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por Aaron Ramos Medina
Actualizado el 24 de Set, 2026 9:37 amEl primer Índice de Riesgos de Integridad Subnacional (IRIS) 2026 del IPE revela que 19 de las 25 regiones enfrentan mayores riesgos de corrupción. A ello se suma una gestión marcada por obras inconclusas donde el 62% permanece paralizado o abandonado.
A menos de dos semanas para las elecciones regionales y municipales, un estudio del Instituto Peruano de Economía (IPE) revela el escenario que encontrarán las próximas autoridades: 19 de las 25 regiones del Perú presentan riesgos elevados de corrupción y mal uso de los recursos públicos.
Se trata del primer Índice de Riesgos de Integridad Subnacional (IRIS) 2026, que evalúa dos grandes pilares como son la gestión pública y eficiencia administrativa, así como el desempeño institucional y control de la corrupción.
¿El resultado? Ninguna región tiene condiciones para evitar la corrupción y hacer buen uso de los recursos, como lo explica Martín Valencia, gerente de Estudios Económicos del IPE.
"El IRIS es un instrumento que evalúa las condiciones y las prácticas que tienen los gobiernos regionales y locales que facilitan o dificultan los actos de corrupción y el mal manejo de recursos públicos. Por ejemplo, muchos de los indicadores que incluimos son de las características de las contrataciones del Estado. Si éstas son muy fraccionadas, si éstas se dan al último año, lo cual puede generar problemas de sobreprecio, si hay muchas obras paralizadas o abandonadas, que puede dar también algún indicio de que hubo algún procedimiento viciado", apuntó.
Este panorama se ha deteriorado frente a los últimos cinco años. En 2019, solo tres regiones estaban ubicadas en los niveles altos de caer en corrupción. Hoy, esa cifra se triplicó y llega a 10 regiones, entre ellas Áncash, Apurímac, Ayacucho, Huancavelica, Junín, Lima Provincias y Tumbes.
"El IRIS en los últimos años muestra un deterioro en su pontaje general en ambos pilares, pero sobre todo en el pilar de desempeño institucional y control de la corrupción. Y entre los indicadores de este pilar, principalmente en dos aspectos. Primero, el deterioro de la percepción positiva de los ciudadanos respecto a su gobierno regional y local.Ha caído en casi todas las regiones. Había un deterioro respecto a la aprobación que tenemos los ciudadanos de nuestras autoridades subnacionales. Y segundo, había un aumento importante de las denuncias por corrupción", anotó.
Este riesgo también aparece en cómo se manejan las obras, las contrataciones y cómo se utiliza el gasto público. El IPE encuentra que el 62% de las obras de los gobiernos regionales y municipalidades están paralizados o abandonados.
El caso más crítico es Tumbes con un riesgo muy alto de corrupción, según este ranking. Allí, el 72% de obras está paralizado; y el 43% de las contrataciones se hizo directamente con una empresa, sin un proceso competitivo entre proveedores. Así lo explica Martín Valencia del IPE.
"En los últimos años en Tumbes se han dado distintas declaraciones de estado de emergencia y sus prórrogas. Esto se ha debido, por un lado, debido a las condiciones de inseguridad ciudadana en la región, y por otro, a las afectaciones climáticas, fuertes lluvias, fenómeno del Niño, ciclón Yaku, entre otras. Estos estados de emergencia habilitan la capacidad de contratar directamente, comprar bienes y servicios rápido, realizar obras más rápido, sin tener que tener concurso público", señaló.
Por otro lado, Arequipa, Cusco, Piura, Moquegua y Tacna aparecen entre las regiones mejor ubicadas en el índice, con mejores resultados de gestión.
En Moquegua destaca una mayor coordinación entre el sector público y privado; y un entorno favorable para la inversión. En Tacna, el resultado está relacionado con factores como la competitividad, la educación, la salud y una alta participación de la población en el mercado laboral.
Sin embargo, hay un problema de fondo para todas las regiones: el uso eficiente de los recursos públicos. Cuando una obra se paraliza, una contratación es cuestionada o los recursos públicos se utilizan de manera inadecuada, el dinero deja de cumplir el objetivo para el que fue destinado. Así lo explica Paola Lazarte, exministra de Transportes:
"El tener proyectos truncados, retrasados, por corrupción, no permite que podamos destinar los recursos o que tengamos el retorno social y económico de lo invertido en esa infraestructura y que no podamos disponer de los recursos para invertir en otros proyectos que son necesarios para el país. Si lo puedo resumir, serían sobrecostos al proyecto inicial, cronogramas dilatados, horas paralizadas y calidad de servicios públicos menor a la esperada que eleve la productividad nacional", indicó.
El Índice de Riesgos de Integridad Subnacional —IRIS 2026— revela un escenario complejo para los nuevos gobernadores regionales y alcaldes. Pero sus resultados también ofrecen una oportunidad: identificar dónde están los principales riesgos, tomar decisiones para mejorar la gestión pública y, sobre todo, recuperar la confianza de los ciudadanos.
Tags obras paralizadas gobiernos regionales Únete a nuestro canal en WhatsApp Siguenos en
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