El representante del UNFPA en Perú explica por qué las cifras nacionales esconden profundas diferencias entre territorios y grupos sociales. Plantea reforzar la educación sexual, los servicios de salud para adolescentes y una respuesta coordinada frente a la violencia.
El embarazo adolescente en Perú ha mostrado una disminución a nivel nacional, con un promedio del 7,4% en 2025, aunque persisten significativas brechas territoriales entre zonas urbanas y rurales. | La RepúblicaDaniela OrellanaMiércoles 23 de Septiembre del 2026 · 11:51h
La República en GoogleEl embarazo adolescente viene disminuyendo en el Perú, pero las brechas territoriales permanecen. Mientras el promedio nacional alcanzó 7,4% en 2025, la situación es considerablemente distinta en las zonas rurales y amazónicas.
Gregor von Medeazza, representante del Fondo de Población de las Naciones Unidas (UNFPA) en el Perú, sostiene que para entender el problema es necesario mirar más allá del promedio y analizar cómo se acumulan factores como pobreza, desigualdad, violencia y dificultades de acceso a servicios. En entrevista con La República, explica qué políticas considera prioritarias y cómo debería utilizarse la información y datos para orientar los recursos públicos.
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El embarazo adolescente está disminuyendo en el Perú, pero las brechas territoriales continúan. ¿Qué está fallando para que esta reducción no llegue de la misma manera a todos los territorios?
El promedio nacional es una tendencia positiva que tenemos que reconocer. Pero lo que realmente nos preocupa son las brechas que ese promedio no cuenta. Tenemos diferencias muy significativas entre las zonas rurales y urbanas y también entre los diferentes territorios.
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Lo que vemos es una acumulación de desigualdades. Está la pobreza, pero también el menor acceso y permanencia en la educación, las dificultades para acceder a información y servicios de salud sexual y reproductiva, la violencia y, en algunos casos, los matrimonios o uniones tempranas y forzadas. Todo esto termina reduciendo las oportunidades de muchas niñas para construir su proyecto de vida.
Entonces, ¿no existe una sola causa detrás de estas diferencias?
Exactamente. Tenemos que desempacar las cifras nacionales y mirarlas territorialmente, pero también según los grupos de edad y las condiciones socioeconómicas. Cuando hacemos eso, vemos que las desigualdades se acumulan y que algunas niñas enfrentan varias de estas barreras al mismo tiempo.
Por eso también es importante tener datos que nos permitan saber dónde están las brechas. No podemos trabajar de manera eficiente si estamos invirtiendo recursos sin saber exactamente qué ocurre en cada territorio.
En el caso de las niñas menores de 15 años, el vínculo con la violencia sexual es especialmente preocupante. ¿Qué debería cambiar en la respuesta del Estado?
Tenemos que hablar claramente de protección. Cuando hablamos de niñas menores de 14 años, estamos hablando de situaciones que la legislación reconoce como violencia sexual. Entonces hay una responsabilidad muy clara de las instituciones de protegerlas.
Pero también necesitamos una estrategia integral de prevención y respuesta frente a la violencia sexual y las uniones tempranas. Salud tiene un papel importante, pero no puede resolverlo sola. Necesitamos educación, protección, justicia y también la participación de los gobiernos regionales y locales.
¿Qué medidas concretas deberían priorizarse?
Hay varios elementos. Primero, una intención política clara y una meta de prevención. Segundo, una articulación multisectorial, porque esto no es solamente un problema de salud. Y tercero, una asignación presupuestal que permita ejecutar las políticas.
También tenemos que mantener a las adolescentes en las escuelas y facilitar su retorno cuando sea necesario. Para aquellas que ya son madres, necesitamos acompañamiento para evitar un segundo embarazo no intencional y garantizar que puedan continuar sus estudios y construir su proyecto de vida.
¿Qué papel debería tener la educación sexual en esa prevención?
Es fundamental continuar con una educación sexual adecuada a la edad, basada en evidencia y alineada con estándares internacionales. Hay muchas maneras de hacerlo apropiadamente para cada edad y siempre debe comenzar también en la familia.
Una de las ideas equivocadas es que la educación sexual aumenta el riesgo de embarazo adolescente. La evidencia que tenemos a nivel global muestra lo contrario. Además, una encuesta realizada en 2017 encontró que más del 80% de madres y padres quería que sus hijos recibieran educación sexual en la escuela, mientras que más del 90% de los niños, niñas y adolescentes consultados también manifestó que la quería.
¿Y qué debería cambiar en los servicios de salud?
Necesitamos servicios amigables para adolescentes, con información correcta, respeto y confidencialidad. Las propias adolescentes nos dicen que quieren ser consideradas plenamente con sus derechos cuando acuden a un centro de salud.
Eso significa brindar consejería, información y acceso a métodos anticonceptivos modernos, además de adecuar los servicios a sus edades. No podemos diseñar estas políticas sin escuchar a las propias adolescentes.
Usted menciona la importancia de los datos. ¿Qué falta actualmente?
Tenemos muchos datos, pero necesitamos utilizarlos mejor. Por eso hemos actualizado nuestro tablero sobre embarazo y maternidad en niñas y adolescentes, que reúne información de la ENDES y de los registros administrativos de nacidos vivos del Ministerio de Salud. Próximamente también incorporaremos información de los Centros de Emergencia Mujer.
La herramienta permite bajar del nivel departamental al provincial y observar las tendencias. Esto es importante porque los recursos son limitados. Si sabemos dónde están las mayores brechas y qué intervenciones funcionan, podemos tomar decisiones más precisas.
Ayacucho ha reducido de manera importante su tasa de nacimientos en niñas y adolescentes. ¿Qué se puede aprender de ese caso?
No existe una solución única. En Ayacucho encontramos varios ingredientes: un plan regional de prevención, articulación entre sectores, participación de autoridades, comunidades, familias y escuelas y una asignación presupuestal que permitió sostener las acciones.
Entre 2019 y 2025, los nacimientos en niñas y adolescentes pasaron de 33,2 a 16,3 por cada 1.000 nacidos vivos. Todavía no podemos hablar de éxito porque para nosotros el éxito sería llegar a cero, pero sí podemos identificar elementos que parecen necesarios para avanzar.
En departamentos amazónicos como Loreto y Ucayali los indicadores son mucho más altos. En el contexto de los casos de violencia contra niñas indígenas, ¿qué tan suficiente es explicar esta situación únicamente por factores culturales?
Tenemos que mirar la multiplicidad de factores. Hay comunidades que enfrentan desigualdad y marginación y, además, dificultades geográficas y territoriales para acceder a servicios. Un factor influye sobre el otro y eso puede generar un círculo de desigualdad.
Por eso la respuesta tiene que considerar esas diferentes dimensiones. No podemos explicar una situación tan compleja a partir de un único elemento. Necesitamos protección, servicios, educación, justicia y participación de las propias comunidades y adolescentes.
¿Qué debería hacer el próximo Gobierno para evitar que estas brechas continúen?
Tenemos que continuar e incluso acelerar las inversiones que ya existen, pero hacerlo utilizando la evidencia. Necesitamos saber dónde invertir, cuándo hacerlo y qué soluciones están funcionando.
La prevención del embarazo y la maternidad temprana no debe verse únicamente como un gasto. También tiene un impacto sobre las oportunidades educativas y laborales y, por lo tanto, sobre el desarrollo del país. Lo fundamental es que las niñas y adolescentes puedan desarrollar plenamente su potencial.
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