La moción de censura contra el ministro del Interior, César Astudillo, cuestiona la conducción del sector y sostiene que las medidas adoptadas no han logrado revertir el incremento de los homicidios ni los niveles de inseguridad.
Para sustentar esa posición, el Congreso utiliza cifras del Sistema Informático Nacional de Defunciones (SINADEF), además de indicadores sobre percepción de inseguridad, victimización y las razones por las que las víctimas no denuncian los delitos.
Entre los principales datos citados por la moción figura que hasta agosto de 2026 se habían registrado 1.499 homicidios, con un promedio de 6,16 casos diarios. Sin embargo, los documentos elaborados por el Ministerio del Interior (Mininter) para responder a los cuestionamientos presentan un procesamiento distinto de los registros.
Según la documentación ministerial, al 21 de septiembre de 2026 el acumulado de homicidios entre enero y agosto era de 1.425 casos, mientras que el promedio diario llegaba a 5,86.
La diferencia también aparece cuando se comparan periodos equivalentes de 2025 y 2026. El Mininter sostiene que entre el 1 de enero y el 20 de septiembre se registraron 1.514 homicidios en 2026, frente a 1.652 en 2025. Y, al observar únicamente el periodo posterior al inicio de la actual gestión, entre el 28 de julio y el 20 de septiembre, registra 295 homicidios en 2026 frente a 353 en 2025.
La moción sostiene que hasta agosto hubo 1.499 homicidios
Uno de los principales argumentos utilizados por el Congreso para sustentar la censura del ministro del Interior es el número de homicidios registrados durante 2026.
La moción señala que entre enero y agosto de 2026 se habían registrado 1.499 homicidios. El documento utiliza este acumulado para sostener que la cifra superaba el total anual registrado en cada uno de los años comprendidos entre 2017 y 2023.
La presentación también plantea que el incremento de los homicidios habría comenzado en 2024 y utiliza los registros de 2026 para sostener que la situación de violencia letal se mantiene.
La propia moción reconoce que la cifra de 2026 tiene carácter preliminar, debido a que los registros de SINADEF pueden ser actualizados.
A partir de ese dato, el documento plantea que el número de homicidios constituye uno de los elementos que demostrarían que las medidas adoptadas desde el Ministerio del Interior no han conseguido revertir la situación de seguridad.
Ministro del Interior cuestiona la cifra de 1.499 homicidios
Los documentos elaborados por el Ministerio presentan un procesamiento distinto de la información.
Según el procesamiento de SINADEF realizado al 21 de septiembre de 2026, el número de homicidios registrados entre enero y agosto no era de 1.499, sino de 1.425.
Esto supone una diferencia de 74 casos respecto de la cifra utilizada en la moción.
El documento califica como falsa la afirmación sobre los 1.499 homicidios y cuestiona también la comparación realizada con los años anteriores.

En particular, sostiene que esa cifra no supera los totales anuales correspondientes a 2022, 2023, 2024 y 2025, por lo que considera que la comparación presentada para sustentar el argumento de la censura no sería correcta.
El promedio de 6,16 homicidios diarios también es cuestionado
La moción utiliza otro cálculo para reforzar su argumento: el promedio diario de homicidios.
Según la presentación del Congreso, entre enero y agosto de 2026 se registraba un promedio de 6,16 homicidios diarios. El documento utiliza este indicador para sostener que el nivel de violencia letal era superior al registrado en años anteriores.
El Mininter vuelve a cuestionar el cálculo.
De acuerdo con el procesamiento de SINADEF presentado por el Ministerio, el promedio correspondiente a enero-agosto de 2026 habría sido de 5,86 homicidios diarios, y no de 6,16.
Además, el documento señala que, con sus cifras, el promedio diario más alto del periodo comparado correspondería a 2025, con 6,17 homicidios diarios.

Así, uno de los principales argumentos estadísticos de la defensa del ministro del Interior consiste en señalar que, bajo su procesamiento, 2026 no tendría el promedio diario más alto de homicidios.
Ministro del Interior plantea comparar los mismos periodos de 2025 y 2026
Además de cuestionar la cifra acumulada hasta agosto, los documentos del Ministerio incorporan una comparación entre periodos equivalentes.
Para ello, toma los registros comprendidos entre el 1 de enero y el 20 de septiembre de 2025 y 2026.
Los resultados presentados son:
- 2025: 1.652 homicidios.
- 2026: 1.514 homicidios.
La diferencia es de 138 homicidios menos en 2026, equivalente a una disminución aproximada de 8%.

El documento ministerial utiliza esta comparación para plantear que el acumulado de homicidios de 2026 debe observarse junto con el comportamiento registrado durante el mismo periodo del año anterior.
El dato acumulado de 2026 incluye meses anteriores a la actual gestión
La temporalidad es uno de los principales puntos de la defensa del ministro del Interior.
La actual gestión ministerial comenzó el 28 de julio de 2026. Por ello, el acumulado de homicidios registrado desde enero comprende más de la mitad del año anterior al inicio de la actual administración.
El documento ministerial plantea que esta consideración resulta relevante al momento de atribuir responsabilidades por la evolución de los homicidios.
Por ello, además de la comparación enero-septiembre, presenta un segundo corte que comienza precisamente el 28 de julio.
¿Qué ocurrió con los homicidios desde el 28 de julio?
Para comparar el periodo correspondiente a la actual gestión, el documento toma los registros comprendidos entre el 28 de julio y el 20 de septiembre de 2025 y 2026.
Los datos presentados por el Mininter son:
- 2025: 353 homicidios.
- 2026: 295 homicidios.
Esto representa 58 homicidios menos en el periodo comparable de 2026, una reducción aproximada de 16%.
El documento utiliza este dato para cuestionar que todo el acumulado de homicidios registrado durante 2026 pueda atribuirse directamente a la actual gestión, debido a que esta comenzó el 28 de julio.

La cifra tampoco permite, por sí sola, establecer qué factores explican la variación ni demostrar que una medida concreta del Ministerio haya provocado la reducción. Lo que sí muestra es que la comparación del periodo posterior al inicio de la gestión arroja un resultado diferente al que se obtiene al observar todo el acumulado de 2026.
El Congreso también cuestiona la situación de inseguridad
La moción no basa sus argumentos únicamente en las muertes registradas.
También incorpora indicadores de percepción de inseguridad y victimización para sostener que la población continúa enfrentando elevados niveles de inseguridad.
Uno de los datos citados señala que, hasta julio de 2026, el 83,3% de la población urbana consideraba que podía ser víctima de un delito durante los siguientes 12 meses.
Asimismo, la presentación señala una victimización de 24%.
La moción utiliza ambos indicadores para argumentar que la situación de inseguridad continúa siendo elevada, pese a las medidas adoptadas desde el sector Interior.
El ministro del Interior señala que la percepción de inseguridad no aumentó en todos los ámbitos
El documento ministerial no sostiene que la percepción de inseguridad haya desaparecido ni que el indicador sea bajo.
Su respuesta se concentra en observar el comportamiento del indicador según el ámbito geográfico.
Según los datos presentados por el Ministerio, la percepción de inseguridad pasó:
- de 85,4% a 83,3% en el ámbito nacional urbano;
- de 85,0% a 84,3% en la costa;
- de 86,8% a 81,8% en la sierra;
- de 84,5% a 80,1% en la selva;
- de 87,0% a 85,7% en las principales ciudades.
En Lima Metropolitana y el Callao, en cambio, el indicador pasó de 86% a 87%.

El contraste que plantea el documento es que el incremento no fue generalizado. Mientras Lima Metropolitana y Callao registraron un aumento de un punto porcentual, los demás ámbitos comparados presentaron una disminución.
La victimización de 24% también es contextualizada
La moción señala que la victimización alcanzó el 24% durante el periodo correspondiente.
El Ministerio presenta este porcentaje dentro de la serie de datos comparados y señala que el 24% registrado entre febrero y julio de 2026 era la cifra más baja del gráfico.
Además, el documento indica que ese porcentaje coincidía con el registrado entre julio y diciembre de 2025.
Por ello, la defensa ministerial cuestiona que el dato de 24% pueda presentarse por sí mismo como evidencia de un incremento de la victimización.
El punto de contraste vuelve a estar en la forma de interpretar el indicador: el Congreso lo incorpora como parte de un escenario de inseguridad, mientras que el Ministerio destaca su posición dentro de los periodos comparados.
La reducción de denuncias también aparece en la moción
Otro de los argumentos del Congreso está relacionado con la reducción de las denuncias.
La moción sostiene que una disminución de las denuncias no necesariamente significa que haya menos delitos, debido a que las víctimas pueden decidir no acudir a las autoridades.
Entre las razones citadas para no denunciar aparecen:
- 45,1% consideró que hacerlo era una pérdida de tiempo.
- 15% señaló desconfianza en la Policía.
- 5,3% indicó miedo a represalias.
En Lima, el porcentaje que consideró que denunciar era una pérdida de tiempo habría llegado a 50,7%.

La presentación utiliza estos datos para advertir que las cifras de denuncias deben interpretarse con cautela, debido a que una parte de las víctimas podría no acudir al sistema.
El ministro del Interior no niega los porcentajes, pero los contextualiza
En este punto, la respuesta ministerial es distinta a la que presenta frente a las cifras de homicidios.
El Ministerio no cuestiona los porcentajes citados sobre las razones para no denunciar. Su énfasis está en mostrar cómo se distribuyen esos motivos.
Según el dato nacional urbano utilizado en los documentos, la principal razón para no denunciar fue considerar que hacerlo constituía una pérdida de tiempo, con 45,1%.
La desconfianza en la Policía alcanzó 15%, mientras que el miedo a represalias representó 5,3%.
Por tanto, la documentación ministerial no elimina el problema señalado por el Congreso respecto de la disposición de las víctimas a denunciar. Lo que hace es precisar que, dentro de las razones declaradas, la desconfianza en la Policía no era la principal.
La censura parte de una lectura acumulada de la inseguridad
La moción utiliza los distintos indicadores para construir una argumentación general sobre la situación de seguridad.
Los homicidios, la percepción de inseguridad, la victimización y las dificultades para denunciar son presentados conjuntamente para sostener que las medidas adoptadas por el Ministerio del Interior no han conseguido revertir la situación.
La presentación también advierte que las cifras agregadas no necesariamente permiten observar por sí solas la gravedad de lo ocurrido durante las semanas más recientes. Para sustentar esta parte de su argumentación, incorpora referencias a hechos reportados durante ese periodo.
El eje de la moción, por tanto, no se limita a una sola cifra, sino que combina muertes registradas, percepción ciudadana, victimización y comportamiento de las denuncias.
La defensa del ministro del Interior cambia el foco hacia los periodos comparables
Los documentos ministeriales plantean una lectura diferente.
En lugar de observar únicamente el acumulado de 2026, la defensa propone comparar:
enero-agosto de 2026: 1.425 homicidios, según su procesamiento de SINADEF;
enero-septiembre de 2025 frente a 2026: 1.652 frente a 1.514 homicidios;
28 de julio al 20 de septiembre de 2025 frente a 2026: 353 frente a 295 homicidios.
En los dos últimos casos, los registros presentados por el Ministerio muestran menos homicidios en 2026 que en el periodo equivalente de 2025.
El argumento central no es que la seguridad haya dejado de ser un problema, sino que la evolución debe analizarse utilizando periodos equivalentes y teniendo en cuenta cuándo comenzó la actual gestión.
¿Qué cifras están realmente en discusión?
A partir de los dos documentos, las principales discrepancias pueden resumirse así:
La tabla permite observar que no todos los puntos planteados por el Congreso son refutados de la misma manera por el Ministerio.
En el caso de los homicidios, la defensa presenta otras cifras de SINADEF. En percepción de inseguridad, en cambio, reconoce el aumento registrado en Lima Metropolitana y Callao, pero señala que otros ámbitos presentaron disminuciones.
En cuanto a las razones para no denunciar, el Ministerio principalmente contextualiza los porcentajes utilizados por la moción.
El punto central: qué periodo se utiliza para medir la gestión
La diferencia más relevante entre ambos documentos está en la forma de vincular los datos con la gestión del ministro.
La moción utiliza el acumulado de homicidios de 2026 como uno de sus principales argumentos para cuestionar al titular del Interior. Sin embargo, ese acumulado comprende el periodo previo al 28 de julio, fecha de inicio de la actual gestión.
El Mininter utiliza precisamente esa diferencia temporal para presentar una comparación específica entre el 28 de julio y el 20 de septiembre.
En ese tramo, el documento registra 295 homicidios en 2026 frente a 353 en 2025.
Esto no permite concluir, únicamente a partir de esa diferencia, que las políticas del Ministerio hayan provocado la reducción. Tampoco permite establecer por sí sola cuáles fueron las causas de la variación.
Sí permite introducir una precisión sobre la atribución temporal: no todo el acumulado de homicidios de 2026 corresponde al periodo en el que César Astudillo estuvo al frente del sector Interior.
¿Qué queda en discusión entre el Congreso y el ministro del Interior?
Los documentos muestran que el desacuerdo no está únicamente en la existencia de homicidios o en que la inseguridad continúe siendo una preocupación.
El primer punto de discusión es cuántos homicidios se habían registrado hasta agosto. La moción utiliza 1.499, mientras que el Mininter presenta 1.425.
El segundo es cuál era el promedio diario. La moción utiliza 6,16 y el Ministerio presenta 5,86.
El tercero es qué comparación resulta adecuada. La moción pone énfasis en el acumulado de 2026 y el Ministerio incorpora comparaciones entre periodos equivalentes de 2025 y 2026.
El cuarto es qué parte de los resultados puede relacionarse temporalmente con la actual gestión. Para ello, el Ministerio destaca el periodo comprendido entre el 28 de julio y el 20 de septiembre.
Finalmente, existe una diferencia en la interpretación de los indicadores de inseguridad. El Congreso los utiliza para sostener que la situación continúa siendo crítica, mientras que el Ministerio muestra que algunos indicadores disminuyeron en determinados ámbitos y que el aumento de la percepción se concentró en Lima Metropolitana y Callao.
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