar Obregón
La deflagración registrada en las operaciones de Transportadora de Gas del Perú (TGP) vuelve a poner en el centro del debate la seguridad de las actividades vinculadas al transporte de gas y sus impactos ambientales. Frente a este escenario, la diputada Ruth Luque sostuvo que una eventual comisión investigadora en el Congreso debería ir más allá del incidente y concentrarse en determinar por qué hasta el momento no se ha concretado la masificación del gas en el sur del país.
Luque señaló que existen otros asuntos pendientes relacionados con el impacto ambiental, pero consideró que la investigación parlamentaria debe abordar también los costos económicos que, según indicó, ha significado la falta de masificación.
“Hubo una deflagración y otros temas pendientes con relación a impacto medioambiental, pero creo que la comisión investigadora debería focalizarse más bien para vigilar porque razón hasta el momento no se ha concretizado la masificación del sur y los costos económicos que eso se ha significado”.
La parlamentaria también hizo referencia a la posibilidad de una ampliación contractual y a cuestionamientos relacionados con el cumplimiento de obligaciones de la empresa.
“Porque hoy se está hablando de una ampliación de contrato incluso con Calidda y de no cumplimiento de varias cosas con la empresa”.
Según Luque, la masificación del gas constituye además un pedido de la población de Cusco, particularmente de la provincia de La Convención. En ese sentido, planteó que deben revisarse determinados aspectos vinculados a la empresa y garantizar que parte de los recursos provenientes de lotes actualmente explotados tengan como destino el consumo nacional.
“Entonces eso que estoy mencionando es un pedido de la población de Cuzco de manera especial de la zona de la provincia de La Convención, que se tome la masificación, que se renegocie varios extremos de la empresa y algunos lotes que hoy están siendo explotados se garantice que esos lotes van a ir al consumo nacional con relación al gas”.
Al ser consultada sobre las denuncias periodísticas respecto de posibles relaciones de lobby vinculadas al actual ministro de Energía y Minas y empresas relacionadas con el sector, Luque cuestionó el desempeño del titular de la cartera y sostuvo que debe demostrar resultados.
“El ministro de Energía y Minas responde a empresas, él ha trabajado de hecho en una empresa que tiene muchas denuncias por temas de responsabilidad ambiental”.
A partir de ello, la diputada sostuvo que el ministro debe asumir responsabilidades en materia de fiscalización ambiental y exigir el cumplimiento de las obligaciones correspondientes.
“Entonces lo que yo creo es que los hechos el señor Shinno debería demostrar que él puede estar a cargo de una cartera, pero de la misma manera debería exigir las mismas responsabilidades ambientales y los cumplimientos”.
Luque también reclamó una mayor fiscalización ambiental en los distintos sectores de la actividad minera.
“Y lo que hace falta es una mayor fiscalización ambiental a la gran minería, a la mediana minería y también la pequeña minería”.
Asimismo, hizo referencia a las competencias del Ministerio de Energía y Minas en otros asuntos ambientales y demandó resultados concretos al titular del sector.
“Y en sus competencias también está el tema del Repsol, así que ya el señor Shinno debería mostrar resultados de estos temas y poder garantizar de que todos los impactos también se vayan solucionando”.
En otro momento, la diputada cuestionó que los planes de rehabilitación relacionados con el caso Repsol aún no hayan sido aprobados, y demandó explicaciones al ministro de Energía y Minas.
“Hasta ahora el tema Repsol no se han aprobado los planes de rehabilitación, eso es competencia de Energía y Minas”.
Luque cuestionó el tiempo transcurrido sin que, según su declaración, se concreten dichos planes y planteó directamente la responsabilidad del titular del sector.
“¿Cuántos años más se va a esperar para que se implementen los planes?, ¿qué está esperando el ministro Shinno?, ¿piensa seguir esperando que la naturaleza resuelva el problema porque no es capaz de emplazar a la empresa Repsol?”.
Finalmente, la diputada sostuvo que situaciones como esta deben ser respondidas por el ministro: “Cosas como estas el ministro Shinno debería responder”.
Martha Moyano sale en defensa de Keiko: “En política a nadie se le acaba la paciencia” [VIDEO]
Redacción Lima Gris
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Política
Martha Moyano sale en defensa de Keiko: “En política a nadie se le acaba la paciencia” [VIDEO]La senadora de Fuerza Popular respondió a las declaraciones de la presidenta Keiko Fujimori, quien cuestionó al Congreso por la demora en el debate de las facultades legislativas. Moyano reivindicó la trayectoria política de la mandataria y sostuvo que, precisamente en política, la paciencia forma parte de la responsabilidad de quienes ejercen el poder.
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14 horas agoon
01/10/2026By
Redacción Lima Gris
Por: Mónica Aguilar Obregón
La tensión entre el Ejecutivo y el Congreso volvió a quedar expuesta luego de que la presidenta Keiko Fujimori cuestionara la demora del Parlamento para resolver el pedido de facultades legislativas presentado por su Gobierno. La mandataria afirmó que el Congreso estaba “poniendo a prueba” la paciencia del Ejecutivo, en referencia a las cuatro semanas transcurridas sin una decisión sobre la solicitud.
Ante estas declaraciones, la senadora de Fuerza Popular Martha Moyano salió al frente para defender a la presidenta y relativizó la posibilidad de que Fujimori haya llegado al límite de su tolerancia.
“La persona más paciente que conozco en la historia de la política es Keiko Fujimori”, afirmó Moyano al ser consultada por las reacciones generadas entre algunos parlamentarios.
La senadora sostuvo que la paciencia de Fujimori debe entenderse a partir de su propia trayectoria política y de las situaciones que, según señaló, ha enfrentado durante años.
“¿Es o no paciente con toda la persecución política que ha tenido?”, cuestionó Moyano, antes de destacar que la presidenta ha tenido que acudir en reiteradas oportunidades a la Fiscalía y enfrentar procesos judiciales.
Moyano también hizo referencia a los periodos de prisión preventiva que afrontó Fujimori y remarcó que, pese a esas circunstancias, la lideresa de Fuerza Popular continuó participando en política.
La parlamentaria fue enfática al rechazar la idea de que la expresión de Fujimori sobre la paciencia deba interpretarse necesariamente como una señal de ruptura o confrontación institucional.
Moyano agregó que la capacidad de mantener la calma frente a escenarios de presión es, desde su perspectiva, parte inherente de la actividad política.
Las declaraciones se producen en medio del debate sobre el pedido de facultades legislativas del Ejecutivo, cuyo trámite ha generado discrepancias dentro de la Cámara de Diputados. La presidenta Fujimori ha pedido que el Parlamento avance en la discusión, principalmente ante las prioridades planteadas por su Gobierno en materia de seguridad ciudadana y prevención frente al fenómeno El Niño.
El pronunciamiento de Moyano coloca nuevamente en el centro del debate la relación entre el Ejecutivo y el Legislativo: mientras el Gobierno reclama celeridad para contar con nuevas herramientas legislativas, sectores parlamentarios plantean revisar, acotar o modificar el alcance de las facultades solicitadas.
En ese escenario, la frase de Moyano busca marcar una posición política clara: para la senadora, la paciencia de Keiko Fujimori no estaría agotada y el diálogo institucional todavía forma parte del camino para resolver las diferencias entre ambos poderes del Estado.
Política
A cuatro días de las elecciones: el JNE aún no define qué pasaría con la Alcaldía de Lima si gana Renovación PopularRafael López Aliaga figura como primer regidor de Renovación Popular y no como candidato a alcalde. Sin embargo, su eventual llegada al cargo municipal si su lista obtiene la mayor votación mantiene abierta una controversia que enfrenta a candidatos, juristas y al organismo electoral. El Pleno del JNE aún debe determinar cómo correspondería proceder con la entrega de credenciales.
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14 horas agoon
01/10/2026By
Redacción Lima Gris
Por Augusto Calixtro
Lima llegará este domingo 4 de octubre a las urnas con una particularidad que no aparece resuelta en el debate electoral: Rafael López Aliaga no encabeza formalmente la lista de Renovación Popular como candidato a alcalde, sino como primer regidor. Sin embargo, el resultado que obtenga su organización política podría abrir un escenario posterior sobre quién debe asumir la Municipalidad Metropolitana de Lima.
A cuatro días de las Elecciones Regionales y Municipales 2026, el Jurado Nacional de Elecciones (JNE) todavía no ha comunicado una decisión definitiva sobre la eventual entrega de credenciales de alcalde en este escenario. Su presidente, Roberto Burneo, ha señalado que la decisión corresponde al Pleno del organismo y no a una determinación personal de su presidencia.
La situación ha provocado cuestionamientos de diversos candidatos a la Alcaldía de Lima. Francis Allison, Daniel Urresti, Carlos Bruce, Ricardo Belmont, Susel Paredes y otros postulantes han pedido que el organismo electoral precise las reglas antes de que los ciudadanos acudan a votar.
El problema, por tanto, ya no se encuentra en la inscripción de López Aliaga. El propio JNE resolvió en julio la apelación que permitió su postulación como primer regidor. La controversia actual está relacionada con las consecuencias que tendría un eventual triunfo electoral de la lista de Renovación Popular.
De candidato a primer regidor
El camino electoral de López Aliaga tuvo un primer episodio en junio, cuando el Jurado Electoral Especial de Lima Centro declaró improcedente su candidatura a primer regidor debido a su condición de senador electo para el periodo 2026-2031.
La situación cambió el 13 de julio. El Pleno del JNE declaró fundada la apelación presentada por López Aliaga y permitió que pudiera postular como regidor para las elecciones municipales. El organismo electoral consideró los argumentos presentados por la defensa de Renovación Popular respecto a su condición de senador electo y no en ejercicio.
Posteriormente, la candidatura quedó incorporada en la lista de Renovación Popular. En la plataforma electoral del JNE, López Aliaga aparece como primer regidor, mientras que la organización política participa en Lima sin un candidato a alcalde en la fórmula tradicional.
Esta situación adquirió mayor relevancia durante los debates organizados por el propio JNE. En la segunda jornada, realizada el 22 de septiembre, López Aliaga participó como primer regidor de Renovación Popular, mientras otros candidatos cuestionaron que todavía no existiera una definición sobre qué ocurriría con las credenciales en caso de una victoria de su lista.
La pregunta que permanece sobre la mesa
La discusión se concentra en la interpretación de las normas municipales y electorales. López Aliaga sostiene que, si la lista de Renovación Popular obtiene la mayor votación, correspondería aplicar las reglas previstas para la sucesión municipal y que el primer regidor debería asumir la Alcaldía ante la ausencia del alcalde. El ex burgomaestre también ha cuestionado que el JNE pueda determinar posteriormente quién debe recibir la credencial.
Pero otros candidatos consideran que la situación debería aclararse antes de la jornada electoral.
Carlos Bruce ha sido uno de los principales críticos. El candidato de Somos Perú solicitó al JNE definir previamente qué ocurriría con López Aliaga y advirtió sobre las consecuencias que, a su juicio, podría generar una decisión posterior a la votación.
Francis Allison y Daniel Urresti volvieron a cuestionar públicamente al JNE este 30 de septiembre. Ambos reclamaron que el organismo electoral no haya fijado una posición antes de los comicios.
La controversia también ha involucrado a otros candidatos. Mónica Yaya solicitó que se aclare qué ocurriría con exalcaldes que participan como primeros regidores, mientras que otros postulantes han planteado cuestionamientos similares durante la campaña electoral.
Roberto Burneo: la decisión corresponde al Pleno
En medio de las críticas aparece Roberto Burneo, presidente del Jurado Nacional de Elecciones.
Burneo ha evitado adelantar una decisión individual sobre el futuro de las credenciales. Según sus declaraciones, será el Pleno del JNE el que deberá resolver el asunto. El presidente del organismo no precisó públicamente si la decisión será comunicada antes o después de las elecciones del 4 de octubre.
La posición institucional resulta relevante porque el JNE no actúa únicamente como organizador del proceso electoral. Dentro del sistema electoral peruano, tiene competencias jurisdiccionales y de fiscalización, por lo que sus resoluciones pueden determinar aspectos centrales de las candidaturas y de la proclamación de resultados.
El propio organismo ha desarrollado durante los últimos meses diferentes actividades de fiscalización y organización vinculadas con las elecciones. El JNE informó, por ejemplo, que fiscalizó la impresión de las cédulas y el despliegue del material electoral, mientras que su presidente ha participado en actividades relacionadas con la preparación de los comicios.
Un escenario que el elector debe conocer
El debate adquiere especial importancia porque las elecciones están a pocos días. El cronograma oficial de la ONPE establece que las Elecciones Regionales y Municipales 2026 se realizarán este domingo 4 de octubre.
En Lima Metropolitana, los ciudadanos elegirán al alcalde provincial y a los regidores del Concejo Metropolitano. La plataforma Voto Informado del JNE permite consultar las candidaturas, hojas de vida y planes de gobierno registrados para el proceso.
En ese contexto, la controversia sobre Renovación Popular plantea una pregunta que trasciende a una candidatura particular: ¿debe estar completamente definido antes de la votación quién asumirá el cargo que está en disputa o puede una cuestión jurídica quedar pendiente para después de conocer los resultados?
La respuesta corresponde al organismo electoral y, mientras no exista un pronunciamiento definitivo del Pleno, cualquier afirmación sobre quién recibirá la credencial debe presentarse como un escenario y no como un hecho consumado.
Una elección marcada por la incertidumbre jurídica
La situación de Renovación Popular muestra cómo una elección municipal puede terminar involucrando cuestiones que van más allá de las campañas y las propuestas de los candidatos.
Por un lado, existe una candidatura de primer regidor que fue admitida después de una resolución del máximo organismo electoral. Por otro, existe una discusión pendiente sobre los efectos que tendría una eventual victoria de esa lista.
En medio se encuentra el elector limeño, que acudirá a las urnas este domingo para decidir la composición de la Municipalidad Metropolitana de Lima.
La decisión final del JNE será determinante para cerrar la controversia. Hasta entonces, la principal pregunta no es quién ganará la elección, sino qué procedimiento corresponderá aplicar si una organización política obtiene la mayor votación sin tener un candidato a alcalde en su lista.
A cuatro días de la jornada electoral, esa respuesta continúa pendiente.
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Ministro de Educación José Antonio Chang: “Palabra de ministro”La frase «Palabra de ministro» no es inocente. «Palabra de maestro» fue el eslogan con el que Pedro Castillo, el expresidente que intentó dar un golpe de Estado, ganó las elecciones presidenciales en 2021 contra Keiko Fujimori.
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14 horas agoon
01/10/2026By
Leonardo Serrano Zapata
El ministro José Antonio Chan aseguró el día 29 de setiembre durante su visita a la IE 385 José Olaya, en Independencia (Lima), que, al término de los cinco años de gobierno de la presidenta Keiko Fujimori, «se cumplirá el compromiso de entregar dos mil escuelas totalmente reconstruidas y tres mil reparadas». Y remató con una frase: «Palabra de ministro». De ahí surgen dos reflexiones.
La primera: de tanto confrontar al rival, terminas admirando su capacidad de convocatoria y su marketing político. Y lo haces en un mal momento. La presidente Fujimori pasó de preferencias superiores al 40% a cifras cercanas al 20%, y aún no sale la medición de septiembre, con el incremento de inseguridad y sin evaluar el manejo de la violencia escolar. Tampoco la propuesta del ministro de enviar a los estudiantes agresores a la modalidad EBA, que no tiene condiciones para atender a quienes podrían ser expulsados de los colegios.
La segunda: la falta de ideas para construir un mensaje propio. Si debes colgarte de tu adversario para cambiar la narrativa, en un momento en que nadie habla de Castillo y el magisterio no evoca sus medidas, como el pago de la CTS docente o el aumento de sueldo, algo no funciona.
Incluso la puesta en escena incomoda. Ayer la presidenta improvisó en Chincha una visita de cinco minutos a una escuela primaria, sin ningún instrumento de recojo de información que permitiera conocer sus condiciones y tomar acciones concretas. La diputada Rosángela Barbarán, cercana al poder, grabó la escena con su celular, como si Presidencia no tuviera equipo de comunicación. Parece que el entorno presidencial está rodeado de gente ayayera.
Fuente: Minedu, primera escuela modular IE 22334, ubicada en el distrito de Salas (ICA) valorizada en S/5 millones.
Pero vayamos al fondo. Construir I.E. bajo el modelo de escuelas modulares como las 2 000 prometidas, según MINEDU y Defensoría del Pueblo, es una alternativa transitoria y de uso temporal; no garantiza calidad. Además, la normativa vigente la describe como una solución provisional. Es una infraestructura costosa. ¿Qué herencia le quieren dejar a la educación pública tras el quinquenio del fujimorismo?
Respecto a las 3 000 escuelas supuestamente reparadas, las cifras oficiales no respaldan ese anuncio. En el Plan Nacional de Infraestructura Educativa 2024-2030 no figura una meta que se aproxime siquiera a las 500 instituciones, y el proyecto de presupuesto enviado al Congreso para 2027 tampoco contempla inicialmente dicha inversión.
Incluso sumando las carteras de inversión de los gobiernos regionales y locales —asunto que exige un análisis independiente—, el total no alcanzaría ni a mil escuelas de las tres mil prometidas.
La única vía para ejecutar un volumen de esa escala sería modificar el modelo de inversión pública (Invierte.pe), una reestructuración que podría tomarle al Ejecutivo hasta tres años, tal como ocurrió durante la gestión de Pedro Pablo Kuczynski al transitar del antiguo SNIP a Invierte.pe. Para eso, tampoco necesita el gobierno facultades legislativas.
Una promesa sin presupuesto no es “palabra de ministro”. Los escolares, las familias y los docentes merecen metas con financiamiento, cronograma y calidad verificable, no eslóganes prestados.
Me pregunto si el siguiente paso del ministro Chang será ponerse el sombrero.
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TGP en la mira del Congreso: bancada de Obras evalúa Comisión investigadora contra empresa Transportadora de Gas del Perú [VIDEO]El diputado Víctor Piñán confirmó que su bancada ya evalúa presentar una moción para investigar a Transportadora de Gas del Perú (TGP), tras los reiterados incidentes registrados en Cusco y los cuestionamientos por sus posibles impactos ambientales. La propuesta deberá ser redactada, presentada y sometida al procedimiento parlamentario antes de llegar a la Junta de Portavoces.
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15 horas agoon
01/10/2026By
Redacción Lima Gris
Por Mónica Aguilar Obregón
TGP vuelve a estar bajo la lupa del Congreso. La bancada de Obras evalúa impulsar una moción para solicitar la creación de una comisión especial investigadora que revise los reiterados incidentes relacionados con Transportadora de Gas del Perú (TGP), así como sus posibles consecuencias ambientales y sociales en la región Cusco.
El anuncio fue realizado por el diputado Víctor Piñán, quien confirmó que dentro de su bancada ya se viene conversando la posibilidad de presentar formalmente el documento ante las instancias correspondientes del Parlamento.
“Sí, ya hay como bancada, ya hemos evaluado también y vamos a ver la posibilidad de poder presentar ya el documento en comisiones”, señaló Piñán al ser consultado sobre la existencia de una iniciativa para investigar desde el Congreso a la empresa TGP.
Sin embargo, el legislador precisó que la propuesta todavía se encuentra en una etapa previa a su presentación formal, éste deberá culminar su proceso de redacción y posteriormente seguir el trámite parlamentario correspondiente.
Piñán explicó que uno de los pasos determinantes será la evaluación del tema en la Junta de Portavoces, instancia en la que se deberá conocer si existe respaldo de las diferentes bancadas para impulsar la comisión investigadora.
El diputado añadió que será necesario esperar la posición de las distintas agrupaciones parlamentarias para determinar si finalmente existe el compromiso político necesario para poner en marcha la investigación.
La eventual comisión tendría como objetivo esclarecer las circunstancias relacionadas con los incidentes atribuidos a la operación de TGP y determinar, dentro del ámbito de competencia parlamentaria, qué responsabilidades podrían corresponder y qué medidas deberían adoptarse frente a los posibles impactos ambientales registrados.
El anuncio de Piñán coloca nuevamente a TGP en el centro del debate político y ambiental, especialmente por los cuestionamientos surgidos tras los incidentes registrados en Cusco.
La eventual investigación parlamentaria deberá definir con precisión qué hechos serán materia de indagación, qué periodo abarcará, qué entidades serán convocadas y cuáles serán las responsabilidades que eventualmente correspondan, evitando adelantar conclusiones antes de que culminen las investigaciones respectivas.
La pelota, por ahora, está en manos de las bancadas de la Cámara de Diputados, la presentación de la moción será el primer paso; su aprobación dependerá del respaldo que consiga dentro del Congreso.
Política
Diputada Yenifer Paredes: “Petroperú se ha allanado peligrosamente a la intervención y las exigencias de ProInversión”Presidente de Petroperú y representante de ProInversión no explicaron ante la Comisión de Energía y Minas el costo total del proceso ni detallaron cuánto se ha destinado a bancos de inversión, estudios jurídicos, consultorías y asesorías técnicas.
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1 día agoon
30/09/2026By
Redacción Lima Gris
La reorganización patrimonial y operativa de Petroperú vuelve a generar cuestionamientos en el Congreso. Durante la cuarta sesión ordinaria de la Comisión de Energía y Minas de la Cámara de Diputados, su presidenta, Yenifer Paredes, cuestionó la falta de información sobre el costo real del proceso y advirtió sobre lo que considera una progresiva pérdida de autonomía de la empresa estatal frente a las decisiones impulsadas por ProInversión.
Paredes sostuvo que Petroperú se habría allanado a las exigencias de ProInversión como parte de una reorganización que, según señaló, está comprometiendo su autonomía corporativa e introduciendo una mayor participación de terceros en decisiones comerciales y financieras de la empresa.
La diputada de Juntos por el Perú también cuestionó el argumento de ProInversión de que el proceso no implica una privatización de Petroperú. Según explicó durante la sesión, el esquema contempla la conformación de siete bloques patrimoniales para reorganizar los activos de la petrolera estatal y permitiría la participación de inversionistas privados junto con Petroperú en la gestión de cada activo, además del aporte de capitales para recuperar su valor.
Uno de los principales puntos de controversia fue, precisamente, el costo de esta reorganización. Paredes señaló que ella y otros integrantes de la comisión formularon preguntas específicas al presidente de Petroperú, Oliver Stark, para conocer cuánto dinero demandará el proceso y cuánto se viene gastando en las distintas etapas de su implementación.
Sin embargo, según la legisladora, Stark no respondió directamente las interrogantes y optó por ceder la palabra a Ángel Delgado, director del Proyecto de Reorganización Patrimonial y Operativa de Petroperú de ProInversión.
Delgado tampoco proporcionó durante la sesión el detalle solicitado por los legisladores. Ante la insistencia de la comisión, el funcionario se comprometió a remitir por escrito la información relacionada con los contratos suscritos con bancos de inversión, estudios jurídicos, empresas consultoras y especialistas que participan en el proceso.
Para Paredes, la falta de respuestas sobre estos gastos resulta especialmente relevante debido a la magnitud de la reorganización que se pretende ejecutar en Petroperú y a las consecuencias que esta podría tener sobre el control y gestión de sus activos.
Pero las interrogantes no se limitaron al proceso de reorganización. Durante la sesión también quedaron pendientes las respuestas de Petroperú sobre el proyecto de modernización de la refinería de Iquitos y las razones técnicas que explican la paralización de la Unidad de Flexicoking de la Refinería de Talara.
Esta última permanece paralizada desde julio y, de acuerdo con lo señalado durante la sesión, estaría generando pérdidas millonarias para la empresa estatal. La comisión deberá ahora esperar la información comprometida por ProInversión y las respuestas de Petroperú para determinar cuánto está costando realmente la reorganización y cuáles son sus efectos sobre las operaciones y activos de la petrolera estatal.
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José Antonio Chang: La educación básica alternativa (EBA)no es un castigoLa propuesta del ministro de Educación, José Antonio Chang, de derivar a los estudiantes agresores a los Centros de Educación Básica Alternativa (CEBA) distorsiona la finalidad de esta modalidad. En lugar de resolver la violencia escolar de manera integral, la medida se limita a cambiar el problema de turno.
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1 día agoon
30/09/2026By
Leonardo Serrano Zapata
El 28 de septiembre de 2026, ante la Comisión Bicameral de Presupuesto y Cuenta General de la República, el ministro de Educación, José Antonio Chang, propuso derivar a los estudiantes agresores a los Centros de Educación Básica Alternativa (CEBA). Dijo:
«Eso no significa restringirle el derecho de estudio al agresor; podrá ir a un centro de educación básica alternativa […] en las noches o los sábados, domingos o tal vez de manera virtual, pero no puede estar en el mismo centro educativo en que está al que él agredió».
Separar al agresor de la persona agredida es necesario. La pregunta es otra: ¿está la Educación Básica Alternativa (EBA) preparada para recibirlo y acompañarlo? La realidad sostiene que no, y que esa modalidad no fue creada para esa función.
La EBA atiende a adolescentes desde los 14 años, jóvenes y adultos que no pudieron iniciar o terminar a tiempo la Educación Básica Regular (EBR), o que trabajan (Ley n.º 28044, 2003, art. 37). Su propósito es garantizar el derecho a la educación, no corregir conductas.
Si instituciones con amplios recursos, psicólogos y certificaciones internacionales como el Bachillerato Internacional (COAR o el Liceo Naval Almirante Guise, entre otras) registran un número significativo de reportes de violencia escolar en la plataforma SíseVe, exigir que la EBA asuma esa carga sin el presupuesto, soporte pedagógico y administrativo adecuado resultaría inviable.
Los Centros de Educación Básica Alternativa (CEBA) dependen de la Dirección de Educación Básica Alternativa (DEBA), unidad adscrita a la Dirección General de Educación Básica Alternativa, Intercultural Bilingüe y de Servicios Educativos en el Ámbito Rural (DIGEIBIRA).
Los marcos internacionales coinciden. La UNESCO la concibe como parte del derecho a la educación y del aprendizaje a lo largo de la vida (UNESCO, 2016). Las conferencias CONFINTEA, de Belém a Marrakech, piden una educación inclusiva y de calidad, con financiamiento y docentes bien formados (UNESCO Institute for Lifelong Learning [UIL], 2010, 2022). El Objetivo de Desarrollo Sostenible 4 exige educación inclusiva y equitativa para todos (Naciones Unidas, 2015). Ningún acuerdo internacional plantea que la modalidad EBA sea un entorno para aplicar sanciones o corregir la conducta de jóvenes o adultos con antecedentes de violencia escolar.
Además, el plan de estudios de la Educación Básica Alternativa (EBA) no incluye horas de tutoría ni dispone de psicólogos, a diferencia de la secundaria regular (EBR), que cuenta con al menos dos horas semanales de tutoría y, en diversos casos, con personal de psicología de planta.
En los CEBA, las áreas de Arte y Cultura y Educación Física solo se dictan si se asigna un presupuesto específico. De no contar con esos fondos, sus horas son absorbidas por Comunicación y Ciencia, Tecnología y Salud, reduciendo el tiempo de enseñanza en estas áreas.
Lamentablemente, los CEBA públicos tampoco garantizan el acceso a bibliotecas, campos deportivos ni laboratorios; la norma de espacios compartidos no se respeta y pocos dicen al respecto, y las UGEL no supervisan el cumplimento, en muchos de los casos, se alquilan los espacios durante la jornada escolar de la modalidad EBA.
Otro aspecto mencionado por el ministro: en la modalidad EBA de enseñanza en entornos virtuales (forma de atención a distancia), los docentes de los CEBA públicos deben trabajar con sus propios equipos ante la falta de laptops institucionales. Aunque el Ministerio de Educación y las UGEL autorizan la educación virtual, no garantizan las herramientas mínimas para dictar clases.
Entre enero de 2024 y agosto de 2026, la EBA registró 138 casos de violencia en el SíseVe, equivalentes al 0,27 % del total nacional (Ministerio de Educación, 2026). Como muestran la Tabla 1 y la Figura 1, la violencia física fue el 31,9 % (44), la psicológica representó el 38,4 % (53) y la sexual el 29,7 % (41). Este último porcentaje supera el promedio nacional de 18,6 %, lo que sugiere una mayor exposición de los estudiantes de la EBA a este tipo de violencia.
Solo entre enero y agosto de 2026 hubo 30 reportes de violencia escolar: 15 entre escolares y 15 cometidos por personal de la institución (Figura 2).
De los 9 casos de violencia sexual reportados en ese periodo (7 cometidos por personal y 2 entre alumnos) (Figura 3), la concentración más alta se ubicó en la UGEL 04 y la UGEL 01. Asimismo, la UGEL 03 de Lima y la UGEL Cajamarca registran la mayor cantidad general de denuncias. De este universo, apenas el 43 % (13 casos) ha concluido su atención. Son casos reportados: pueden reflejar subregistro y no permiten comparar con la EBR. Aun así, muestran que la EBA ya tiene dificultades para atender la violencia que ocurre en sus propias aulas.
Riesgos y retos de la medida.
El primer riesgo radica en reincidir en una vieja práctica: derivar a la EBA a estudiantes calificados como ‘problemáticos’ o a adolescentes embarazadas ha sido una costumbre recurrente y silenciosa en el sistema educativo peruano. Segundo, estigmatiza tanto a los estudiantes derivados como a los jóvenes y adultos que estudian en los CEBA por trabajo, maternidad o migración. Tercero, coloca a adolescentes con conductas de riesgo en turnos nocturnos junto a jóvenes y adultos que trabajan, sin un marco de protección. Y la violencia escolar tiene varias causas: requiere prevención, trabajo con las familias y apoyo socioemocional, no solo un cambio de matrícula.
MINEDU, las UGEL y DRE tienen por costumbre ordenar ampliar los servicios educativos en los CEBA; pero las expresiones “usando los recursos disponibles” o “utilizando su propio techo presupuestal” son la manera cómoda de decir: CEBA públicos, implementen como puedan, no hay presupuesto.
Retos: Antes de cualquier derivación, se necesita determinar responsabilidades. El Ministerio de Educación debe incorporar horas de tutoría en el cuadro de horas 2027 y equipos de acompañamiento socioemocional en la EBA, y fijar protocolos contra traslados arbitrarios. Congreso, incluir en la Ley de Presupuesto 2027 fondos para tutoría, psicólogos, arte, educación física, conectividad y equipos en los CEBA públicos. DRE y UGEL, supervisar el uso de bibliotecas, laboratorios y espacios deportivos, y el seguimiento de los casos hasta su solución. Comunidad educativa, pedir una mesa técnica con directivos y docentes de la EBA y un pronunciamiento público que exija condiciones básicas de calidad antes de derivar.
La disciplina escolar no se resuelve trasladando el problema a otra modalidad, sino garantizando que todas las modalidades EBR y EBA cuenten con las condiciones de calidad que garanticen una adecuada gestión de la convivencia escolar.
Mientras esas condiciones no existan, derivar a estudiantes agresores a la EBA no constituye una política educativa, sino un desplazamiento del problema hacia el sector con menos recursos.
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Bernie Navarro y la diplomacia de la presión: ¿Qué significa para Perú la revocación de una visa por el caso Chancay?La revocación de la visa de un juez peruano vinculado a un proceso sobre el puerto de Chancay vuelve a poner al embajador de Estados Unidos en el centro de la relación bilateral. Más que un episodio consular, el caso expone la creciente conexión entre seguridad, justicia, inversiones y competencia geopolítica en el Pacífico.
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2 días agoon
30/09/2026By
Redacción Lima Gris
Por Augusto Calixtro
La decisión de Estados Unidos de revocar la visa del juez peruano Juan Carlos Núñez Matos ha abierto una nueva y delicada arista en la relación entre Lima y Washington. El caso adquiere especial relevancia porque el magistrado estuvo involucrado en una resolución vinculada al puerto de Chancay, una infraestructura estratégica para el comercio peruano y estrechamente relacionada con la inversión china. En este escenario, la actuación pública del embajador estadounidense en Lima, Bernie Navarro, cobra particular importancia y permite observar cómo Washington viene comunicando sus intereses en asuntos que cruzan justicia, seguridad, comercio e infraestructura.
La visa que convirtió a Chancay en un asunto diplomático
Washington anunció el 28 de septiembre la revocación de visas a funcionarios y jueces de Bolivia, Colombia, Ecuador y Perú. En el caso peruano, la medida alcanzó al juez Juan Carlos Núñez Matos, cuya actuación está vinculada a una resolución judicial relacionada con la supervisión del mega puerto de Chancay. La noticia adquirió una dimensión que va mucho más allá de un trámite migratorio: puso sobre la mesa la relación entre la política exterior de Estados Unidos y decisiones adoptadas dentro del sistema de justicia peruano.
El episodio también volvió a colocar bajo los reflectores a Bernie Navarro, embajador de Estados Unidos en Lima. Navarro no es quien aparece formalmente como autor de la decisión sobre las visas, pero sí es el principal representante de Washington ante el Gobierno y la sociedad peruana y quien ha asumido un papel particularmente visible en la comunicación de las prioridades estadounidenses.
El caso peruano: un juez, una resolución y el puerto de Chancay
Según los reportes publicados tras el anuncio estadounidense, el juez Juan Carlos Núñez Matos quedó incluido en la medida junto con miembros de su familia. Su nombre fue relacionado con una resolución de febrero de 2026 favorable a Cosco Shipping en una controversia sobre las competencias de Ositrán en el puerto de Chancay.
El contexto importa. Chancay es una infraestructura de enorme relevancia comercial y estratégica para el Perú y, al mismo tiempo, uno de los proyectos que mejor simbolizan la creciente presencia económica de China en Sudamérica. Por eso, una disputa sobre regulación portuaria puede ser leída también dentro de un escenario más amplio de competencia entre Washington y Beijing.
juez Juan Carlos Núñez Matos.
El Gobierno estadounidense sostiene que sus restricciones de visa forman parte de una política contra funcionarios extranjeros a quienes atribuye corrupción, narcotráfico u otras conductas que, según Washington, afectan instituciones democráticas. Esta afirmación debe entenderse como la posición del Gobierno de Estados Unidos: una revocación de visa no constituye, por sí sola, una sentencia judicial peruana ni determina la validez de una resolución emitida por un juez del país.
Bernie Navarro: embajador, vocero y actor de la diplomacia pública
El perfil de Navarro ayuda a entender por qué sus declaraciones ocupan un espacio importante en la relación bilateral. Su trayectoria combina negocios, actividad cívica y liderazgo institucional, y su designación como embajador responde a una decisión política de la administración de Donald Trump. En Lima, esa procedencia se ha traducido en un estilo de representación que combina la diplomacia formal con una comunicación pública frecuente.
Desde la entrega de sus cartas credenciales en febrero de 2026, Navarro ha intervenido públicamente en asuntos de seguridad, comercio, inversión, defensa e infraestructura. La Presidencia del Perú informó que, durante su recepción, se abordó el fortalecimiento de la cooperación bilateral. La Cancillería peruana también presentó su llegada como una oportunidad para profundizar la colaboración entre ambos países.
Presidenta Keiko Fujimori y embajador de EE.UU en Perú, Bernie Navarro.
Su función política puede observarse especialmente en la forma en que explica las prioridades de Washington. En lugar de limitarse al protocolo diplomático, Navarro utiliza entrevistas y redes sociales para transmitir mensajes sobre intereses estadounidenses concretos. Esa práctica corresponde a la llamada diplomacia pública: una dimensión de la política exterior orientada no solo a negociar con autoridades, sino también a influir en la conversación pública sobre la relación entre dos países.
Chancay: el punto donde se cruzan Perú, China y Estados Unidos
El puerto de Chancay es probablemente el escenario donde con mayor claridad se cruzan las distintas dimensiones de la gestión de Navarro. El proyecto es operado por Cosco Shipping y tiene una fuerte conexión con el comercio Perú–Asia. Para Washington, la infraestructura estratégica y la presencia económica china en el hemisferio occidental forman parte de una discusión más amplia sobre seguridad económica y competencia geopolítica.
Navarro ha hablado públicamente de la importancia de fortalecer los vínculos entre puertos estadounidenses y peruanos. También protagonizó un intercambio en redes sociales con el entonces embajador chino en Colombia, Zhu Jingyang, relacionado con Chancay. El episodio evidenció que la competencia entre las dos potencias puede hacerse visible incluso en la comunicación diplomática cotidiana.
El mega puerto de Chancay se ha convertido en un punto central de la discusión sobre inversión, comercio y competencia geopolítica en el Pacífico. Foto: dialogoamericas.com
Una diplomacia con mensajes más directos
El caso Chancay no es el único episodio en el que Navarro ha empleado un tono público particularmente directo. Su posición sobre la eventual postergación de la compra de aviones F-16 por parte del Perú generó atención cuando advirtió que Estados Unidos cuenta con herramientas para proteger sus intereses si considera que una negociación se desarrolla de mala fe o perjudica sus intereses.
En el terreno económico, en cambio, Navarro también ha defendido públicamente la necesidad de respetar las reglas peruanas. En septiembre declaró que Estados Unidos no pediría al Perú cambiar sus leyes para favorecer un contrato de inversión y que Washington respetaba el marco legal de sus socios comerciales.
Los dos tipos de mensajes: La defensa explícita de intereses estadounidenses y la insistencia en el respeto de las reglas institucionales, permiten observar el estilo de comunicación de Navarro. Su diplomacia busca dejar claras las prioridades de Washington y hacerlo, en ocasiones, ante la opinión pública y no únicamente mediante los canales reservados de la diplomacia.
Seguridad: la otra columna de la relación bilateral
La seguridad es el otro gran eje de esta etapa. Perú se incorporó al llamado Escudo de las Américas, una iniciativa impulsada por la administración Trump para fortalecer la coordinación regional frente al crimen organizado y el narcotráfico. Navarro ha descrito la cooperación entre Lima y Washington en esta materia como una prioridad, con intercambio de información, capacitación y coordinación con agencias estadounidenses.
En ese marco, la sanción de visas adquiere una lectura más amplia. Para Washington, se integra en una política de presión contra actores a los que considera vinculados con prácticas que afectan la seguridad o las instituciones. Para el Perú, en cambio, el caso plantea preguntas sobre la forma en que una decisión de política exterior estadounidense interactúa con instituciones nacionales, especialmente cuando el afectado es un juez.
El dilema diplomático para Lima
La discusión central para el Perú no consiste únicamente en la facultad de Estados Unidos para decidir quién puede ingresar a su territorio. El punto políticamente sensible es cómo administrar una medida estadounidense que recae sobre una persona vinculada a una controversia judicial peruana de importancia estratégica.
En términos diplomáticos, hay dos planos que deben mantenerse diferenciados. Uno es la potestad soberana de Estados Unidos para conceder o revocar visas. Otro es la independencia de las instituciones peruanas para resolver procesos conforme al ordenamiento nacional. Confundir ambos planos puede convertir una medida migratoria en una interpretación sobre la justicia peruana que Washington no necesariamente ha formulado en esos términos.
Para Navarro, el episodio representa además una prueba de su papel como interlocutor en Lima. Su tarea no consiste solamente en defender decisiones de Washington, sino también en mantener canales de diálogo con el Gobierno, la Cancillería, el Congreso, el sector privado y otros actores peruanos en un momento de alta sensibilidad geopolítica.
Embajador Bernie Navarro en la Cámara de Senadores del Congreso de la República.
Lo que revela el episodio sobre Bernie Navarro
El caso permite identificar tres características de la diplomacia de Navarro en el Perú. La primera es su fuerte presencia pública. La segunda es la conexión entre asuntos que antes podían tratarse por separado, como: Seguridad, comercio, infraestructura, defensa y justicia, dentro de una misma agenda estratégica. La tercera es la disposición a comunicar con claridad las prioridades de Washington cuando considera que existen intereses estadounidenses comprometidos.
Eso no significa que cada declaración de Navarro represente por sí sola una nueva política estadounidense. El embajador comunica y defiende una línea de gobierno definida en Washington, y sus intervenciones deben leerse junto con las decisiones y documentos oficiales del Departamento de Estado y de otras instituciones estadounidenses.
Un embajador en el centro de una relación más compleja
La revocación de la visa del juez Juan Carlos Núñez Matos ha convertido un asunto migratorio estadounidense en un nuevo episodio de la relación Perú–Estados Unidos. El vínculo con Chancay le añade una dimensión estratégica: el caso conecta justicia, regulación portuaria, inversión china y la competencia de Washington por mantener influencia en el Pacífico.
En medio de ese escenario aparece Bernie Navarro, un embajador que ha optado por una diplomacia visible, con intervenciones públicas frecuentes y mensajes directos sobre los intereses de su país. Su gestión permite observar cómo la política exterior estadounidense está buscando relacionar seguridad, economía e infraestructura dentro de una misma agenda.
Para el Perú, el episodio abre una etapa en la que la relación bilateral exigirá mantener simultáneamente cooperación y canales institucionales de diálogo. El desarrollo del caso Chancay, la cooperación en seguridad y la evolución de las relaciones con China y Estados Unidos mostrarán hasta dónde llegará esta nueva fase de la diplomacia entre Lima y Washington.
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Diputada Analí Márquez: “No podemos esperar otra muerte para recién reaccionar ante las amenazas contra candidatos”La diputada cuestiona la respuesta del Gobierno frente a los 83 casos de amenazas, extorsiones y ataques registrados por el JNE en 21 regiones. Plantea reforzar la inteligencia policial, priorizar la protección de candidatos en riesgo y exigir una acción coordinada entre el Ministerio del Interior, la PNP, la Fiscalía y las autoridades electorales a pocos días de las elecciones.
Published
2 días agoon
29/09/2026By
Redacción Lima Gris
Por Mónica Aguilar Obregón
A pocos días de las elecciones, la creciente ola de amenazas, extorsiones y ataques contra candidatos y otros actores políticos ha encendido las alertas sobre la seguridad durante el proceso electoral. En entrevista con Lima Gris, la diputada aborda la respuesta que debe asumir el Estado frente a estos hechos, el papel de la Policía y el Ministerio del Interior, la necesidad de reforzar la inteligencia y prevención del delito, y las garantías que deben brindarse a candidatos, electores, miembros de mesa y locales de votación. También explica su propuesta para evaluar el desempeño de los altos mandos de la Policía bajo criterios objetivos de resultados y gestión.
Señora Diputada, el JNE (Jurado Nacional de Elecciones) reporta 83 casos de amenazas, extorsiones y ataques contra actores políticos en 21 regiones, con un incremento de estos hechos en los últimos días. ¿Qué medidas concretas debe adoptar el Estado de inmediato para garantizar la seguridad de los candidatos antes del 4 de octubre?
El Gobierno tiene que ponerse a trabajar, estamos a pocos días de las elecciones y no podemos esperar que ocurra otra tragedia para recién reaccionar. Si ya existen candidatos que han denunciado amenazas y extorsiones, el Ministerio del Interior y la Policía tienen que identificar dónde están los mayores riesgos y brindarles protección. Necesitamos inteligencia, prevención y presencia policial. Ya no queremos más anuncios, queremos resultados y acciones concretas.
El propio JNE ha señalado que no existen suficientes efectivos policiales para garantizar la seguridad de todos los actores políticos. ¿Cómo debería la Policía priorizar la protección de candidatos que ya han denunciado amenazas o extorsiones?
Considero que hay que comenzar por quienes ya han denunciado que su vida está en riesgo, es sentido común, si una persona está recibiendo amenazas o está siendo extorsionada, la Policía no puede esperar a que pase algo para actuar.
Para eso tenemos inteligencia, para anticiparnos al delito y no solamente llegar después de que ocurrió, el Gobierno debe organizar sus recursos, establecer prioridades y garantizar protección donde realmente existe un riesgo.
El asesinato de la candidata Susy Aponte durante una actividad de campaña ha elevado la preocupación por la violencia política. ¿Qué falló en la prevención y qué protocolo debería activarse cuando un candidato comunica que está en riesgo?
Es muy lamentable lo sucedido a la periodista, conocida como China Polo. Mis condolencias a los deudos, lo ocurrido tiene que investigarse y determinarse qué falló y quiénes son responsables, pero hay algo que está clarísimo: no podemos normalizar que una persona salga a hacer campaña y termine perdiendo la vida.
Cuando un candidato o cualquier ciudadano denuncia amenazas, inmediatamente debe evaluarse su situación, intervenir la Policía, coordinar con la Fiscalía y determinar qué protección necesita, no podemos esperar otra muerte para recién preguntarnos qué hicimos mal.
El JNE ha establecido pautas para solicitar garantías de orden público durante las actividades políticas y ha distribuido un manual de seguridad. ¿Considera que estas medidas son suficientes o se necesita una intervención directa y coordinada del Ministerio del Interior, la PNP (Policía Nacional del Perú), el JNE y el Ministerio Público?
Los manuales y protocolos ayudan, pero un manual por sí solo no va a detener a los delincuentes, aquí necesitamos que las instituciones se pongan a trabajar juntas. Ministerio del Interior, Policía, Fiscalía y autoridades electorales tienen que compartir información y actuar rápidamente cuando exista una amenaza, cada uno tiene sus responsabilidades y debe cumplirlas, lo que la población espera del Estado son resultados, lo que tanto se ha prometido durante la campaña es orden y más orden, sin embargo, al final, no vemos eso reflejado en el trabajo realizado.
Usted ha presentado una iniciativa para que el jefe de la PNP pueda ser removido por pérdida de confianza sustentada en criterios objetivos de desempeño y resultados. ¿La actual situación de inseguridad electoral demuestra que también debe evaluarse el desempeño de los altos mandos policiales antes de las elecciones?
Claro que corresponde evaluar resultados, como todo profesional, en cualquier campo, pero con criterios objetivos. Quien asume una responsabilidad tan importante como conducir la Policía tiene que responder por su gestión. No podemos tener autoridades únicamente ocupando cargos mientras la inseguridad sigue golpeando al país. Hay que evaluar qué se está haciendo, qué resultados se están obteniendo y qué está fallando, nuestra propuesta justamente busca que exista responsabilidad sobre la gestión y los resultados.
Finalmente, faltan pocos días para que los ciudadanos acudan a las urnas. ¿Qué garantías concretas puede exigir el Congreso al Ejecutivo para proteger no solo a los candidatos, sino también a los electores, miembros de mesa y locales de votación durante la jornada electoral?
El Gobierno tiene que garantizar que nuestra población pueda ir a votar tranquila, la Policía debe tener un plan claro para proteger los locales de votación, reforzar los lugares donde exista mayor riesgo y tener capacidad de reaccionar inmediatamente frente a cualquier incidente.
Y desde el Congreso nos corresponde fiscalizar que ese trabajo realmente se esté haciendo. No estamos pidiendo ningún favor, queremos que se garantice la seguridad de los ciudadanos. Es responsabilidad de este Gobierno y debe ponerse a trabajar.
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