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El abogado penalista y especialista en derecho internacional James Rodríguez explicó la decisión del Departamento de Estado de Estados Unidos de revocar la visa de un magistrado peruano y de sus familiares, en el marco de las medidas vinculadas al denominado Escudo de las Américas./ Video: Canal NConsultado sobre si la medida estadounidense podría generar una investigación contra el magistrado en Perú, James Rodríguez señaló que corresponde a las instituciones nacionales determinar si existen elementos para iniciar alguna actuación
CTPorChristian Torres Tutiven »El abogado penalista y especialista en derecho internacional James Rodríguez explicó la decisión del Departamento de Estado de Estados Unidos de revocar la visa de un magistrado peruano y de sus familiares, en el marco de las medidas vinculadas al denominado Escudo de las Américas.
Según Rodríguez durante entrevista con Canal N, la medida se sustenta en la legislación migratoria estadounidense y responde a la consideración de Washington de que determinadas personas pueden afectar los intereses de Estados Unidos.
El abogado citó el artículo 212 de la Ley de Inmigración y Nacionalidad (INA), que contempla facultades del secretario de Estado respecto al ingreso de personas al territorio estadounidense. “Es una decisión política, no judicial. Es una decisión que prácticamente no va a ser revocada. Es decir, va a ser demasiado difícil de que puedan darle nuevamente una visa norteamericana a esta persona a su madre o a su familia”, señaló Rodríguez al explicar la naturaleza de la medida.
Rodríguez vincula caso con fallo sobre el puerto de Chancay
El especialista indicó que, de acuerdo con el comunicado del Gobierno estadounidense, la decisión estaría relacionada con fallos judiciales cuestionados que podrían haber favorecido a determinadas empresas.
En el caso peruano, señaló que se trata de una resolución de primera instancia que favoreció a una empresa china vinculada a las operaciones del puerto de Chancay, al establecer que la supervisión del Gobierno peruano no podía ingresar a determinadas áreas de sus operaciones. Rodríguez recordó que dicha decisión posteriormente fue revocada por una sala superior.
El abogado sostuvo que Estados Unidos considera que ese tipo de decisiones puede afectar sus intereses, aunque precisó que determinar si existieron irregularidades corresponde a una investigación de las autoridades peruanas.
"En este caso, se trata de un magistrado que, de acuerdo con la posición del gobierno norteamericano, va contra los intereses justamente de Estados Unidos. Y esta disposición, esta revocatoria de la visa contra este magistrado y toda su familia está basado en un principio de, digamos, la ley de inmigración y naturalización del gobierno de Estados Unidos", sostuvo.
Considera que órganos de control podrían evaluar el caso
Consultado sobre si la medida estadounidense podría generar una investigación contra el magistrado en Perú, Rodríguez señaló que corresponde a las instituciones nacionales determinar si existen elementos para iniciar alguna actuación.
Mencionó a la Junta Nacional de Justicia (JNJ) y a la Oficina de Control de la Magistratura (OCMA) como organismos que podrían evaluar el caso dentro de sus competencias. “Es decisión de ellos porque el Poder Judicial es autónomo”, afirmó.
Rodríguez remarcó que Estados Unidos no estaría ordenando una investigación en Perú y que la eventual actuación de los órganos de control debe responder a sus propias competencias.
Defiende independencia del Poder Judicial
El especialista también se refirió a las recientes discrepancias públicas entre representantes del Poder Ejecutivo y del Poder Judicial y sostuvo que las críticas o cuestionamientos no necesariamente constituyen una interferencia entre poderes. “La independencia de los poderes en un Estado de derecho siempre se ha respetado y debe respetarse”, manifestó.
Rodríguez consideró que una apreciación o crítica puede plantearse con el objetivo de llamar la atención sobre determinados aspectos sin que ello implique necesariamente una intervención directa sobre otro poder del Estado.
Finalmente, sostuvo que la separación de poderes constituye un elemento fundamental de un Estado de derecho y que una injerencia directa de un poder sobre otro sí afectaría ese principio.
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