Perú registró 1 994 casos de trata de personas entre enero y agosto de 2026, según cifras del Ministerio Público. Desde 2023, los casos ya superan los 9 500. Esta situación evidencia la magnitud de este delito y la necesidad de reforzar las acciones de prevención, investigación, protección y reintegración de las víctimas.

En el marco del Día Nacional contra la Trata de Personas, CHS Alternativo advirtió que el Estado todavía mantiene obligaciones pendientes para enfrentar este delito. Aunque el país cuenta desde 2021 con una Política Nacional frente a la Trata de Personas y sus formas de explotación al 2030, la organización señala que persisten brechas de presupuesto, atención a víctimas, fiscalización y seguimiento.

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Falta de presupuesto y servicios para las víctimas

Uno de los principales pendientes consiste en crear el programa presupuestal multisectorial que establece la Ley N.° 30925. Esta norma encarga al Ministerio de Economía y Finanzas, junto con el Ministerio del Interior, diseñar un mecanismo que permita financiar las acciones contra la trata de personas. Sin embargo, han pasado más de siete años. Esta obligación aún no se concreta.

Ricardo Valdés, director ejecutivo de CHS Alternativo, señaló que esta situación limita la capacidad del Estado para prevenir el delito, investigar a los responsables y garantizar servicios adecuados para las víctimas. La organización también advierte que implementar correctamente la Política Nacional al 2030 requiere al menos S/ 1 159 millones, según un estudio realizado en 2023. No obstante, el presupuesto destinado durante los últimos años representa apenas el 1 % de ese monto.

A ello se suma la falta de recursos para los servicios de atención y reintegración. De los 17 servicios contemplados para las víctimas, solo cuatro recibieron una asignación presupuestal específica, de acuerdo con el X Informe Alternativo de CHS Alternativo.

Ricardo Valdés, director ejecutivo de CHS Alternativo, señaló que esta situación limita la capacidad del Estado para prevenir el delito, investigar a los responsables y garantizar servicios adecuados para las víctimas. (Foto: Difusión)

Trabajo forzoso y otras brechas pendientes

Otro pendiente corresponde a la reglamentación de la Ley N.° 31664, publicada hace más de tres años. Esta norma busca que los establecimientos que ofrecen acceso a Internet en espacios públicos cuenten con registros y filtros para impedir que niñas, niños y adolescentes accedan a contenidos pornográficos y violentos. Sin una reglamentación específica, las municipalidades y los Comités Distritales de Seguridad Ciudadana (CODISEC) enfrentan dificultades para fiscalizar estas medidas.

CHS Alternativo también plantea fortalecer la respuesta frente al trabajo forzoso, una de las formas de explotación vinculadas a la trata de personas. Este problema puede aparecer en actividades relacionadas con economías ilegales, como la minería ilegal. En este contexto, algunas personas reciben falsas ofertas de empleo y luego enfrentan jornadas extensas, condiciones precarias, deudas, amenazas o restricciones para abandonar el lugar.

La organización advierte que todavía existen dificultades para detectar, registrar, fiscalizar e investigar estos casos, especialmente en zonas alejadas donde la presencia del Estado resulta limitada. Por ello, considera necesario mejorar estos mecanismos. Esto permitirá identificar a las víctimas y activar oportunamente las medidas de protección.

El quinto pendiente apunta a mejorar la rendición de cuentas sobre las acciones contra la trata. CHS Alternativo señala que, pese a que el Ejecutivo informó al Congreso sobre esta problemática en septiembre de 2025 y el Parlamento creó una comisión especial de seguimiento, todavía falta información clara y accesible sobre los avances, recursos utilizados y compromisos pendientes.

“Necesitamos una estrategia nacional de prevención validada que articule las acciones del Estado, establezca prioridades y permita medir resultados. Para que esta respuesta sea efectiva, también se requieren recursos suficientes y sostenidos para implementar las medidas previstas y garantizar servicios especializados”, afirmó Valdés.

El director ejecutivo de CHS Alternativo sostuvo que el país debe cerrar las brechas existentes y pasar de los compromisos a resultados verificables. “La lucha contra la trata requiere continuidad, coordinación y resultados concretos. La trata de personas no puede seguir esperando”, subrayó.

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