A pesar de ser uno de los países con mayor diversidad biológica del planeta, el Perú sigue mostrando graves deficiencias en la gestión de sus recursos naturales y la protección de su medio ambiente. La publicación del Índice de Desempeño Ambiental 2026 (EPI, por sus siglas en inglés), elaborado por la Universidad de Yale, ubica al país en el puesto 87 de 177 naciones evaluadas. Con un puntaje general de 41.01 sobre 100, el Estado peruano no solo evidencia un profundo rezago frente a los líderes globales. Además, se posiciona por debajo del promedio de América Latina y el Caribe (42.07). Ocupa apenas la casilla 21 a nivel regional.
Este instrumento internacional de medición califica a las naciones en base a 47 indicadores distribuidos en 12 categorías. Estas categorías responden a tres objetivos fundamentales: salud ambiental, vitalidad de los ecosistemas y cambio climático. Aunque el Perú registra una ligera mejora de 3.67 puntos en la última década, el avance resulta marginal. Además, es demasiado lento para enfrentar las crisis superpuestas de pérdida de hábitats y estrés hídrico que golpean sus principales regiones.
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Tecnología satelital contra la falta de transparencia
Un aspecto crítico del EPI 2026 es su salto tecnológico. A diferencia de ediciones anteriores que dependían en gran medida de los reportes oficiales y de las promesas climáticas de los gobiernos, en esta oportunidad más de la mitad de los indicadores utilizan tecnología de IA y mediciones satelitales independientes. Por lo tanto, esta metodología ha permitido a los investigadores internacionales rastrear con precisión la deforestación real. También pueden medir la contaminación del agua y la calidad del aire en territorios donde los datos del Estado suelen ser inexistentes o estar desactualizados.
Esta fiscalización satelital expone crudamente la realidad peruana, donde los bosques amazónicos y las áreas de conservación sufren una presión constante. Por otro lado, el escrutinio internacional refleja el impacto directo de los pasivos ambientales históricos. Además, muestra el avance de economías ilícitas, como la minería ilegal y la tala no autorizada. Estas degradan de manera tangible la vitalidad de los ecosistemas nacionales.
La tensión entre extractivismo y conservación
Los números publicados por la Universidad de Yale confirman desde la academia lo que los especialistas ambientales advierten constantemente desde el terreno: la gestión ecológica en el Perú se encuentra en un punto crítico. La posición 87 a nivel global (en un ranking que este año es liderado por Estonia, Luxemburgo y el Reino Unido, mientras relega a Laos al último lugar) demuestra que el enfoque de superponer agresivamente actividades económicas sobre áreas vulnerables compromete la sostenibilidad a largo plazo.
El desempeño del país en el índice internacional subraya la urgencia de abandonar el estancamiento burocrático y fortalecer la fiscalización estatal. Mientras las políticas públicas continúen viendo a los ecosistemas como simples proveedores de recursos en lugar de patrimonios naturales que requieren protección y desarrollo bioeconómico, el Perú seguirá cediendo terreno en los indicadores globales de sostenibilidad.
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