Las autoridades ecuatorianas vinculan a las familiares de Fito con empresas que habrían sido utilizadas para lavar dinero de Los Choneros. El operativo se suma a otras acciones contra el entorno del líder criminal.
La Policía de Colombia detuvo a Inda Mariela Peñarrieta Tuárez y Michelle Jamileth Macías Peñarrieta, esposa e hija del líder de Los Choneros, Adolfo Macías, alias FitoAFPPor Daniela MagallanesLunes 28 de Septiembre del 2026 · 14:21h
La República en GoogleLa Policía de Colombia detuvo en el departamento de Santander a Inda Mariela Peñarrieta Tuárez y Michelle Jamileth Macías Peñarrieta, esposa e hija de Adolfo Macías, alias Fito, cabecilla de Los Choneros. Ambas eran requeridas por la Justicia ecuatoriana por un caso de lavado de activos superior a 25 millones de dólares.
El operativo tuvo lugar en Sabana de Torres y contó con la participación de la Policía Nacional, el Ejército y la Fiscalía colombianos, además de agentes ecuatorianos y del FBI. Las dos mujeres tenían una notificación roja de Interpol y eran consideradas objetivos de alto valor por las autoridades de Ecuador. El presidente colombiano, Abelardo de la Espriella, informó que serán enviadas a ese país con el fin de que respondan ante la justicia.
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Puedes verLos Choneros y los nexos del crimen
La captura de las familiares ocurre dentro de una serie de acciones contra el entorno de Fito y Los Choneros, una de las organizaciones criminales más antiguas de Ecuador. Macías fue extraditado a Estados Unidos en 2025, tras su recaptura luego de escapar de una cárcel de máxima seguridad el año anterior.
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El líder de la banda afronta en una corte de Nueva York siete cargos, entre ellos narcotráfico y tráfico de armas, con penas que pueden alcanzar la cadena perpetua. Estados Unidos calificó a Los Choneros como organización terrorista y señaló sus nexos con el cartel mexicano de Sinaloa.
Puedes verEl caso también alcanzó a otros familiares. En junio, Colombia capturó a Ronald Javier Macías Villamar, hermano de Fito y señalado como uno de los cabecillas de la estructura. Además, seis parientes de su círculo más cercano recibieron condenas de entre siete y diez años por un proceso relacionado con lavado de activos.
El presidente ecuatoriano, Daniel Noboa, respondió al anuncio de su homólogo colombiano. "Así se trabaja, Abelardo: juntos y con resultados". El ministro ecuatoriano del Interior, John Reimberg, sostuvo que las dos detenidas eran prófugas y afirmó que las autoridades "los buscamos, los encontramos y los traemos para que paguen por el daño que han hecho".
Justicia colombiana condena a jefes del ELN por reclutar menores
En otro proceso contra estructuras armadas, la Justicia de Colombia condenó a 20 años y cuatro meses de prisión a los integrantes del Comando Central del ELN por el reclutamiento forzado de 60 menores entre 2004 y 2018.
La sentencia alcanzó a Nicolás Rodríguez Bautista, alias Gabino; Eliécer Herlindo Chamorro Acosta, alias Antonio García; Israel Ramírez Pineda, alias Pablo Beltrán, y Gustavo Aníbal Giraldo Quinchía, alias Pablito. Todos fueron declarados responsables de rebelión agravada y reclutamiento ilícito.
La Fiscalía indicó que las víctimas tenían entre 8 y 17 años y que algunas ingresaron a las filas mediante falsas promesas, amenazas y violencia física. Tres murieron durante su permanencia en la guerrilla. Las pruebas también documentaron castigos, entrenamientos armados, lesiones, violencia sexual, uso de menores en combates y labores relacionadas con explosivos.
Puedes verLa "mano de hierro" de De la Espriella genera controversia
La política de seguridad de De la Espriella se ha centrado en una respuesta militar contra guerrillas, grupos paramilitares y estructuras dedicadas al narcotráfico. El mandatario ha defendido una estrategia de “mano de hierro” y ha asegurado que el Estado empleará “las armas y las leyes” con el fin de perseguir a estas agrupaciones.
La Fundación Ideas para la Paz señaló que el número de integrantes de grupos armados aumentó 23,5% en 2025, hasta 27.121, mientras sus ataques contra la Fuerza Pública crecieron 62% entre 2024 y 2025 frente a los dos años anteriores.
Javier Flórez, director del área de Conflicto y Seguridad de esa organización, advirtió que las operaciones deben afectar las economías criminales. “Podemos seguir capturando, neutralizando, sometiendo a estructuras de la violencia organizada, pero si no golpeamos sus nodos críticos, no estamos realmente desestructurando las capacidades para que sigan expandiendo su poder criminal”, declaró a EFE.
Amnistía Internacional también expresó preocupación por posibles vulneraciones de derechos humanos. Su secretaria general, Agnès Callamard, señaló que la población puede quedar “acorralada y atrapada entre los grupos armados y el aparato de seguridad del Estado”.
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