Ministro de Educación José Antonio Chang: “Palabra de ministro”

Política Ministro de Educación José Antonio Chang: “Palabra de ministro” La frase «Palabra de ministro» no es inocente. «Palabra de maestro» fue el eslogan con el que Pedro Castillo, el expresidente que intentó dar un golpe de Estado, ganó las elecciones presidenciales en 2021 contra Keiko…

Política

La frase «Palabra de ministro» no es inocente. «Palabra de maestro» fue el eslogan con el que Pedro Castillo, el expresidente que intentó dar un golpe de Estado, ganó las elecciones presidenciales en 2021 contra Keiko Fujimori.

Published

16 segundos ago

01/10/2026

Leonardo Serrano Zapata

El ministro José Antonio Chan aseguró el día 29 de setiembre durante su visita a la IE 385 José Olaya, en Independencia (Lima), que, al término de los cinco años de gobierno de la presidenta Keiko Fujimori, «se cumplirá el compromiso de entregar dos mil escuelas totalmente reconstruidas y tres mil reparadas». Y remató con una frase: «Palabra de ministro». De ahí surgen dos reflexiones.

La primera: de tanto confrontar al rival, terminas admirando su capacidad de convocatoria y su marketing político. Y lo haces en un mal momento. La presidente Fujimori pasó de preferencias superiores al 40% a cifras cercanas al 20%, y aún no sale la medición de septiembre, con el incremento de inseguridad y sin evaluar el manejo de la violencia escolar. Tampoco la propuesta del ministro de enviar a los estudiantes agresores a la modalidad EBA, que no tiene condiciones para atender a quienes podrían ser expulsados de los colegios.

La segunda: la falta de ideas para construir un mensaje propio. Si debes colgarte de tu adversario para cambiar la narrativa, en un momento en que nadie habla de Castillo y el magisterio no evoca sus medidas, como el pago de la CTS docente o el aumento de sueldo, algo no funciona.

Incluso la puesta en escena incomoda. Ayer la presidenta improvisó en Chincha una visita de cinco minutos a una escuela primaria, sin ningún instrumento de recojo de información que permitiera conocer sus condiciones y tomar acciones concretas. La diputada Rosángela Barbarán, cercana al poder, grabó la escena con su celular, como si Presidencia no tuviera equipo de comunicación. Parece que el entorno presidencial está rodeado de gente ayayera.

Fuente: Minedu, primera escuela modular IE 22334, ubicada en el distrito de Salas (ICA) valorizada en S/5 millones.

Pero vayamos al fondo. Construir I.E. bajo el modelo de escuelas modulares como las 2 000 prometidas, según MINEDU y Defensoría del Pueblo, es una alternativa transitoria y de uso temporal; no garantiza calidad. Además, la normativa vigente la describe como una solución provisional. Es una infraestructura costosa. ¿Qué herencia le quieren dejar a la educación pública tras el quinquenio del fujimorismo?

Respecto a las 3 000 escuelas supuestamente reparadas, las cifras oficiales no respaldan ese anuncio. En el Plan Nacional de Infraestructura Educativa 2024-2030 no figura una meta que se aproxime siquiera a las 500 instituciones, y el proyecto de presupuesto enviado al Congreso para 2027 tampoco contempla inicialmente dicha inversión.

Incluso sumando las carteras de inversión de los gobiernos regionales y locales —asunto que exige un análisis independiente—, el total no alcanzaría ni a mil escuelas de las tres mil prometidas.

La única vía para ejecutar un volumen de esa escala sería modificar el modelo de inversión pública (Invierte.pe), una reestructuración que podría tomarle al Ejecutivo hasta tres años, tal como ocurrió durante la gestión de Pedro Pablo Kuczynski al transitar del antiguo SNIP a Invierte.pe. Para eso, tampoco necesita el gobierno facultades legislativas.

Una promesa sin presupuesto no es “palabra de ministro”. Los escolares, las familias y los docentes merecen metas con financiamiento, cronograma y calidad verificable, no eslóganes prestados.

Me pregunto si el siguiente paso del ministro Chang será ponerse el sombrero.

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TGP en la mira del Congreso: bancada de Obras evalúa Comisión investigadora contra empresa Transportadora de Gas del Perú [VIDEO]

Leonardo Serrano Zapata

Leonardo Serrano Zapata. Docente e investigador. Cursa el doctorado en Ciencias de la Educación en la Universidad Nacional José Faustino Sánchez Carrión, Magíster en Gestión Pública y Gerencia Social y Licenciado en educación especialidad Lengua y Literatura Española por la Universidad Nacional Pedro Ruiz Gallo. Segunda especialidad profesional en Investigación y Gestión Educativa por la Universidad Nacional de Tumbes además en Educación Básica Alternativa por la UNE Enrique Guzmán y Valle. Es autor de seis libros, entre ellos Tecnológico para niños del siglo XXI: Vocabulario y Caligrafía (2024).

Política

TGP en la mira del Congreso: bancada de Obras evalúa Comisión investigadora contra empresa Transportadora de Gas del Perú [VIDEO]

El diputado Víctor Piñán confirmó que su bancada ya evalúa presentar una moción para investigar a Transportadora de Gas del Perú (TGP), tras los reiterados incidentes registrados en Cusco y los cuestionamientos por sus posibles impactos ambientales. La propuesta deberá ser redactada, presentada y sometida al procedimiento parlamentario antes de llegar a la Junta de Portavoces.

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8 minutos ago

01/10/2026

Redacción Lima Gris

Por Mónica Aguilar Obregón

TGP vuelve a estar bajo la lupa del Congreso. La bancada de Obras evalúa impulsar una moción para solicitar la creación de una comisión especial investigadora que revise los reiterados incidentes relacionados con Transportadora de Gas del Perú (TGP), así como sus posibles consecuencias ambientales y sociales en la región Cusco.

El anuncio fue realizado por el diputado Víctor Piñán, quien confirmó que dentro de su bancada ya se viene conversando la posibilidad de presentar formalmente el documento ante las instancias correspondientes del Parlamento.

“Sí, ya hay como bancada, ya hemos evaluado también y vamos a ver la posibilidad de poder presentar ya el documento en comisiones”, señaló Piñán al ser consultado sobre la existencia de una iniciativa para investigar desde el Congreso a la empresa TGP.

Sin embargo, el legislador precisó que la propuesta todavía se encuentra en una etapa previa a su presentación formal, éste deberá culminar su proceso de redacción y posteriormente seguir el trámite parlamentario correspondiente.

Piñán explicó que uno de los pasos determinantes será la evaluación del tema en la Junta de Portavoces, instancia en la que se deberá conocer si existe respaldo de las diferentes bancadas para impulsar la comisión investigadora.

El diputado añadió que será necesario esperar la posición de las distintas agrupaciones parlamentarias para determinar si finalmente existe el compromiso político necesario para poner en marcha la investigación.

La eventual comisión tendría como objetivo esclarecer las circunstancias relacionadas con los incidentes atribuidos a la operación de TGP y determinar, dentro del ámbito de competencia parlamentaria, qué responsabilidades podrían corresponder y qué medidas deberían adoptarse frente a los posibles impactos ambientales registrados.

El anuncio de Piñán coloca nuevamente a TGP en el centro del debate político y ambiental, especialmente por los cuestionamientos surgidos tras los incidentes registrados en Cusco.

La eventual investigación parlamentaria deberá definir con precisión qué hechos serán materia de indagación, qué periodo abarcará, qué entidades serán convocadas y cuáles serán las responsabilidades que eventualmente correspondan, evitando adelantar conclusiones antes de que culminen las investigaciones respectivas.

La pelota, por ahora, está en manos de las bancadas de la Cámara de Diputados, la presentación de la moción será el primer paso; su aprobación dependerá del respaldo que consiga dentro del Congreso.

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Política

Diputada Yenifer Paredes: “Petroperú se ha allanado peligrosamente a la intervención y las exigencias de ProInversión”

Presidente de Petroperú y representante de ProInversión no explicaron ante la Comisión de Energía y Minas el costo total del proceso ni detallaron cuánto se ha destinado a bancos de inversión, estudios jurídicos, consultorías y asesorías técnicas.

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13 horas ago

30/09/2026

Redacción Lima Gris

La reorganización patrimonial y operativa de Petroperú vuelve a generar cuestionamientos en el Congreso. Durante la cuarta sesión ordinaria de la Comisión de Energía y Minas de la Cámara de Diputados, su presidenta, Yenifer Paredes, cuestionó la falta de información sobre el costo real del proceso y advirtió sobre lo que considera una progresiva pérdida de autonomía de la empresa estatal frente a las decisiones impulsadas por ProInversión.

Paredes sostuvo que Petroperú se habría allanado a las exigencias de ProInversión como parte de una reorganización que, según señaló, está comprometiendo su autonomía corporativa e introduciendo una mayor participación de terceros en decisiones comerciales y financieras de la empresa.

La diputada de Juntos por el Perú también cuestionó el argumento de ProInversión de que el proceso no implica una privatización de Petroperú. Según explicó durante la sesión, el esquema contempla la conformación de siete bloques patrimoniales para reorganizar los activos de la petrolera estatal y permitiría la participación de inversionistas privados junto con Petroperú en la gestión de cada activo, además del aporte de capitales para recuperar su valor.

Uno de los principales puntos de controversia fue, precisamente, el costo de esta reorganización. Paredes señaló que ella y otros integrantes de la comisión formularon preguntas específicas al presidente de Petroperú, Oliver Stark, para conocer cuánto dinero demandará el proceso y cuánto se viene gastando en las distintas etapas de su implementación.

Sin embargo, según la legisladora, Stark no respondió directamente las interrogantes y optó por ceder la palabra a Ángel Delgado, director del Proyecto de Reorganización Patrimonial y Operativa de Petroperú de ProInversión.

Delgado tampoco proporcionó durante la sesión el detalle solicitado por los legisladores. Ante la insistencia de la comisión, el funcionario se comprometió a remitir por escrito la información relacionada con los contratos suscritos con bancos de inversión, estudios jurídicos, empresas consultoras y especialistas que participan en el proceso.

Para Paredes, la falta de respuestas sobre estos gastos resulta especialmente relevante debido a la magnitud de la reorganización que se pretende ejecutar en Petroperú y a las consecuencias que esta podría tener sobre el control y gestión de sus activos.

Pero las interrogantes no se limitaron al proceso de reorganización. Durante la sesión también quedaron pendientes las respuestas de Petroperú sobre el proyecto de modernización de la refinería de Iquitos y las razones técnicas que explican la paralización de la Unidad de Flexicoking de la Refinería de Talara.

Esta última permanece paralizada desde julio y, de acuerdo con lo señalado durante la sesión, estaría generando pérdidas millonarias para la empresa estatal. La comisión deberá ahora esperar la información comprometida por ProInversión y las respuestas de Petroperú para determinar cuánto está costando realmente la reorganización y cuáles son sus efectos sobre las operaciones y activos de la petrolera estatal.

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Política

José Antonio Chang: La educación básica alternativa (EBA)no es un castigo

La propuesta del ministro de Educación, José Antonio Chang, de derivar a los estudiantes agresores a los Centros de Educación Básica Alternativa (CEBA) distorsiona la finalidad de esta modalidad. En lugar de resolver la violencia escolar de manera integral, la medida se limita a cambiar el problema de turno.

Published

13 horas ago

30/09/2026

Leonardo Serrano Zapata

El 28 de septiembre de 2026, ante la Comisión Bicameral de Presupuesto y Cuenta General de la República, el ministro de Educación, José Antonio Chang, propuso derivar a los estudiantes agresores a los Centros de Educación Básica Alternativa (CEBA). Dijo:

«Eso no significa restringirle el derecho de estudio al agresor; podrá ir a un centro de educación básica alternativa […] en las noches o los sábados, domingos o tal vez de manera virtual, pero no puede estar en el mismo centro educativo en que está al que él agredió».

Separar al agresor de la persona agredida es necesario. La pregunta es otra: ¿está la Educación Básica Alternativa (EBA) preparada para recibirlo y acompañarlo? La realidad sostiene que no, y que esa modalidad no fue creada para esa función.

La EBA atiende a adolescentes desde los 14 años, jóvenes y adultos que no pudieron iniciar o terminar a tiempo la Educación Básica Regular (EBR), o que trabajan (Ley n.º 28044, 2003, art. 37). Su propósito es garantizar el derecho a la educación, no corregir conductas.

Si instituciones con amplios recursos, psicólogos y certificaciones internacionales como el Bachillerato Internacional (COAR o el Liceo Naval Almirante Guise, entre otras) registran un número significativo de reportes de violencia escolar en la plataforma SíseVe, exigir que la EBA asuma esa carga sin el presupuesto, soporte pedagógico y administrativo adecuado resultaría inviable.

Los Centros de Educación Básica Alternativa (CEBA) dependen de la Dirección de Educación Básica Alternativa (DEBA), unidad adscrita a la Dirección General de Educación Básica Alternativa, Intercultural Bilingüe y de Servicios Educativos en el Ámbito Rural (DIGEIBIRA).

Los marcos internacionales coinciden. La UNESCO la concibe como parte del derecho a la educación y del aprendizaje a lo largo de la vida (UNESCO, 2016). Las conferencias CONFINTEA, de Belém a Marrakech, piden una educación inclusiva y de calidad, con financiamiento y docentes bien formados (UNESCO Institute for Lifelong Learning [UIL], 2010, 2022). El Objetivo de Desarrollo Sostenible 4 exige educación inclusiva y equitativa para todos (Naciones Unidas, 2015). Ningún acuerdo internacional plantea que la modalidad EBA sea un entorno para aplicar sanciones o corregir la conducta de jóvenes o adultos con antecedentes de violencia escolar.

Además, el plan de estudios de la Educación Básica Alternativa (EBA) no incluye horas de tutoría ni dispone de psicólogos, a diferencia de la secundaria regular (EBR), que cuenta con al menos dos horas semanales de tutoría y, en diversos casos, con personal de psicología de planta.

En los CEBA, las áreas de Arte y Cultura y Educación Física solo se dictan si se asigna un presupuesto específico. De no contar con esos fondos, sus horas son absorbidas por Comunicación y Ciencia, Tecnología y Salud, reduciendo el tiempo de enseñanza en estas áreas.

Lamentablemente, los CEBA públicos tampoco garantizan el acceso a bibliotecas, campos deportivos ni laboratorios; la norma de espacios compartidos no se respeta y pocos dicen al respecto, y las UGEL no supervisan el cumplimento, en muchos de los casos, se alquilan los espacios durante la jornada escolar de la modalidad EBA.

Otro aspecto mencionado por el ministro: en la modalidad EBA de enseñanza en entornos virtuales (forma de atención a distancia), los docentes de los CEBA públicos deben trabajar con sus propios equipos ante la falta de laptops institucionales. Aunque el Ministerio de Educación y las UGEL autorizan la educación virtual, no garantizan las herramientas mínimas para dictar clases.

Entre enero de 2024 y agosto de 2026, la EBA registró 138 casos de violencia en el SíseVe, equivalentes al 0,27 % del total nacional (Ministerio de Educación, 2026). Como muestran la Tabla 1 y la Figura 1, la violencia física fue el 31,9 % (44), la psicológica representó el 38,4 % (53) y la sexual el 29,7 % (41). Este último porcentaje supera el promedio nacional de 18,6 %, lo que sugiere una mayor exposición de los estudiantes de la EBA a este tipo de violencia.

Solo entre enero y agosto de 2026 hubo 30 reportes de violencia escolar: 15 entre escolares y 15 cometidos por personal de la institución (Figura 2).

De los 9 casos de violencia sexual reportados en ese periodo (7 cometidos por personal y 2 entre alumnos) (Figura 3), la concentración más alta se ubicó en la UGEL 04 y la UGEL 01. Asimismo, la UGEL 03 de Lima y la UGEL Cajamarca registran la mayor cantidad general de denuncias. De este universo, apenas el 43 % (13 casos) ha concluido su atención. Son casos reportados: pueden reflejar subregistro y no permiten comparar con la EBR. Aun así, muestran que la EBA ya tiene dificultades para atender la violencia que ocurre en sus propias aulas.

Riesgos y retos de la medida.

El primer riesgo radica en reincidir en una vieja práctica: derivar a la EBA a estudiantes calificados como ‘problemáticos’ o a adolescentes embarazadas ha sido una costumbre recurrente y silenciosa en el sistema educativo peruano. Segundo, estigmatiza tanto a los estudiantes derivados como a los jóvenes y adultos que estudian en los CEBA por trabajo, maternidad o migración. Tercero, coloca a adolescentes con conductas de riesgo en turnos nocturnos junto a jóvenes y adultos que trabajan, sin un marco de protección. Y la violencia escolar tiene varias causas: requiere prevención, trabajo con las familias y apoyo socioemocional, no solo un cambio de matrícula.

MINEDU, las UGEL y DRE tienen por costumbre ordenar ampliar los servicios educativos en los CEBA; pero las expresiones “usando los recursos disponibles” o “utilizando su propio techo presupuestal” son la manera cómoda de decir: CEBA públicos, implementen como puedan, no hay presupuesto.

Retos: Antes de cualquier derivación, se necesita determinar responsabilidades. El Ministerio de Educación debe incorporar horas de tutoría en el cuadro de horas 2027 y equipos de acompañamiento socioemocional en la EBA, y fijar protocolos contra traslados arbitrarios. Congreso, incluir en la Ley de Presupuesto 2027 fondos para tutoría, psicólogos, arte, educación física, conectividad y equipos en los CEBA públicos. DRE y UGEL, supervisar el uso de bibliotecas, laboratorios y espacios deportivos, y el seguimiento de los casos hasta su solución. Comunidad educativa, pedir una mesa técnica con directivos y docentes de la EBA y un pronunciamiento público que exija condiciones básicas de calidad antes de derivar.

La disciplina escolar no se resuelve trasladando el problema a otra modalidad, sino garantizando que todas las modalidades EBR y EBA cuenten con las condiciones de calidad que garanticen una adecuada gestión de la convivencia escolar.

Mientras esas condiciones no existan, derivar a estudiantes agresores a la EBA no constituye una política educativa, sino un desplazamiento del problema hacia el sector con menos recursos.

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Política

Bernie Navarro y la diplomacia de la presión: ¿Qué significa para Perú la revocación de una visa por el caso Chancay?

La revocación de la visa de un juez peruano vinculado a un proceso sobre el puerto de Chancay vuelve a poner al embajador de Estados Unidos en el centro de la relación bilateral. Más que un episodio consular, el caso expone la creciente conexión entre seguridad, justicia, inversiones y competencia geopolítica en el Pacífico.

Published

24 horas ago

30/09/2026

Redacción Lima Gris

Por Augusto Calixtro

La decisión de Estados Unidos de revocar la visa del juez peruano Juan Carlos Núñez Matos ha abierto una nueva y delicada arista en la relación entre Lima y Washington. El caso adquiere especial relevancia porque el magistrado estuvo involucrado en una resolución vinculada al puerto de Chancay, una infraestructura estratégica para el comercio peruano y estrechamente relacionada con la inversión china. En este escenario, la actuación pública del embajador estadounidense en Lima, Bernie Navarro, cobra particular importancia y permite observar cómo Washington viene comunicando sus intereses en asuntos que cruzan justicia, seguridad, comercio e infraestructura.

La visa que convirtió a Chancay en un asunto diplomático

Washington anunció el 28 de septiembre la revocación de visas a funcionarios y jueces de Bolivia, Colombia, Ecuador y Perú. En el caso peruano, la medida alcanzó al juez Juan Carlos Núñez Matos, cuya actuación está vinculada a una resolución judicial relacionada con la supervisión del mega puerto de Chancay. La noticia adquirió una dimensión que va mucho más allá de un trámite migratorio: puso sobre la mesa la relación entre la política exterior de Estados Unidos y decisiones adoptadas dentro del sistema de justicia peruano.

El episodio también volvió a colocar bajo los reflectores a Bernie Navarro, embajador de Estados Unidos en Lima. Navarro no es quien aparece formalmente como autor de la decisión sobre las visas, pero sí es el principal representante de Washington ante el Gobierno y la sociedad peruana y quien ha asumido un papel particularmente visible en la comunicación de las prioridades estadounidenses.

El caso peruano: un juez, una resolución y el puerto de Chancay

Según los reportes publicados tras el anuncio estadounidense, el juez Juan Carlos Núñez Matos quedó incluido en la medida junto con miembros de su familia. Su nombre fue relacionado con una resolución de febrero de 2026 favorable a Cosco Shipping en una controversia sobre las competencias de Ositrán en el puerto de Chancay.

El contexto importa. Chancay es una infraestructura de enorme relevancia comercial y estratégica para el Perú y, al mismo tiempo, uno de los proyectos que mejor simbolizan la creciente presencia económica de China en Sudamérica. Por eso, una disputa sobre regulación portuaria puede ser leída también dentro de un escenario más amplio de competencia entre Washington y Beijing.

juez Juan Carlos Núñez Matos.

El Gobierno estadounidense sostiene que sus restricciones de visa forman parte de una política contra funcionarios extranjeros a quienes atribuye corrupción, narcotráfico u otras conductas que, según Washington, afectan instituciones democráticas. Esta afirmación debe entenderse como la posición del Gobierno de Estados Unidos: una revocación de visa no constituye, por sí sola, una sentencia judicial peruana ni determina la validez de una resolución emitida por un juez del país.

Bernie Navarro: embajador, vocero y actor de la diplomacia pública

El perfil de Navarro ayuda a entender por qué sus declaraciones ocupan un espacio importante en la relación bilateral. Su trayectoria combina negocios, actividad cívica y liderazgo institucional, y su designación como embajador responde a una decisión política de la administración de Donald Trump. En Lima, esa procedencia se ha traducido en un estilo de representación que combina la diplomacia formal con una comunicación pública frecuente.

Desde la entrega de sus cartas credenciales en febrero de 2026, Navarro ha intervenido públicamente en asuntos de seguridad, comercio, inversión, defensa e infraestructura. La Presidencia del Perú informó que, durante su recepción, se abordó el fortalecimiento de la cooperación bilateral. La Cancillería peruana también presentó su llegada como una oportunidad para profundizar la colaboración entre ambos países.

Presidenta Keiko Fujimori y embajador de EE.UU en Perú, Bernie Navarro.

Su función política puede observarse especialmente en la forma en que explica las prioridades de Washington. En lugar de limitarse al protocolo diplomático, Navarro utiliza entrevistas y redes sociales para transmitir mensajes sobre intereses estadounidenses concretos. Esa práctica corresponde a la llamada diplomacia pública: una dimensión de la política exterior orientada no solo a negociar con autoridades, sino también a influir en la conversación pública sobre la relación entre dos países.

Chancay: el punto donde se cruzan Perú, China y Estados Unidos

El puerto de Chancay es probablemente el escenario donde con mayor claridad se cruzan las distintas dimensiones de la gestión de Navarro. El proyecto es operado por Cosco Shipping y tiene una fuerte conexión con el comercio Perú–Asia. Para Washington, la infraestructura estratégica y la presencia económica china en el hemisferio occidental forman parte de una discusión más amplia sobre seguridad económica y competencia geopolítica.

Navarro ha hablado públicamente de la importancia de fortalecer los vínculos entre puertos estadounidenses y peruanos. También protagonizó un intercambio en redes sociales con el entonces embajador chino en Colombia, Zhu Jingyang, relacionado con Chancay. El episodio evidenció que la competencia entre las dos potencias puede hacerse visible incluso en la comunicación diplomática cotidiana.

El mega puerto de Chancay se ha convertido en un punto central de la discusión sobre inversión, comercio y competencia geopolítica en el Pacífico. Foto: dialogoamericas.com

Una diplomacia con mensajes más directos

El caso Chancay no es el único episodio en el que Navarro ha empleado un tono público particularmente directo. Su posición sobre la eventual postergación de la compra de aviones F-16 por parte del Perú generó atención cuando advirtió que Estados Unidos cuenta con herramientas para proteger sus intereses si considera que una negociación se desarrolla de mala fe o perjudica sus intereses.

En el terreno económico, en cambio, Navarro también ha defendido públicamente la necesidad de respetar las reglas peruanas. En septiembre declaró que Estados Unidos no pediría al Perú cambiar sus leyes para favorecer un contrato de inversión y que Washington respetaba el marco legal de sus socios comerciales.

Los dos tipos de mensajes: La defensa explícita de intereses estadounidenses y la insistencia en el respeto de las reglas institucionales, permiten observar el estilo de comunicación de Navarro. Su diplomacia busca dejar claras las prioridades de Washington y hacerlo, en ocasiones, ante la opinión pública y no únicamente mediante los canales reservados de la diplomacia.

Seguridad: la otra columna de la relación bilateral

La seguridad es el otro gran eje de esta etapa. Perú se incorporó al llamado Escudo de las Américas, una iniciativa impulsada por la administración Trump para fortalecer la coordinación regional frente al crimen organizado y el narcotráfico. Navarro ha descrito la cooperación entre Lima y Washington en esta materia como una prioridad, con intercambio de información, capacitación y coordinación con agencias estadounidenses.

En ese marco, la sanción de visas adquiere una lectura más amplia. Para Washington, se integra en una política de presión contra actores a los que considera vinculados con prácticas que afectan la seguridad o las instituciones. Para el Perú, en cambio, el caso plantea preguntas sobre la forma en que una decisión de política exterior estadounidense interactúa con instituciones nacionales, especialmente cuando el afectado es un juez.

El dilema diplomático para Lima

La discusión central para el Perú no consiste únicamente en la facultad de Estados Unidos para decidir quién puede ingresar a su territorio. El punto políticamente sensible es cómo administrar una medida estadounidense que recae sobre una persona vinculada a una controversia judicial peruana de importancia estratégica.

En términos diplomáticos, hay dos planos que deben mantenerse diferenciados. Uno es la potestad soberana de Estados Unidos para conceder o revocar visas. Otro es la independencia de las instituciones peruanas para resolver procesos conforme al ordenamiento nacional. Confundir ambos planos puede convertir una medida migratoria en una interpretación sobre la justicia peruana que Washington no necesariamente ha formulado en esos términos.

Para Navarro, el episodio representa además una prueba de su papel como interlocutor en Lima. Su tarea no consiste solamente en defender decisiones de Washington, sino también en mantener canales de diálogo con el Gobierno, la Cancillería, el Congreso, el sector privado y otros actores peruanos en un momento de alta sensibilidad geopolítica.

Embajador Bernie Navarro en la Cámara de Senadores del Congreso de la República.

Lo que revela el episodio sobre Bernie Navarro

El caso permite identificar tres características de la diplomacia de Navarro en el Perú. La primera es su fuerte presencia pública. La segunda es la conexión entre asuntos que antes podían tratarse por separado, como: Seguridad, comercio, infraestructura, defensa y justicia, dentro de una misma agenda estratégica. La tercera es la disposición a comunicar con claridad las prioridades de Washington cuando considera que existen intereses estadounidenses comprometidos.

Eso no significa que cada declaración de Navarro represente por sí sola una nueva política estadounidense. El embajador comunica y defiende una línea de gobierno definida en Washington, y sus intervenciones deben leerse junto con las decisiones y documentos oficiales del Departamento de Estado y de otras instituciones estadounidenses.

Un embajador en el centro de una relación más compleja

La revocación de la visa del juez Juan Carlos Núñez Matos ha convertido un asunto migratorio estadounidense en un nuevo episodio de la relación Perú–Estados Unidos. El vínculo con Chancay le añade una dimensión estratégica: el caso conecta justicia, regulación portuaria, inversión china y la competencia de Washington por mantener influencia en el Pacífico.

En medio de ese escenario aparece Bernie Navarro, un embajador que ha optado por una diplomacia visible, con intervenciones públicas frecuentes y mensajes directos sobre los intereses de su país. Su gestión permite observar cómo la política exterior estadounidense está buscando relacionar seguridad, economía e infraestructura dentro de una misma agenda.

Para el Perú, el episodio abre una etapa en la que la relación bilateral exigirá mantener simultáneamente cooperación y canales institucionales de diálogo. El desarrollo del caso Chancay, la cooperación en seguridad y la evolución de las relaciones con China y Estados Unidos mostrarán hasta dónde llegará esta nueva fase de la diplomacia entre Lima y Washington.

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Política

Diputada Analí Márquez: “No podemos esperar otra muerte para recién reaccionar ante las amenazas contra candidatos”

La diputada cuestiona la respuesta del Gobierno frente a los 83 casos de amenazas, extorsiones y ataques registrados por el JNE en 21 regiones. Plantea reforzar la inteligencia policial, priorizar la protección de candidatos en riesgo y exigir una acción coordinada entre el Ministerio del Interior, la PNP, la Fiscalía y las autoridades electorales a pocos días de las elecciones.

Published

1 día ago

29/09/2026

Redacción Lima Gris

Por Mónica Aguilar Obregón

A pocos días de las elecciones, la creciente ola de amenazas, extorsiones y ataques contra candidatos y otros actores políticos ha encendido las alertas sobre la seguridad durante el proceso electoral. En entrevista con Lima Gris, la diputada aborda la respuesta que debe asumir el Estado frente a estos hechos, el papel de la Policía y el Ministerio del Interior, la necesidad de reforzar la inteligencia y prevención del delito, y las garantías que deben brindarse a candidatos, electores, miembros de mesa y locales de votación. También explica su propuesta para evaluar el desempeño de los altos mandos de la Policía bajo criterios objetivos de resultados y gestión.

Señora Diputada, el JNE (Jurado Nacional de Elecciones) reporta 83 casos de amenazas, extorsiones y ataques contra actores políticos en 21 regiones, con un incremento de estos hechos en los últimos días. ¿Qué medidas concretas debe adoptar el Estado de inmediato para garantizar la seguridad de los candidatos antes del 4 de octubre?

El Gobierno tiene que ponerse a trabajar, estamos a pocos días de las elecciones y no podemos esperar que ocurra otra tragedia para recién reaccionar. Si ya existen candidatos que han denunciado amenazas y extorsiones, el Ministerio del Interior y la Policía tienen que identificar dónde están los mayores riesgos y brindarles protección. Necesitamos inteligencia, prevención y presencia policial. Ya no queremos más anuncios, queremos resultados y acciones concretas.

El propio JNE ha señalado que no existen suficientes efectivos policiales para garantizar la seguridad de todos los actores políticos. ¿Cómo debería la Policía priorizar la protección de candidatos que ya han denunciado amenazas o extorsiones?

Considero que hay que comenzar por quienes ya han denunciado que su vida está en riesgo, es sentido común, si una persona está recibiendo amenazas o está siendo extorsionada, la Policía no puede esperar a que pase algo para actuar.

Para eso tenemos inteligencia, para anticiparnos al delito y no solamente llegar después de que ocurrió, el Gobierno debe organizar sus recursos, establecer prioridades y garantizar protección donde realmente existe un riesgo.

El asesinato de la candidata Susy Aponte durante una actividad de campaña ha elevado la preocupación por la violencia política. ¿Qué falló en la prevención y qué protocolo debería activarse cuando un candidato comunica que está en riesgo?

Es muy lamentable lo sucedido a la periodista, conocida como China Polo. Mis condolencias a los deudos, lo ocurrido tiene que investigarse y determinarse qué falló y quiénes son responsables, pero hay algo que está clarísimo: no podemos normalizar que una persona salga a hacer campaña y termine perdiendo la vida.

Cuando un candidato o cualquier ciudadano denuncia amenazas, inmediatamente debe evaluarse su situación, intervenir la Policía, coordinar con la Fiscalía y determinar qué protección necesita, no podemos esperar otra muerte para recién preguntarnos qué hicimos mal.

El JNE ha establecido pautas para solicitar garantías de orden público durante las actividades políticas y ha distribuido un manual de seguridad. ¿Considera que estas medidas son suficientes o se necesita una intervención directa y coordinada del Ministerio del Interior, la PNP (Policía Nacional del Perú), el JNE y el Ministerio Público?

Los manuales y protocolos ayudan, pero un manual por sí solo no va a detener a los delincuentes, aquí necesitamos que las instituciones se pongan a trabajar juntas. Ministerio del Interior, Policía, Fiscalía y autoridades electorales tienen que compartir información y actuar rápidamente cuando exista una amenaza, cada uno tiene sus responsabilidades y debe cumplirlas, lo que la población espera del Estado son resultados, lo que tanto se ha prometido durante la campaña es orden y más orden, sin embargo, al final, no vemos eso reflejado en el trabajo realizado.

Usted ha presentado una iniciativa para que el jefe de la PNP pueda ser removido por pérdida de confianza sustentada en criterios objetivos de desempeño y resultados. ¿La actual situación de inseguridad electoral demuestra que también debe evaluarse el desempeño de los altos mandos policiales antes de las elecciones?

Claro que corresponde evaluar resultados, como todo profesional, en cualquier campo, pero con criterios objetivos. Quien asume una responsabilidad tan importante como conducir la Policía tiene que responder por su gestión. No podemos tener autoridades únicamente ocupando cargos mientras la inseguridad sigue golpeando al país. Hay que evaluar qué se está haciendo, qué resultados se están obteniendo y qué está fallando, nuestra propuesta justamente busca que exista responsabilidad sobre la gestión y los resultados.

Finalmente, faltan pocos días para que los ciudadanos acudan a las urnas. ¿Qué garantías concretas puede exigir el Congreso al Ejecutivo para proteger no solo a los candidatos, sino también a los electores, miembros de mesa y locales de votación durante la jornada electoral?

El Gobierno tiene que garantizar que nuestra población pueda ir a votar tranquila, la Policía debe tener un plan claro para proteger los locales de votación, reforzar los lugares donde exista mayor riesgo y tener capacidad de reaccionar inmediatamente frente a cualquier incidente.

Y desde el Congreso nos corresponde fiscalizar que ese trabajo realmente se esté haciendo. No estamos pidiendo ningún favor, queremos que se garantice la seguridad de los ciudadanos. Es responsabilidad de este Gobierno y debe ponerse a trabajar.

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Política

Fujimoristas buscan censurar a diputada Giannina Avendaño tras rechazo a facultades del Ejecutivo

La decisión de la Comisión de Constitución de rechazar el pedido de facultades legislativas del Ejecutivo desató una nueva disputa en la Cámara de Diputados. Parlamentarios fujimoristas vienen recolectando firmas para promover la censura de Giannina Avendaño, presidenta de dicha comisión.

Published

1 día ago

29/09/2026

Redacción Lima Gris

La Comisión de Constitución, Reglamento y Relaciones Exteriores de la Cámara de Diputados recomendó la no aprobación y el envío al archivo de la Proposición Legislativa N.° 00098-2026-2031-CD, RU 10832-CR, mediante la cual el Gobierno solicitaba delegar facultades legislativas al Poder Ejecutivo.

El pedido contemplaba la posibilidad de legislar durante 120 días en materias como seguridad ciudadana, fortalecimiento de las micro y pequeñas empresas, promoción del empleo, desarrollo productivo, régimen tributario y simplificación administrativa, entre otros asuntos. La comisión, presidida por la diputada Giannina Avendaño Vilca de la bancada de Juntos por el Perú, evaluó la propuesta y se pronunció en contra de su aprobación.

Tras esta decisión, se viene recopilando firmas en la Cámara de Diputados para promover una eventual censura contra Avendaño, según información que circula en el Congreso. La iniciativa se produciría luego de que la parlamentaria, desde la presidencia de la Comisión de Constitución, respaldara el rechazo al pedido de facultades presentado por el Ejecutivo de la presidenta Keiko Fujimori.

La controversia coloca a Avendaño en el centro de una disputa política dentro del Parlamento. Días antes, la diputada había convocado una audiencia pública para recoger opiniones sobre el pedido de facultades y, posteriormente, la comisión que preside avanzó con la evaluación de la propuesta.

El caso abre ahora una nueva confrontación en el Congreso: el rechazo a las facultades solicitadas por el Ejecutivo podría convertirse en el argumento para intentar remover a la presidenta de la Comisión de Constitución. La eventual censura deberá seguir el procedimiento parlamentario correspondiente y requerirá que las firmas reunidas se traduzcan en una iniciativa formal dentro de la Cámara de Diputados.

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Política

Doce años de una promesa incumplida: ¿Hará efectiva el gobierno de Keiko Fujimori la sentencia del bono por maestría y doctorado a favor de los docentes?

El Ejecutivo, a través del ministro de Educación, José Antonio Chang, enfatiza los procesos de evaluación, pero omite las obligaciones establecidas en la Ley N.º 29944 (Ley de Reforma Magisterial). Desde noviembre de 2012, el artículo 61 de dicha norma dispone un incentivo económico, por única vez, para los maestros que obtengan el grado de maestría o doctorado. Tras más de una década sin cumplirse este beneficio, la interrogante sigue abierta: ¿Por qué es tan difícil cumplir la ley presidente Fujimori?

Published

1 día ago

29/09/2026

Leonardo Serrano Zapata

En 2024, un juez constitucional de Lima le dio la razón al SUTEP. La sentencia del 31 de octubre de 2024 ordenó al Minedu pagar el incentivo, y el 7 de enero de 2025 se declaró fundada su actuación inmediata. Es decir, el ministerio debía cumplir sin esperar a que se resolviera su apelación. Se le dieron 30 días hábiles para reglamentar el procedimiento de pago. MINEDU no reglamentó ni cumplió con el pago del bono.

El fallo no crea un derecho nuevo. Obliga al Estado a cumplir una ley vigente. La ley exige que el Minedu apruebe las disposiciones para otorgar el incentivo, pero en más de una década no lo hizo, y en el Presupuesto 2019 no había ninguna partida para este pago. El SUTEP y varios analistas lo describen como una omisión sostenida, no como un olvido.

Se calcula que hay más de 40 mil docentes nombrados con posgrado. Muchos pagaron sus estudios de su bolsillo y con la expectativa de un reconocimiento que la ley les prometía. Un maestro que se graduó en 2014 lleva más de una década esperando una norma que dependía solo de una decisión administrativa.

El Ejecutivo enfrenta tres obstáculos principales para aplicar la medida: el monto, la acreditación universitaria y el impacto fiscal. En primer lugar, la ley no fija una cifra específica, aunque el Sutep propone entre S/ 25 000 y S/ 30 000. En segundo lugar, la norma exige títulos de universidades ‘acreditadas’, cuando actualmente el sistema opera con universidades ‘licenciadas’, un vacío que el Minedu podría emplear para restringir el beneficio. Por último, el costo fiscal total alcanzará cientos de millones de soles, aun de forma escalonada.

Sin embargo, existe un antecedente técnico viable: el Bono de Atracción Docente (Ley N.° 30281), implementado en 2015 para premiar al tercio superior en la evaluación de ingreso a la Carrera Pública Magisterial. Este incentivo de S/ 18 000, pagado en tres cuotas anuales de S/ 6 000, ha beneficiado a más de 59 mil maestros. Bajo este mismo principio, el Minedu podría viabilizar el pago a los docentes con maestría o doctorado mediante un monto equivalente y fraccionado en tres armadas.

Una sentencia constitucional firme es de cumplimiento obligatorio para cualquier entidad del Estado. Aunque el Minedu apruebe un monto razonable, si no establece un procedimiento claro con criterios objetivos, la norma quedará en papel mojado. Cabe preguntarse: ¿asumirá este compromiso el gobierno de la presidenta Keiko Fujimori, o se limitará a lo señalado en su Plan Nacional de Educación 2026-2031, centrado únicamente en evaluaciones y capacitaciones? Esta narrativa no solo descalifica al magisterio bajo el supuesto de que carece de preparación, sino que ignora los compromisos de revaloración docente. De no actuar el Ejecutivo, el proceso pasará a la fase de ejecución forzosa, generando mayor desgaste institucional.

Frente a este escenario, resulta indispensable plantear tres exigencias concretas:

En primer lugar, que el Minedu informe públicamente sobre el estado de cumplimiento de la sentencia. En segundo lugar, que el Ministerio de Economía y Finanzas —a cargo de Elmer Cuba— y el Minedu —liderado por José Antonio Chang, quien enfrenta una moción de interpelación— planteen una solución técnica viable, con pagos fraccionados si resulta necesario, para garantizar el derecho del magisterio. Por último, que la Cámara de Diputados del Congreso precise el alcance del requisito de ‘universidad acreditada’, evitando que este vacío legal continúe utilizándose como pretexto por parte del Ejecutivo.

Ante la inacción del Ejecutivo, la responsabilidad de fiscalizar recae en todos los legisladores, principalmente en la Comisión de Educación, Cultura y Deporte del Congreso (2026-2027) de la Cámara de Diputados, la comisión está presidida por Segundo Castrejón Fernández (Partido del Buen Gobierno), con César Hugo Tito Rojas (Juntos por el Perú) como vicepresidente y Marco Antonio Pacheco Quispe (Fuerza Popular) como secretario. Completan la lista de titulares, por Fuerza Popular, Francisco Gatica Vega, Leticia Leiva Baylón, Kim Muñoz Yurivilca, Rosangella Barbarán Reyes y Mery Infantes Castañeda. Por Juntos por el Perú están Amalia Palomino Pacheco, Alejandro Manay Pillaca, Marco Flores Valdizán y Azucena Isla Rojas. Por el Partido del Buen Gobierno, Rossana Alayza Maccera y Georgina Duarte. Por Renovación Popular, Christian Aranda Vásquez y Leo Miguel De Paz Lancho. Por el Partido Cívico Obras, José Yataco Torrealva y Dina Hancco Hancco. Y por Ahora Nación, Ángel Meneses Crispín y Marleny Arminta Valencia.

Docentes recuerden bien estos nombres. A los legisladores, quienes cuentan con iniciativa legislativa y la facultad de fiscalizar al Ministerio de Educación, los docentes con maestría o doctorado les exigen lo mismo que demandó el SUTEP al Ejecutivo: que se cumpla la ley.

El magisterio ya cumplió con su parte; falta que el Estado cumpla la suya. Para hacer efectiva esta medida, el Ejecutivo a cargo del partido Fuerza Popular no requiere pedir facultades legislativas.

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Política

Excongresista Guido Bellido cuestiona a TGP y exige explicaciones al ministro Shinno por una eventual ampliación de la concesión

El excongresista Guido Bellido cuestionó al Gobierno de Keiko Fujimori por la posibilidad de extender hasta 2043 la concesión de Transportadora de Gas del Perú y pidió que el ministro de Energía y Minas, Guillermo Shinno, responda ante el Congreso. Sus críticas se producen meses después de la emergencia registrada en Megantoni, donde Osinergmin identificó incumplimientos contractuales de TGP.

Published

2 días ago

29/09/2026

Redacción Lima Gris

La eventual ampliación de la concesión de Transportadora de Gas del Perú (TGP) hasta 2043 ha puesto nuevamente bajo cuestionamiento la relación entre el Estado y la empresa responsable del transporte de gas natural y líquidos de gas natural desde Camisea. El excongresista Guido Bellido salió al frente y pidió explicaciones al ministro de Energía y Minas, Guillermo Shinno, a quien atribuyó la intención de prolongar la concesión de la compañía por varios años más.

Bellido sostuvo que detrás de esta decisión existirían “indicios de lobby” y calificó de “abuso empresarial” la situación de Transportadora de Gas del Perú. Como se recuerda, TGP enfrenta observaciones del organismo regulador luego del grave incidente ocurrido en Cusco.

El 1 de marzo de 2026 se produjo una fuga de líquidos de gas natural y posterior deflagración en la estación de válvulas ubicada en el kilómetro 43 del sistema de transporte, en el distrito de Megantoni, provincia de La Convención. El incidente obligó a paralizar preventivamente el transporte de gas natural y líquidos de gas natural y desencadenó una emergencia que afectó temporalmente el abastecimiento energético nacional.

Pero el episodio no terminó con la reparación de la infraestructura. El 28 de abril, Osinergmin informó que había identificado incumplimientos al contrato de concesión. Según el organismo supervisor, TGP no suministró el flujo y la presión de gas necesarios para atender los requerimientos máximos diarios entre el 1 y el 13 de marzo. El regulador recordó, además, que el contrato establece que el sistema debe ser diseñado, construido, mantenido y operado de manera que restrinja las paralizaciones no programadas y garantice una disponibilidad de 99 % durante un año continuo.

La investigación de Osinergmin también dejó una cuestión pendiente: determinar las causas de la deflagración y establecer si correspondían procedimientos administrativos sancionadores. La eventual aplicación de penalidades u otras medidas contractuales corresponde al Ministerio de Energía y Minas, precisamente la cartera que actualmente conduce Guillermo Shinno.

Ese es el punto político que Bellido coloca sobre la mesa. Si el Ejecutivo evalúa ampliar una concesión de largo plazo a una empresa que acaba de ser objeto de observaciones por parte del organismo regulador, la ciudadanía tiene derecho a conocer cuáles son las condiciones, los informes técnicos, los compromisos de inversión y las garantías de seguridad que justificarían una decisión de esa naturaleza.

Bellido exige que Shinno responda ante el Congreso y la ciudadanía. Más allá de la contundencia de sus calificativos, la pregunta de fondo es concreta: ¿qué evaluación técnica, contractual y ambiental realizará el Estado antes de decidir si TGP debe continuar operando el sistema durante los próximos años? La respuesta no debería quedar en declaraciones políticas. Tendrá que estar sustentada en documentos, informes de los organismos reguladores y condiciones verificables.

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