El penal Ancón I, considerado un establecimiento de máxima seguridad, terminó convertido en el centro de operaciones de una organización criminal. Desde el interior del Pabellón 1, reclusos de alta peligrosidad habrían continuado manejando extorsiones, venta de drogas y coordinaciones vinculadas al sicariato y extorsión.
Mira también:El hallazgo se produjo durante un operativo ejecutado el 23 de setiembre de 2026 por la FECOR Lima Noroeste y la DIVIDT de la Policía Nacional. Los agentes ingresaron a diferentes ambientes del recinto penitenciario y revisaron celdas, pasadizos, patios, talleres, comedores, baños, techos y ductos en busca de equipos y otros elementos utilizados para delinquir.
La organización investigada fue identificada como ‘La Confederación’ y, según la investigación fiscal, estaría conformada por internos que habrían establecido una estructura para continuar con sus actividades ilícitas pese a encontrarse privados de su libertad. Sus víctimas serían empresas de transporte público, mototaxistas y comerciantes, tanto en Lima como en Chile.
El fiscal provincial Edwin Velásquez, de la FECOR Lima Noroeste, explicó que la investigación estaba relacionada principalmente con cobros extorsivos. “Más que todo el delito de extorsión... delitos conexos... transporte público... buenas sumas de dinero”.
Un penal convertido en centro de operaciones
La investigación tomó fuerza a partir de la información proporcionada por un colaborador del Ministerio Público identificado con el alias de ‘Tuerto’. Su declaración permitió obtener una resolución judicial para realizar la requisa y conocer cómo los internos se habrían repartido el control de distintos pabellones.
De acuerdo con el testimonio, más de 70 reclusos identificados como cabecillas continuarían realizando actividades delictivas desde el penal. Para ello, utilizaban teléfonos celulares y conexión a internet, herramientas que les permitían comunicarse con personas del exterior y coordinar pagos mediante aplicaciones como Yape.
“Son más de 70 presos que han sido cabecillas y que desde el penal de máxima seguridad, siguen delinquiendo, teniendo en su poder, diversidad de teléfonos, a fin de extorsionar a todo Lima e incluso en Chile”, declaró el informante ante las autoridades.
En el Pabellón 1, Wilfredo Montalvo Malqui, alias ‘Lápiz’, cabecilla de ‘Los Malditos de Huáscar’, habría ejercido como delegado y asumido el liderazgo de la estructura. Según la investigación, allí también mantenía una alianza con Jimmy Bazán Valderrama, alias ‘Chato Bazán’, sentenciado por pertenecer a ‘Los Compadres’.
Celulares, drogas y dinero escondidos
La requisa permitió encontrar 32 teléfonos celulares, sustancias ilícitas, un router con conexión a internet, armas blancas y 6 mil soles en efectivo. Los equipos móviles habían sido ocultados en servicios higiénicos y zonas elevadas de los techos, incluso dentro de medias y empaques para evitar que fueran detectados durante los controles.
Los investigadores también encontraron indicios de que dentro del penal se desarrollaba un negocio clandestino alrededor de los propios internos. Según las pesquisas, se alquilaban teléfonos por minuto y colchones, además de comercializarse alimentos y drogas entre los reclusos.
Una de las celdas que llamó la atención de los agentes fue la número 220. Allí, internos conocidos como ‘Neymar’, ‘Maturana’, ‘Navarro’ y ‘Mocuche’ habrían procesado pasta básica de cocaína para posteriormente comercializarla dentro del establecimiento penitenciario.
Los celulares fueron entregados para su análisis a la Homeland Security Investigations (HSI) de Estados Unidos y a la DIVIDT. Las primeras pericias permitieron encontrar registros de transferencias bancarias, conversaciones y alertas sobre operativos policiales. El coronel PNP Juan Flores, jefe de la DIVIDT, confirmó la revisión de los aparatos: “Todos estos celulares... de los Estados Unidos”.
Los tentáculos llegaban hasta el exterior
Los 6 mil soles encontrados en la celda de Luis Galarza Benbenuto, alias ‘Canco’, también quedaron bajo investigación. El interno manifestó que el dinero correspondía a la venta de pan y a depósitos enviados por sus familiares, pero las autoridades dispusieron su incautación para determinar legalmente su procedencia.
La investigación también puso la lupa sobre el supuesto ingreso de objetos prohibidos al establecimiento. La declaración del informante mencionó a un trabajador de apellido Tipiani, quien presuntamente habría recibido dinero para facilitar el ingreso de celulares, drogas y otros elementos. Estas acusaciones son materia de investigación.
El fiscal adjunto Leonardo Guffanti, de la FECOR Lima Noroeste, advirtió que las comunicaciones encontradas podrían revelar la participación de personas encargadas de introducir estos equipos al penal. “Un penal de máxima seguridad... se les llama las palomas mensajeras... tendrá que responder... de estos celulares”.
Guffanti permanece con resguardo policial las 24 horas luego de recibir amenazas mediante mensajes de texto durante el desarrollo de las diligencias. Mientras tanto, el INPE informó sobre la separación preventiva de dos servidores que habrían intentado ingresar drogas ocultas en recipientes al establecimiento penitenciario.
Planes criminales detrás de las rejas
El análisis de la información recopilada también permitió detectar presuntas coordinaciones para cometer delitos fuera del penal. Entre ellas figura un supuesto plan atribuido a alias ‘Lápiz’ para atentar contra un mototaxista en la zona de Huáscar, en San Juan de Lurigancho.
Asimismo, la Policía investiga las comunicaciones que Jimmy Bazán Valderrama habría mantenido con empresarios de Trujillo y del norte de Chile para realizar cobros extorsivos. De esta manera, las autoridades buscan determinar hasta dónde llegaba la estructura y quiénes eran sus colaboradores en el exterior.
Ahora, los teléfonos incautados se convierten en una de las principales piezas para reconstruir la presunta red de contactos de ‘La Confederación’. La Fiscalía Especializada contra la Criminalidad Organizada continuará con los peritajes y diligencias para establecer la responsabilidad de los internos y determinar si existieron más personas involucradas dentro y fuera del penal.
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