Los trabajos continúan en distintos sectores, incluyendo la avenida 28 de Julio, mientras el consorcio advierte que los retrasos superan los 300 días por conflictos sociales en el área de construcción.
Los retrasos superan los 300 días por conflictos sociales en el área de construcciónPor Luis Aguilar y Luis ÁlvarezDomingo 27 de Septiembre del 2026 · 11:00h
La República en GoogleLa obra de drenaje pluvial de la microcuenca Cachimayo, una de las principales intervenciones destinadas a reducir el riesgo de inundaciones en Cusco, enfrenta una nueva controversia que podría comprometer su cronograma de ejecución. El conflicto se centra en la ampliación de 158 días solicitada por el Consorcio Cachimayo y recomendada por la supervisión, pero posteriormente rechazada por el Programa Nacional de Saneamiento Urbano (PNSU).
La disputa se produce mientras los trabajos continúan en diferentes sectores de la ciudad. Un equipo de La República constató la presencia de obreros ejecutando labores en la avenida 28 de Julio, correspondiente a la segunda etapa del proyecto.
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El proyecto tiene una inversión contractual cercana a los S/ 200 millones y comprende trabajos en los distritos de Cusco, Santiago, Wanchaq y San Sebastián. La intervención contempla 10,4 kilómetros de colectores, 180 sumideros y dos tanques de tormenta, infraestructura destinada a captar y conducir las aguas generadas por las lluvias.
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La obra, identificada con el CUI 2459017, es ejecutada por el Consorcio Cachimayo bajo la administración del PNSU y cuenta con financiamiento del Banco Interamericano de Desarrollo (BID).
Puedes verSupervisión recomendó ampliar el plazo
El nuevo frente de controversia surgió después de que la supervisión, a cargo del Consorcio Concremat-Milla, recomendara reconocer 158 días adicionales al plazo contractual.
El pedido fue formalizado mediante la Carta N.° 0182-2026/CCM-JRMR-RCA, del 24 de julio de 2026. Según el sustento presentado, parte del retraso estuvo relacionada con el conflicto social generado alrededor de los trabajos correspondientes al sistema Casuarinas, una situación que habría escapado al control del contratista.
Sin embargo, el 8 de septiembre de 2026, el administrador de contratos del PNSU, Raffo Sotomayor Cabrera, emitió el Informe Técnico N.° 204-2026/VMCS/PNSU/UGPP-BID-CT-PNSU, mediante el cual se denegó la ampliación solicitada.
La decisión abrió una nueva disputa entre la empresa contratista y la entidad encargada de administrar el proyecto, debido a que mientras la supervisión consideró necesario reconocer el periodo afectado, el PNSU adoptó una posición distinta.
Puedes verConflicto por los tanques tormenta
El origen del retraso se encuentra en uno de los componentes del sistema Casuarinas. Los pobladores de la zona se opusieron a la construcción de los llamados tanques tormenta frente a sus viviendas y cuestionaron las condiciones del terreno, entre ellas la presencia de napa freática.
El conflicto se agudizó en abril de 2025, cuando vecinos retiraron del lugar a trabajadores que realizaban labores de replanteo.
La oposición vecinal terminó afectando la ejecución del frente Casuarinas y generó un periodo de paralización que, según la información expuesta por el Consorcio, superó los 300 días.
La empresa sostiene que esta situación tuvo un impacto directo sobre el cronograma y que no puede ser considerada como un incumplimiento atribuible al contratista. La supervisión también habría identificado el conflicto social como uno de los factores que generaron el retraso.
El problema adquiere especial importancia debido a que el frente Casuarinas representa, según el contrato citado por las partes, aproximadamente el 60% del plazo contractual de la obra.
Puedes verConsorcio cuestiona rechazo de ampliación
Juan Carlos Velázquez, representante del Consorcio Cachimayo, cuestionó la decisión del PNSU durante una entrevista difundida por RPP. Según explicó, el principal problema es que el tiempo durante el cual la empresa no pudo ejecutar los trabajos no puede recuperarse simplemente manteniendo la fecha original de culminación.
El representante del contratista también sostuvo que un peritaje especializado calculó en más de S/ 35 millones las pérdidas vinculadas con la improductividad generada por la situación.
Velázquez cuestionó además que funcionarios vinculados a la gestión del proyecto participen en la evaluación de la controversia y en la mesa de trabajo creada para buscar una solución. Según su versión, las decisiones adoptadas por la entidad habrían generado perjuicios económicos al Estado y al contratista.
Estas afirmaciones corresponden a la posición del Consorcio Cachimayo y deberán ser contrastadas con la documentación contractual, los informes técnicos y la posición oficial del PNSU.
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PNSU crea mesa de trabajo
Ante la controversia, el viceministro de Construcción y Saneamiento, Carlos Lezameta Escribens, dispuso la conformación de una mesa de trabajo destinada a buscar una solución a la problemática de la obra.
La participación de funcionarios que estuvieron vinculados a la gestión del proyecto ha sido cuestionada por el contratista, que considera necesario que las decisiones sobre la ampliación y los mayores costos sean revisadas tomando en cuenta el origen del retraso.
La ingeniera María del Carmen Casas fue designada como vocera del PNSU. Durante una entrevista telefónica en el programa 'Prueba de Fuego', de RPP, evitó reconocer, según lo señalado por el Consorcio, que el frente Casuarinas hubiera permanecido paralizado durante más de 300 días. La diferencia entre ambas posiciones deberá ser esclarecida mediante los informes técnicos y documentos que sustentan el cronograma de la obra.
La obra continúa en Cusco
Pese a la controversia contractual, los trabajos no se encuentran paralizados en toda la obra. La República verificó labores en la avenida 28 de Julio, donde trabajadores continuaban ejecutando actividades correspondientes a la segunda etapa del proyecto. Este sector tiene además relevancia por encontrarse dentro de una de las vías consideradas para el recorrido del papa León XIV durante su próxima visita al Cusco.
El alcalde provincial del Cusco, Luis Pantoja, señaló que desconoce los detalles de la controversia contractual entre el consorcio y el Ministerio de Vivienda, pero aseguró que ha observado actividad constante en los sectores donde se ejecuta el proyecto.
"No tenemos esa información. Está avanzando. Todos los días están trabajando allí. Yo paso todos los días y verifico que todo está trabajando sin novedad", declaró.
El burgomaestre sostuvo que los trabajos de la avenida 28 de Julio deberían culminar oportunamente en noviembre y que, en caso de quedar labores pendientes, estas no deberían interferir con la vía principal prevista para el desplazamiento del pontífice.
Según Pantoja, la obra registra un avance superior al 50% y su culminación general está prevista para el primer trimestre de 2027.
PNSU asegura continuidad del proyecto
La controversia contractual ocurre mientras el propio PNSU ha informado sobre acciones destinadas a garantizar la continuidad de Cachimayo.
Entre el 26 y el 28 de agosto, la entidad realizó una misión técnica en Cusco junto con representantes del BID y de la Unidad de Gestión de Programas y Proyectos del organismo internacional. La visita tuvo como objetivos verificar avances, compromisos ambientales y sociales y las acciones contempladas en el Plan de Acción Correctiva.
Sin embargo, el rechazo de la ampliación de 158 días mantiene abierto el conflicto entre el contratista y la entidad.
La resolución de esta controversia será determinante para establecer cómo se recuperará el tiempo perdido, quién asumirá los costos derivados del retraso y si el cronograma original puede cumplirse sin afectar la ejecución de los trabajos.
Una obra clave ante las lluvias
La importancia de Cachimayo trasciende la disputa contractual. El proyecto busca mejorar el sistema de drenaje pluvial de cuatro distritos y reducir la exposición de miles de personas a posibles inundaciones durante episodios de lluvias intensas.
Por ello, una eventual paralización tendría consecuencias tanto contractuales como urbanas. Además del impacto económico de una obra de aproximadamente S/ 200 millones, una interrupción prolongada retrasaría la puesta en funcionamiento de infraestructura diseñada precisamente para disminuir el riesgo de inundaciones en Cusco.
Por ahora, los trabajos continúan en distintos puntos de la ciudad, pero la controversia por los 158 días de ampliación mantiene abierto un escenario que deberá ser resuelto por el PNSU y el Consorcio Cachimayo para evitar que las diferencias contractuales terminen afectando la culminación del proyecto.
- Cusco
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