La presentación de la versión de divulgación de la Estrategia para la Gestión de las Áreas de Conservación Regional (ACR) de Loreto 2025-2035 se convirtió en un espacio de balance sobre casi dos décadas de experiencia en cogestión ambiental, con la participación de especialistas, autoridades regionales y un líder comunitario con más de veinte años de trabajo en el territorio.
La exposición principal estuvo a cargo de Gustavo Suárez de Freitas, coordinador del Programa Perú de Earth Innovation Institute, quien centró su intervención en explicar los principales alcances de la estrategia y las diferencias que, desde su perspectiva, presenta frente a otros modelos aplicados en el país.
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Suárez de Freitas sostuvo que la cogestión es el elemento que diferencia a las áreas de conservación regional de Loreto de cualquier otra experiencia de conservación en el Perú. Repasó los orígenes del modelo: la primera de estas áreas, la entonces Reserva Comunal Tamshiyacu Tahuayo, fue creada alrededor de 1991 por un gobierno regional que, en ese momento, tenía competencias plenas sobre el territorio, competencias que luego fueron recentralizadas durante el gobierno de Alberto Fujimori, cuando se creó el programa nacional de áreas protegidas. Ello explica, señaló, que el reconocimiento nacional del área no llegara de inmediato, pese a que la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza (UICN) sí tomó esa experiencia como referencia internacional para diseñar la categoría de manejo de recursos dentro de su sistema global de áreas protegidas.
El expositor destacó que Loreto administra actualmente alrededor de 2,5 millones de hectáreas bajo la categoría de Áreas de Conservación Regional (ACR), una extensión que, según señaló, coloca a la región entre las de mayor superficie protegida bajo esta figura en el país.
Para explicar por qué la cogestión importa, Suárez de Freitas ofreció una lectura histórica: durante siglos, el manejo de los recursos naturales fue local y comunitario, sostenido por reglas tradicionales de uso. Cuando los Estados nacionales asumieron el control exclusivo de esos recursos, se perdió la capacidad de control efectivo que antes ejercían las poblaciones locales, sin que el Estado, representado por funcionarios distantes del territorio, lograra reemplazar ese nivel de compromiso. La cogestión, planteó, busca revertir parcialmente esa pérdida.
El expositor detalló otros principios de la estrategia: la conservación productiva, que exige que la conservación genere beneficios económicos concretos y no se entienda como una prohibición absoluta de uso; la gestión adaptativa, que consiste en tomar decisiones de manejo con la mejor información disponible, incluyendo el conocimiento tradicional de las comunidades, y corregirlas según el monitoreo, en lugar de exigir certeza científica absoluta antes de actuar; el enfoque ecosistémico, que obliga a mirar más allá de los límites administrativos del área protegida, dado que especies como la huangana se desplazan por territorios mucho más amplios que cualquier ACR; y la interculturalidad y pertinencia cultural, incorporada de manera explícita en esta segunda versión del documento.
Vacíos legales que la propia estrategia no puede resolver
Uno de los cuestionamientos más específicos de la exposición estuvo dirigido al marco legal nacional. Suárez de Freitas señaló que la Ley de Áreas Naturales Protegidas permite que distintos actores interesados, incluidas organizaciones no gubernamentales con sede fuera del territorio, integren los comités de gestión en condiciones similares a las de las poblaciones que dependen directamente de esas áreas. A su juicio, esta disposición no distingue suficientemente los distintos niveles de vínculo e involucramiento con el territorio. Añadió que cualquier modificación sobre este aspecto tendría que ser planteada ante el Sernanp, ya que excede el alcance de la estrategia regional.
También distinguió la cogestión de otra figura frecuentemente confundida con ella: el contrato de administración, mediante el cual el Estado terceriza la gestión de un área a un tercero (como una ONG), sin que ello constituya una gestión compartida en el sentido que promueve el modelo de Loreto.
La mirada institucional: avances y nudos pendientes
Milagros Gonzales, especialista de la Subgerencia Regional de Conservación y Diversidad Biológica del Gobierno Regional de Loreto, señaló que las ACR cuentan con el mismo respaldo jurídico que las áreas de administración nacional, aunque expresó que durante años los gobiernos regionales han solicitado mayor visibilidad para su trabajo en los instrumentos de planificación nacional.
Gonzales explicó que muchas comunidades ya conservaban y vigilaban sus territorios antes incluso de que estos fueran reconocidos formalmente como ACR, y remontó el origen de los actuales lineamientos de aprovechamiento comercial a una demanda concreta planteada en 2017 por una lideresa indígena de Ampiyacu, quien exigió a la autoridad regional las condiciones para que su comunidad pudiera aprovechar comercialmente los recursos que venía protegiendo.
Sobre los retos institucionales, relató que en una década la estructura encargada de estas funciones dentro del Gobierno Regional cambió de nombre y jerarquía en más de una ocasión, hasta la reciente fusión de las gerencias forestal y de conservación en una sola instancia con mayor peso institucional. Coincidió con el resto del panel en señalar el financiamiento y la articulación entre entidades públicas, el propio Gobierno Regional, la Fiscalía y la FEMA, entre otras, como las dos limitaciones más urgentes para una gestión más eficiente.
La voz del territorio: «si no exigimos, todo va a seguir igual»
La intervención de Gilberto Flores, líder histórico del ACR Tamshiyacu Tahuayo y miembro de su comité de gestión desde 2003, aportó la perspectiva de más de dos décadas de experiencia directa. Flores recordó que, tras años de esfuerzo comunitario para recuperar cochas y poblaciones de fauna, incluyendo conflictos iniciales con las propias autoridades ambientales, a las que describió como poco claras respecto a qué hacer una vez lograda la recuperación, la comunidad organizó una pesca comunal para generar ingresos que terminaron financiando un local comunal y un centro de educación inicial.
Flores expuso una contradicción que persiste hasta hoy: su comité de gestión funcionaba desde 2003, antes de que el área tuviera reconocimiento oficial, y sin embargo las ACR de Loreto aún no participan en la organización nacional de comités de gestión.
El dirigente advirtió además sobre un retroceso reciente en la práctica de la cogestión: empresas privadas de turismo que antes coordinaban activamente con el comité de gestión han dejado de hacerlo, al punto de que ni la comunidad ni la jefatura del área fueron informadas sobre una liberación de especies realizada dentro del ACR.
Sobre el marco normativo, Flores sostuvo que las exigencias legales para el manejo de los recursos, como la elaboración de planes, el cumplimiento de cuotas y la presentación de documentació, pueden convertirse en barreras para comuneros con acceso limitado a la educación formal. En contraste, señaló que los actores con mayores recursos económicos cuentan con mejores condiciones para cumplir estos procedimientos y acceder a permisos. Por ello, planteó la necesidad de que la normativa incorpore las particularidades sociales y territoriales de la Amazonía. Al cierre de su intervención, remarcó además que la existencia de una estrategia solo tendrá efectos si las propias comunidades conocen sus contenidos y exigen el cumplimiento de las acciones previstas.
La mirada de la sociedad civil: comunicación y transparencia, los pendientes silenciosos
Cristina López, bióloga y líder de proyectos de la organización Derecho, Ambiente y Recursos Naturales (DAR), destacó que la estrategia de Loreto representa una conservación construida «de abajo hacia arriba» y con un enfoque de bienestar que va más allá del beneficio económico. Sin embargo, centró buena parte de su intervención en dos vacíos que, a su juicio, la propia estrategia no ha resuelto.
El primero es la transparencia: López cuestionó cuánta información accesible existe realmente sobre los presupuestos invertidos y los beneficios generados por la gestión de las ACR, tanto para las comunidades como para las propias instituciones involucradas.
El segundo aspecto señalado fue la comunicación hacia públicos externos. López advirtió que la estrategia no desarrolla suficientemente acciones orientadas a explicar a la ciudadanía la importancia de estos territorios y los beneficios de su conservación. Consideró que esta brecha, que también observa en el sistema nacional de áreas protegidas, constituye uno de los aspectos que deberían fortalecerse durante la implementación de la estrategia en los próximos diez años.
Sobre financiamiento, advirtió que la disponibilidad de fondos no garantiza resultados si la estructura de gobernanza no permite que la población local defina prioridades reales de inversión, citando como ejemplo negativo la experiencia de mecanismos financieros vinculados a actividades extractivas en la región, donde los fondos existen pero no siempre se traducen en beneficio efectivo para la población.
Un cierre con tarea pendiente
El panel coincidió en que la actualización de la estrategia constituye un marco de trabajo para los próximos diez años y que su implementación dependerá de atender desafíos que van más allá de los aspectos técnicos. Entre ellos mencionaron la adecuación del marco legal a las particularidades de la Amazonía, la disponibilidad de financiamiento sostenido, una mayor articulación entre las entidades del Estado y el fortalecimiento de la comunicación y la legitimidad de estos espacios ante la sociedad civil.
Como destacó al cierre, Suárez de Freitas: la implementación de la estrategia requerirá acompañar la identificación de problemas con propuestas concretas que permitan avanzar en las acciones planteadas para la próxima década.
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