PolíticaVoces desde el riesgo: crónica de una noche con periodistas regionales que resisten

El Perú se ha vuelto peligroso para el ejercicio del periodismo, en este contexto, un evento de capacitación sobre cobertura electoral organizado por la Fundación Gustavo Mohme Llona, IDEA Internacional y la Pontificia Universidad Católica del Perú se convierte en el lugar para compartir y conocer la situación en que hoy desarrollan su trabajo los periodistas, especialmente fuera de Lima.

Periodistas asesinados | La RepúblicaCésar Romero CPor Política LRDomingo 27 de Septiembre del 2026 · 08:23hgoogle iconLa República en Google

Eran casi setenta periodistas conectados desde distintos rincones del Perú aquella noche, y a medida que las manos se multiplicaban pidiendo la palabra, la capacitación sobre Cobertura electoral en contextos de riesgo organizada por la Fundación Gustavo Mohme Llona, IDEA Internacional y la Pontificia Universidad Católica del Perú, se fue convirtiendo en un confesionario colectivo, un espacio donde cada quién, uno tras otro, dejó caer el tremendo peso que carga por hacer su trabajo.

El expositor de la Coordinadora Nacional de DDHH Miguel Jugo abrió con cifras y mapas de riesgo trazados por el Jurado Nacional de Elecciones, pero pronto quedó claro que las estadísticas eran solo el marco de algo que va más allá y trasciende lo meramente coyuntural. "Estamos en una situación de riesgo alto, lo podemos medir", dijo, pero enseguida advirtió que el problema de fondo era otro: "no tenemos un Estado que se esté preocupando por eso". La frase quedó flotando, porque cada testimonio que siguió terminó por confirmarlo.

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La oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos hizo un seguimiento entre enero y abril de 2026, y lo que encontró no es poca cosa: 44 incidentes que afectaron a periodistas en los primeros cuatro meses del año. Amenazas de muerte, ataques físicos, criminalización, campañas de desprestigio. Entre los casos que documentaron hay algo que les llamó profundamente la atención: quienes están detrás de estos ataques son mayoritariamente personajes vinculados al Estado —Ministerio Público, Congreso, Policía Nacional—, que en teoría deberían garantizar el libre ejercicio del periodismo. Y aquí un dato concreto que mencionó Jugo: el candidato presidencial Rafael López Aliaga aparece como presunto autor en 16 incidentes, siendo la persona individual más citada.  

La Asociación Nacional de Periodista describe un panorama aún más virulento: 140 ataques a periodistas y a medios de comunicación reportados hasta junio de 2026, bajo la forma de agresión física y verbal, amenaza y hostigamiento, trabas a la cobertura periodística, intimidaciones judiciales, tentativa de homicidio y ciberataques.

Gritos del silencio

Detrás de cada una de estas cifras hay historias como la de Ángel Risco. Con la voz de quien ha aprendido a medir su propio miedo, el periodista de Radio Exitosa habló desde Chiclayo. Contó que tuvo que desaparecer quince días de su ciudad, refugiarse en otra región, después de que un grupo de policías lo amenazara. "Quedó ahí, quedó en nada, lamentablemente", dijo sobre la denuncia que nunca prosperó. Y lanzó una pregunta que nadie pudo responderle del todo: "¿Dónde voy a ir yo a velar mis derechos y denunciar estos casos para mantener la integridad de mi seguridad, si son los propios funcionarios del Estado los que atentan contra los comunicadores?".

Judith Llana, que lleva veinticinco años haciendo radio desde las ondas de Radio Corporación de Cerro de Pasco, contó cómo la pandemia terminó salvándola sin que lo supiera entonces. Dejó de transmitir desde la cabina física, armó un estudio en un lugar que nadie conoce, y desde ahí construyó una suerte de invisibilidad estratégica que hoy la protege. "Mi ubicación casi nunca es conocida", explicó, y confesó algo que dice mucho de la precariedad del oficio: estudió derecho después de tanta persecución judicial, "me armé de herramientas para poder defenderme". Hay temas, dijo, que ya ni firma con su nombre: "los paso de forma anónima a otros medios, a otras regiones, para que la nota no salga como exclusiva mía". Por una razón que más que un consejo sonó como un llamado a la acción a todos los presentes: "Nadie nos va a proteger. Nadie lo va a hacer, como quisiéramos que nos protejan". "Sólo nosotros mismos".

Desde Ucayali, Fioreny López, comunicadora indígena de Radio TV Shipibo digital, trajo la dimensión más silenciada de todas. Contó que en diciembre de 2025 asesinaron al periodista Mitzar Castrillejos en Aguaytía, y que desde entonces los comunicadores de su región —quienes acompañan a dirigentes indígenas amenazados por el narcotráfico, la tala y la minería ilegal— sienten que sus voces se están apagando. "Las medidas de protección solamente están en papeles", dijo. Y pidió algo que parecía obvio, pero en lo que nadie había reparado hasta ese momento: que a los comunicadores indígenas también se les incluya cuando se habla de proteger a la prensa.

La comunicadora Vikela Valles de Radio Studio 6 FM, desde Aguaytía, describió una forma distinta de silenciamiento: su medio fue sancionado con 17 UIT por publicidad no autorizada, lo que la dejó fuera de la franja electoral en esta campaña. Cuando intentó postular de nuevo, se topó con un requisito que le pareció una burla: cien mil seguidores, en una localidad con apenas veintiséis mil electores. "Es algo completamente ilógico", dijo, y explicó que en lugares alejados de la capital los periodistas sobreviven de dos maneras: trabajando para una institución pública —lo que ella llamó "una especie de cinturón de castidad"— o dependiendo de auspiciadores y trabajos paralelos.

Una voz

Gerardo Rocha del programa Contrapunto de Ancash, puso números a una desigualdad que todos intuían: la gran torta publicitaria del Estado se queda en Lima, dijo, mientras a las regiones "llega solamente un ripio, un goteo". Hugo Anteparra, desde San Martín, describió algo aún más doloroso para el gremio: "hay versiones de empresarios sobre un grupo de personas inescrupulosas que dicen ser periodistas, que extorsionan a comerciantes en Tarapoto amenazando con sacar noticias negativas a cambio de dinero". Visibilizó además la desafección creciente con el oficio. "Ya no hay periodistas mujeres en Tarapoto", dijo con resignación.

El periodista del semanario Expresión Daniel Vera, integrante de la Comisión de defensa profesional del Colegio de Periodistas de Lambayeque, aportó una reflexión incómoda sobre la situación del gremio: contó cómo dos colegas agredidas negaron después la agresión ante sus propios medios, obligando al colegio a retirar las alertas que había emitido en su defensa. "Cuando reciben el respaldo gremial, más bien nos dejan sin piso", dijo, describiendo una soledad que se construye desde adentro del propio oficio, no solo desde afuera.

Melva Orihuela de TV Digital 24/7, desde Satipo, en plena selva central, encontró en cambio una nota de esperanza en medio de tanto relato sombrío. Contó que recibe constantemente cartas notariales de amedrentamiento, notificaciones tardías, un hostigamiento burocrático sostenido, pero que agremiarse a la Asociación Nacional de Periodistas ha sido un gran respaldo, lo mejor que le pasó en su carrera. Pidió algo simple y a la vez difícil: que los periodistas dejen de etiquetarse entre ellos, que aprendan a ser "una voz fuerte, pero con educación, respeto e independencia".

La memoria

Y estuvo presente, sobre todo, la memoria de los que ya no pueden contar su historia. Miguel Jugo se detuvo especialmente en el caso de Gastón Medina, el periodista y empresario de medios de Ica asesinado en enero de 2025, después de denunciar sobrecostos municipales y criticar a las autoridades regionales. Un congresista fujimorista es investigado hoy como presunto autor intelectual del crimen. Junto a él, los nombres de Raúl Celis López, acribillado en Iquitos cuando se dirigía a su programa radial; Juan Fernando Núñez Guevara, ultimado a balazos mientras iba en su moto en Pacasmayo; y Mitzar Castillejos Tenazoa, asesinado en Aguaytía. Cuatro periodistas muertos en un solo año, algo que, según se recordó esa noche, no ocurría en el Perú desde hacía mucho tiempo.

Desde Madre de Dios, Manuel Cayoquispe preguntó lo que probablemente muchos en esa sala virtual se cuestionaban en silencio: "¿Vale la pena seguir adelante? ¿Esta confrontación política cuándo va a terminar?". Miguel Jugo no tuvo una respuesta fácil, solo una convicción: que la salida es más democracia, "En otras palabras, equilibrio de poderes, fiscalización, ejercicio pleno de la libertad de expresión". Algo que dijo está bajo seria amenaza con mecanismos gravosos como la denuncia civil por daños, que se está utilizando para acallar voces críticas. Se dice: "tú me has afectado mi honor, me tienes que pagar por esto 20, 30, 40, 50,000 soles". Mencionó por lo menos dos casos con sentencia firme donde el juez le ha ordenado al periodista el pago de 50,000 soles por costas y costos.

Casi al cierre, se mencionó a Geraldine Santos, periodista del medio digital Mongabay Latam, que viene denunciando frecuentes amenazas de muerte por sus reportajes sobre actividades extractivas ilegales en áreas protegidas. La pregunta flotó en el aire como una premonición: ¿Qué puede hacer ella para que esas amenazas no se cumplan? La respuesta de Miguel Jugo fue, a la vez, práctica y devastadoramente honesta: "denunciar, pedir garantías, medir el riesgo, y, sobre todo, no dudar en anteponer la vida a cualquier otra consideración". Algo que la comunicadora Susy Aponte Polo, asesinada el último 19 de septiembre en Casma, no llegó a dimensionar.

Lo que quedó de esa noche no fue solo un diagnóstico. Quedó, sobre todo, el eco de personas comunes contando cómo han tenido que aprender a esconderse, a firmar con nombres ajenos, a estudiar leyes para defenderse solas, a huir de sus propias ciudades, simplemente por seguir contando lo que ven. Y describiendo la descomposición que corroe las instituciones desde dentro. Lo dicho por Judith Llana en un momento del intercambio resume, quizás, todo lo demás: "nuestro deber es revelar la información, aunque debamos ponderar nuestra vida y nuestra seguridad".

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