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La Cámara de Diputados del Congreso recibió el 23 de septiembre de 2026 la Proposición Legislativa N.° 00423-2026-2031-CD, que plantea derogar la Ley 30900 y extinguir la Autoridad de Transporte Urbano para Lima y Callao (ATU). La iniciativa, planteada por Renovación Popular, busca que la Municipalidad Metropolitana de Lima y la Municipalidad Provincial del Callao recuperen las competencias sobre el transporte urbano dentro de sus respectivas jurisdicciones.

El proyecto fue presentado por la diputada Norma Yarrow Lumbreras, de Renovación Popular, junto con Roxana Rocha, Leo De Paz, Javier Cipriani, Jorge Zeballos, Frank Krklec, Paola Martínez y Félix Chang.

Presentan proyecto de ley para eliminar la ATU en el Congreso

La iniciativa establece que Lima y Callao asumirían las tareas de planificación, regulación, organización, supervisión y fiscalización del transporte urbano que actualmente corresponden a la ATU. El reparto se realizaría según el territorio de cada provincia, aunque el proyecto exige mecanismos de coordinación para los servicios que atraviesen ambas jurisdicciones.

La ATU fue creada por la Ley 30900 como organismo técnico especializado adscrito al Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC). La norma le asignó la gestión del Sistema Integrado de Transporte de Lima y Callao y competencias sobre los servicios de transporte terrestre de personas, además de funciones de regulación y fiscalización.

Para concretar el cambio, la propuesta dispone la creación de una Comisión Técnica de Transferencia con representantes del MTC, la Municipalidad Metropolitana de Lima, la Municipalidad Provincial del Callao y la Contraloría General de la República. Este grupo tendría a su cargo las acciones necesarias para la extinción de la ATU y deberá entregar un informe al Congreso dentro de los 90 días hábiles establecidos.

Proyecto de ley que plantea extinguir la ATU. Foto: Cámara de Diputados/Congreso
Proyecto de ley que plantea extinguir la ATU. Foto: Cámara de Diputados/Congreso

¿Qué pasaría con los recursos y trabajadores de la ATU?

El proyecto plantea que el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) adopte las medidas presupuestarias necesarias para que Lima y Callao puedan asumir las competencias restituidas. La transferencia incluiría los recursos vinculados con las funciones, además de bienes, activos, sistemas, documentación, contratos y obligaciones que correspondan al actual esquema de gestión.

Respecto del personal, el texto permite que los trabajadores de la ATU sean trasladados a las entidades receptoras, de acuerdo con sus necesidades institucionales y la normativa vigente. La propuesta precisa que este proceso debe respetar sus derechos laborales.

El Poder Ejecutivo tendría 60 días calendario, desde la entrada en vigor de una eventual ley, para aprobar las disposiciones necesarias para su implementación.

Asimismo, las municipalidades de Lima y Callao deberían adecuar sus normas e instrumentos de gestión, mientras que ambas entidades tendrían que establecer mecanismos de coordinación para asegurar la continuidad del servicio en las rutas que conecten las dos provincias.

¿Por qué plantean devolver el transporte urbano a Lima y Callao?

La exposición de motivos sostiene que el modelo centralizado en la ATU no ha resuelto problemas como la informalidad, las dificultades para integrar los distintos servicios, la seguridad de los usuarios y el mantenimiento de infraestructura. La iniciativa cita como antecedente las dificultades que, según sus autores, persisten pese a los recursos asignados a la autoridad.

El documento menciona que la ATU reportó más de 16 mil vehículos internados por prestar transporte de pasajeros sin autorización desde 2021. También recoge observaciones de la Contraloría formuladas en 2025 sobre deficiencias de mantenimiento, conservación, señalización y elementos de seguridad en estaciones y terminales del Metropolitano.

En materia presupuestal, la propuesta señala que la ATU tuvo un Presupuesto Institucional Modificado de S/1.041 millones en 2023, S/1.209 millones en 2024 y S/1.209 millones en 2025. El proyecto sostiene que la devolución de competencias permitiría vincular la gestión del transporte con las funciones municipales de vialidad, tránsito y desarrollo urbano.

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