El informe revisa 66 subtemas agrupados en ocho áreas y pone bajo la lupa el alcance de los cambios planteados en materia tributaria, laboral, MYPE y tasas de interés, entre otros puntos.
El Grupo de Economía Política y Social (GEPS) cuestiona el proyecto de delegación de facultades del Ejecutivo de Keiko Fujimori y Luis Galarreta. Aseguran que carece de detalles necesarios para su aprobación.Composición LRPor Rosa GrandezSábado 26 de Septiembre del 2026 · 13:44h
La República en GoogleEl Grupo de Economía Política y Social (GEPS) presentó un informe de análisis sobre el proyecto de ley mediante el cual el Poder Ejecutivo solicita al Congreso delegar facultades legislativas por 120 días. El documento revisa 66 subtemas distribuidos en ocho áreas y pone especial atención en los cambios propuestos en materia tributaria, laboral y para las micro y pequeñas empresas.
Según el análisis, algunas disposiciones no precisan qué normas o regímenes serían modificados, lo que dejaría un margen amplio para definir posteriormente el contenido de los cambios.
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En materia tributaria, el informe pone el foco en que el proyecto plantea modificar y simplificar el régimen tributario y adecuar el Código Tributario, pero la exposición de motivos no precisa qué regímenes serían revisados ni cómo se aplicarían los cambios. Para el colectivo, esto deja demasiado abierto el contenido de las facultades que recibiría el Ejecutivo.
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Catherine Eyzaguirre, economista e integrante del colectivo, señaló a La República que el problema está en que el texto legal deja abierta la posibilidad de realizar cambios que no necesariamente aparecen desarrollados con claridad en la exposición de motivos. El grupo también revisó el pedido desde los ámbitos económico, laboral, financiero y ambiental y encontró observaciones similares.
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Cambios tributarios: el proyecto no precisa qué regímenes serán modificados
Uno de los puntos que más preocupa a GEPS es el capítulo tributario, pues el proyecto plantea racionalizar los regímenes tributarios y contempla cambios relacionados con las micro y pequeñas empresas (MYPE), pero no identifica con precisión qué régimen será modificado ni cuál sería el alcance de los ajustes.
Para el grupo, esa diferencia entre lo que se autoriza en el texto y lo que se explica en la exposición de motivos es relevante. Según su análisis, una cláusula amplia podría permitir que, una vez aprobada la delegación, el Ejecutivo introduzca modificaciones adicionales dentro de la materia autorizada.
El debate tributario se cruza, además, con el costo de los beneficios fiscales. De acuerdo con el Marco Macroeconómico Multianual, el gasto tributario bordea los S/27.000 millones.
GEPS considera que antes de crear nuevos beneficios debería revisarse el resultado de los que ya están vigentes. Entre los casos mencionados están los beneficios otorgados a sectores como la agroexportación y el turismo. El grupo sostiene que algunos incentivos fueron diseñados para apoyar actividades que necesitaban consolidarse y que, en determinados casos, deberían ser evaluados nuevamente para determinar si cumplieron el objetivo por el que fueron aprobados.
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Otro cuestionamiento apunta a la información disponible. Mientras el gasto público puede seguirse a través de partidas y entidades en los sistemas presupuestales, el informe señala que el gasto tributario se presenta principalmente de manera agregada por sectores. Es decir, se conoce cuánto deja de recaudar el Estado por determinado tipo de beneficio, pero no existe el mismo nivel de detalle público sobre las empresas que finalmente reciben ese tratamiento.
MYPE y empleo: GEPS cuestiona que menos costos laborales generen formalización
El segundo eje de preocupación está relacionado con el empleo. Fernando Cuadros, integrante del GEPS y exviceministro de Promoción del Empleo, cuestionó que el pedido del Ejecutivo vuelva a plantear mecanismos vinculados con regímenes laborales especiales como una vía para promover la formalización.
La crítica de Cuadros apunta a un problema más de fondo: reducir costos o beneficios laborales no habría sido suficiente para lograr un aumento importante del empleo formal. Como ejemplos, mencionó los regímenes especiales para las micro y pequeñas empresas, el régimen agrario y las normas sobre trabajo del hogar, que, según su análisis, no lograron resolver el problema de la informalidad.
Para el economista, el camino debería estar en cambiar la estructura productiva del país para impulsar actividades capaces de generar más puestos de trabajo formales. Esto supone, entre otras medidas, apostar por la industrialización y la diversificación productiva.
Desde esa perspectiva, el cuestionamiento no se queda en una disposición específica del proyecto. El grupo también pone en duda que reducir barreras laborales y regulatorias sea suficiente para elevar el empleo formal, mientras que, a su juicio, el paquete no plantea medidas de similar alcance para enfrentar las condiciones productivas que mantienen altos niveles de informalidad.
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El sector financiero concentra otra de las observaciones del informe. Uno de los cambios analizados es la eliminación del tope a las tasas de interés, una medida que el Gobierno plantea, según lo explicado en el conversatorio, como parte de la estrategia para enfrentar el crédito informal conocido como “gota a gota”.
Germán Alarco, integrante de GEPS e investigador del Centro de Investigación de la Universidad del Pacífico (CIUP), cuestionó que eliminar el límite sea suficiente para ampliar el acceso al crédito formal. Su observación se concentra también en la metodología utilizada para establecer el actual tope, que —según explicó— equivale a multiplicar por dos la tasa promedio de los créditos de consumo. A su juicio, una fórmula de este tipo debería considerar elementos como el costo de captar recursos, los gastos operativos, los costos administrativos y el riesgo de incumplimiento.
Alarco planteó que el debate debería incluir, además, la eficiencia del sistema financiero. Para explicarlo de manera sencilla, el margen de intermediación es la diferencia entre las tasas que las entidades cobran por los créditos y las que pagan por los depósitos. Según la información citada por el economista durante el conversatorio, Perú presenta márgenes elevados en comparación con otros países de América Latina. Por ello, GEPS plantea mantener un límite, pero modificar la forma en que se calcula.
Puedes verHidrocarburos y Estado: otras áreas que preocupan al grupo
Las observaciones del colectivo no terminan en tributación, empleo y crédito. El análisis también abarca materias ambientales y de modernización del Estado.
En el ámbito ambiental, advierten que las disposiciones relacionadas con una mayor explotación de hidrocarburos deberían precisar sus alcances para evitar conflictos con áreas naturales protegidas. La preocupación aparece vinculada a la intención de ampliar el acceso a recursos energéticos en un contexto de dificultades en el sector.
Sobre la modernización del Estado, el grupo cuestiona que parte del planteamiento del Ejecutivo se sustente en la idea de que existe un Estado excesivamente grande y que la reducción de regulaciones sería una vía directa para impulsar la actividad privada. Alarco sostuvo que esa premisa debería contrastarse con los datos sobre el tamaño del Estado peruano frente a otros países.
Con estos argumentos, GEPS plantea que el Congreso debería revisar el alcance de la delegación antes de otorgarla. El punto central de su informe no es únicamente qué medidas podrían aprobarse, sino cuánto margen tendría el Ejecutivo para definirlas después. Para el colectivo, una autorización más precisa permitiría establecer desde el inicio qué materias pueden modificarse, cuáles quedan fuera y bajo qué criterios deberá actuar el Gobierno de Keiko Fujimori.
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