PolíticaGremios coinciden en que la justicia juega en contra de la prensa

La presidenta de la Asociación Nacional de Periodistas del Perú (ANP), Zuliana Lainez, alerta sobre la instrumentalización de la justicia para intimidar y hostigar a periodistas. Los casos suelen abrirse basándose en pruebas presentadas por personas anónimas o conversaciones falsas.

En los últimos cinco años se han registrado, en promedio, más de 20 investigaciones fiscales contra periodistas, estima la presidenta de la Asociación Nacional de Periodistas del Perú (ANP), Zuliana Lainez. Foto: Marco Cotrina/La RepúblicaPor Narda SaavedraDomingo 27 de Septiembre del 2026 · 13:35hgoogle iconLa República en Google

En los últimos cinco años se han registrado, en promedio, más de 20 investigaciones fiscales contra periodistas, estima la presidenta de la Asociación Nacional de Periodistas del Perú (ANP), Zuliana Lainez, en diálogo con La República.

Los casos van más allá de los delitos de prensa, como se denomina comúnmente a los delitos de difamación, injuria o calumnia. Desde un tiempo acá, menciona, se señala a periodistas por la supuesta comisión de lavado de dinero o de bandas criminales. Incluso, se les cita a declarar como testigos por casos que han investigado.

Video destacado

¿CÓMO FUNCIONA UN PARTIDO POLÍTICO? ¿DE DÓNDE SACAN DINERO? | SIN GUION CON ROSA MARÍA PALACIOS

Lainez ejemplifica como casos de hostigamiento sistemático lo sucedido con los periodistas Paola Ugaz y Gustavo Gorriti. La primera ha sido investigada por los supuestos delitos de difamación, lavado de activos, tráfico de influencias y enriquecimiento ilícito; mientras que el segundo principalmente por presunto cohecho.

En ambos casos la Fiscalía buscó levantar el secreto de sus comunicaciones y vulnerar, de esa forma, la protección de las fuentes de los periodistas.

Para Paola Ugaz eso se convirtió en una realidad y se enteró, como ella dice en una entrevista a El País, “por casualidad”. El 2024 tomó conocimiento, al leer los documentos de una apelación de la Fiscalía, que una jueza había aprobado levantar sus comunicaciones un año atrás, en agosto de 2023.

Eso es justamente lo que Zuliana Lainez considera más perjudicial. “Los periodistas ya tenemos pericia en cartas notariales o querellas, pero cuando te involucran en una investigación fiscal la situación cambia totalmente porque muchas veces implica que te levanten el secreto de las comunicaciones, lo que pone en riesgo la identidad de tus fuentes de esa y de otras investigaciones periodísticas”, dice.

Por ello, considera que la Fiscalía debería revisar sus protocolos. Sobre todo, porque ha observado un patrón en todas las investigaciones.

“Hay una falencia clara de parte de los fiscales y un profundo desconocimiento de la naturaleza del trabajo periodístico. Solo porque un periodista entrevistó a un investigado no puede ser considerado como integrante de una banda criminal o porque publicó un reportaje no puede ser considerado como testigo en ese caso. Todo eso es intimidación”, manifiesta.

Sobre este último punto, menciona el caso del periodista Jonathan Castro, productor general de La Encerrona, quien fue citado de manera “muy urgente” a declarar como testigo este último 11 de febrero. La diligencia se dio dentro de una investigación sobre la presunta falsificación de carnés de vacunación contra la COVID-19, caso que el periodista reveló en diciembre de 2021.

El documento enfatizó que la presencia de Castro es obligatoria, indicando que se procede “bajo apercibimiento de disponer su conducción compulsiva, en caso de concurrencia injustificada”.

A parte de ello, la presidenta de la ANP también menciona que otro de los patrones es pasar a un periodista de testigo a investigado. Tal es el caso de Paolo Benza, periodista y director del medio La Contra.

Caso Paolo Benza

A inicios de septiembre de este año, Benza recibió un mensaje anónimo advirtiéndole que había sido incluido como testigo en una investigación fiscal. Nunca fue notificado formalmente. Días después, cuando faltaba solo media hora para brindar su declaración, su condición legal cambió. Ahora es investigado por la Fiscalía por el presunto delito de falsedad genérica y banda criminal.

De acuerdo con la imputación del fiscal Luis Sánchez Malverde del Segundo Despacho de la Primera Fiscalía Provincial Penal Corporativa de Lima Centro, supuestamente Benza coordinó con directivos de una empresa competidora de Puma Air para perjudicar a esta marca. Sin embargo, el periodista resalta que él solo difundió un reportaje realizado por Panorama que investigaba el alquiler por parte de Puma Air de un espacio en una base de la Fuerza Aérea del Perú (FAP).

Además, el caso tiene como única prueba contra él unos chats entregados a la Fiscalía por “Justiciero Perú 2026” (seudónimo de una persona anónima).

Eso es lo que más le indigna. “Las conversaciones son ridículamente falsas. Nadie habla de esa forma con sus fuentes y, además, son diálogos con personas que jamás en mi vida he sabido que existen”, relató a La República.

Sumado a ello, menciona que no se siguió el debido proceso para comprobar la veracidad de los chats e incluirlos como parte de una investigación preparatoria. Ello, considera, expone a que cualquier persona cree chats con Inteligencia Artificial, los presente a la Fiscalía bajo un seudónimo y se abran carpetas fiscales por supuestas bandas criminales.

“Tanto legal como socialmente es peligroso. Mañana cualquier periodista puede ser involucrado en lo que sea”, comentó.

Acoso a la prensa desde la justicia

Coincide con ese sentir, Adriana León, directora de Libertades Informativas de IPYS. Los últimos años, indicó a este medio, “la instrumentalización de la justicia para acosar periodistas o tratar de silenciarlos ha escalado”.

Ya no solo se trata de investigaciones o querellas por delitos como difamación, injuria, u honor, sino que ahora los periodistas han sido involucrados en procesos de lavado de dinero, de liderar organizaciones criminales y un largo etcétera, mencionó.

El impacto de una investigación fiscal, explica, va más allá de una posible autocensura, sino que perjudica la salud mental y la economía del periodista. Este efecto incrementa, sobre todo, cuando se trata de medios independientes o regionales.

Benza confirma ello: “Cuando vas contra un medio de comunicación nacional es su área legal la que se encarga de atender la denuncia. Entonces, estás mucho más blindado y no hay mayor preocupación. El periodista sigue haciendo su chamba y los abogados se encargan. En el caso de un periodista independiente, este tiene que solventar su defensa y seguir personalmente, junto a su abogado, todos los procesos. Es un gasto de dinero importante, de tiempo y de espacio mental”.

Aun así, resalta que en regiones los periodistas están mucho más vulnerables a situaciones de este tipo.

"En regiones se han registrado varios asesinatos a periodistas. Poco les podría decir yo a personas que se están jugando realmente la vida, no solamente la seguridad jurídica. El único mensaje genérico que podría dar es que realmente estamos ejerciendo la esencia del oficio", finalizó.

Casos en regiones

La presidenta de la ANP también incide en los casos de regiones.

En 2025, el gerente de radio Titanka, Guy Velazque, su esposa, María Olarte, así como los periodistas Analí Andrade (Fuerza Informativa Apurímac), Paul Pilco (Radio Titanka), Carlos Peña (La Gaceta del Aire), Edwin Ramírez (Portada. pe), Rolando Alcarráz Naveros (Comentarista Radio Titanka) fueron denunciados por el presunto delito de lavado de activos e integrar una supuesta red de testaferros.

Al igual que en el caso de Paolo Benza, se trató de una denuncia anónima. La Fiscalía admitió la denuncia, pero el caso fue archivado.

Una situación similar se desarrolló en Chiclayo (Lambayeque). El 2025, la directora del Semanario Expresión, Rosa Chambergo; el director del diario digital El Fulminante, Lester Solís; y Javier Castro Cruz, conductor del programa 'El Peruanito' en Radio Kaliente, fueron denunciados por supuestamente integrar una presunta organización criminal encargada de una campaña de desprestigio contra una autoridad. La denuncia fue archivada.

Consejo de Prensa Peruana: “El Ministerio Público se ha convertido en uno de los principales agresores de la prensa”

Sobre el tema, Rodrigo Salazar Zimmermann, director ejecutivo del Consejo de Prensa Peruana.

"En los últimos años el Ministerio Público se ha convertido por momentos en uno de los principales agresores de la prensa. Ha podido ser el Congreso en algún momento, el Poder Ejecutivo, la Policía y en algunos momentos determinados ha sido también la Fiscalía, específicamente con exigencias de revelación de fuentes, con apertura de investigaciones ridículas, por ejemplo, eh organización criminal eh eh o o digamos de diverso tipo de investigación."

Por lo tanto, considera que la “Fiscalía es un brazo más del Estado y dificulta el trabajo de la prensa, al hostigarla y al perseguirla”.

Asimismo, resalta el mayor estado de vulnerabilidad de los medios locales al no contar con un departamento legal que se encargue de enfrentar los casos de ese estilo.

“No es lo mismo una citación a un periodista de un medio de televisión nacional que a un periodista que tiene un canal de YouTube o de un medio local. Claramente, las espaldas financieras de apoyo, las espaldas legales de apoyo y el tamaño del medio, son un respaldo, pero, claro, la intimidación es la misma”, indicó a este medio.

  • Gustavo Gorriti

Leer artículo completo en larepublica.pe →