Donde crece la minería ilegal se disparan los homicidios señala un informe del Colectivo País Seguro (PAS). En Pataz (La Libertad) hubo 294 asesinatos, en Ananea (Puno) 159, en Inambari (Madre de Dios) 129 y en Puerto Inca (Huánuco) 54. Relación entre minería ilegal y crimen organizado ha dejado de ser solo una amenaza ambiental para convertirse en un problema crítico de seguridad pública.
Homicidios se disparan en zonas donde crece la minería ilegal.Por Óscar ChumpitazDomingo 27 de Septiembre del 2026 · 10:58h
La República en GoogleMás allá del dato de que el Perú registró del 28 de julio al 21 de septiembre (56 días) 302 homicidios, de los cuales 221 (73.2%) fueron ocasionados por proyectil de armas de fuego, el promedio nacional oculta realidades territoriales muy diferentes y alarmantes.
De acuerdo con el informe del Colectivo País Seguro (PAS), en lugares donde crece la minería ilegal se han disparado los homicidios. Incluso, en distritos con esa actividad ilícita, se supera hasta 45 veces el promedio de asesinatos a nivel nacional.
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"Mientras que algunas provincias lograron reducir la violencia letal, otras exhiben incluso incrementos abruptos", señalan expertos de esa agrupación multidisciplinaria que exige acciones firmes contra la criminalidad y la minería ilegal, vinculadas al incremento de homicidios y sicariato.
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En el 2025, en Ananea (Puno) hubo 159 homicidios por cada 100 mil habitantes, en Inambari (Madre de Dios) 129, en Puerto Inca (Huánuco) 54, y en Pataz (La Libertad) 294.
En esta última región la violencia letal está altamente focalizada y se necesita una estrategia de intervención más específica, y no solo un estado de emergencia. Aparte de los homicidios, en La Libertad hubo 1.625 denuncias por extorsión y 415 denuncias por minería ilegal.
En La Rinconada (Puno) no existen las condiciones básicas. De acuerdo al PAS, más de 30 mil personas están expuestas a explotación y condiciones laborales precarias. El 78% de su población vive sin acceso a agua potable ni desagüe y la violencia y control de organizaciones criminales es constante.
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La relación entre la minería ilegal y el crimen organizado ha dejado de ser solo una amenaza ambiental para convertirse en un problema crítico de seguridad pública en el Perú.
El incremento desmedido de la violencia y las disputas por el control de yacimientos de oro han generado un escenario crítico en diversas provincias y distritos del país.
ÚLTIMOS CRÍMENES
El 31 de diciembre, en vísperas del Año Nuevo 2026, un enfrentamiento armado en la bocamina Papagayo, sector Morena,en Pataz, dejó tres personas fallecidas.
Ese día, una red criminal ingresó a la zona de la Compañía Minera Poderosa para robar oro, lo que generó un tiroteo con el personal de seguridad privada y tres presuntos mineros ilegales murieron a causa de impactos de bala.
El 1 de julio de este año cuatro mineros fueron hallados asesinados con impactos de bala en la cabeza en el ingreso a la bocamina El Olivo, en el centro poblado La Rinconada, distrito de Ananea (Puno).
Roger Quispe Paucar (31), José Quispe Paucar (37), Ruiz Edilberto Quispe Machaca (31) y Ángel David Machaca Colca (29), trabajaban como obreros en la unidad minera 31.
Asimismo, en mayo último, el minero Alejandro Fernández Tairo fue asesinado a tiros en un descampado entre Inambari y Quincemil, cuando se trasladaba para realizar la compra de maquinaria.
Un mes después reportó que fue hallado sin vida el minero Armando Ortiz Huaracha en el sector de Alto Inambari (Sandia).
Y, a inicios de septiembre de 2026, el avance de la minería ilegal en la provincia de Puerto Inca dejó dos nuevas víctimas mortales en un contexto de violencia y conflicto por el control de territorios, vinculados al incremento de actividades de minería ilegal.
Pero, la minería ilegal también está más cerca de lo que uno se imagina como Cañete, Huarochirí y el norte de Lima Metropolitana donde la extracción ilegal de minerales no metálicos afecta los ríos Rímac, Chillón y Cañete.
RESPUESTA EN INAMBARI Y PATAZ
En respuesta a estas actividades, el Ministerio del Interior informó que se intensifica la lucha contra la minería ilegal en Madre de Dios.
En tres operativos ejecutados por la Policía Nacional en la provincia de Tambopata, fueron destruidos e inutilizados bienes, equipos y materiales vinculados a esta actividad ilícita por un valor superior a S/27,8 millones, afectando puntos logísticos empleados para sostener las operaciones extractivas ilegales.
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Las intervenciones se desarrollaron en distintos sectores del distrito de Inambari. En el sector Chicle, los efectivos policiales, con apoyo de personal del Ejército, intervinieron un punto logístico utilizado para actividades de minería ilegal.
En simultáneo, en otro punto de Inambari, las fuerzas del orden intervinieron una amplia zona utilizada como soporte logístico de la minería ilegal. En el sector Balata, la PNP ejecutó una operación helitransportada con participación de efectivos de la Dirmeamb y otras unidades especializadas, así como de personal de la 2.ª Brigada de Selva de Protección de la Amazonía y el apoyo de un helicóptero MI-17 del Ejército.
Las tres operaciones fueron planificadas a partir de información obtenida mediante acciones de inteligencia policial, que permitieron identificar puntos logísticos vinculados a la minería ilegal y desplegar unidades especializadas hacia zonas de difícil acceso.
En Pataz se incautaron más de 1549 explosivos, 5.500 metros de mecha de seguridad y S/5.890 en efectivo.
Fueron detenidos Sebastian Honorio Ríos, Wilser Acosta Contreras y Daver Custodio Contreras. Ocurrió en el distrito de Piás. Según las investigaciones, el material era destinado a diferentes zonas del norte del país para ser utilizado en minería ilegal.
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