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por Redacción RPP
Actualizado el 18 de Set, 2026 9:03 pmEl abogado Carlos Caro señaló que este caso de presunta agresión sexual contra un estudiante debe constituir un precedente claro sobre las responsabilidades de los menores y de los adultos.
El caso de la presunta agresión sexual contra un estudiante de 16 años a bordo de un autobús escolar del Liceo Naval Almirante Guise, ubicado en el distrito limeño de San Borja, ha generado conmoción.
En entrevista con el programa Las cosas como son, de RPP TV, el abogado penalista Carlos Caro advirtió que las implicancias del caso no se limitan a los supuestos ejecutores directos del hecho, sino que comprometen a los adultos del plantel educativo que hayan omitido sus deberes de prevención y denuncia.
Respecto a las obligaciones institucionales, el especialista explicó que las entidades educativas no poseen discrecionalidad, sino un mandato legal estricto para proteger a los alumnos mediante protocolos de seguridad.
"Los colegios tienen la obligación de implementar estos protocolos de prevención", dijo Caro.
Asimismo, precisó el impacto legal que esto genera para los directivos del colegio. "Si no lo han hecho, evidentemente eso agrava la responsabilidad del colegio tanto en el plano administrativo como eventualmente en el plano penal. Me refiero específicamente a los que tienen la dirección del colegio por no haber cumplido ese deber que les impone la ley", expresó.
¿Omisión de denuncias?
Según informes periodísticos, dos trabajadores del Liceo Naval Almirante Guise y el chofer del bus estaban presentes durante el traslado en el que supuestamente se produjo la agresión sexual contra el estudiante.
"Estas personas tenían que haber advertido algo antes o después. Si en el momento no se dieron cuenta, una vez que conocieron el hecho, tendrían que haber denunciado. Lo mismo el colegio", dijo.
En ese sentido, Caro manifestó que la falta de alerta oportuna configura una eventual infracción penal por omisión de denuncia. "Eso es algo que puede implicar responsabilidades penales para los adultos, por lo menos por omisión de denuncias", enfatizó.
Ante ello, Caro señaló la importancia de que el sistema judicial establezca responsabilidades claras.
"Este tendría que ser un leading case en el sentido de marcar un precedente respecto a lo que son las responsabilidades, no solo de los menores, sino también de los adultos que están detrás. Me estoy refiriendo en concreto al colegio, al sistema educativo y a los profesores que en el caso concreto habrían omitido por lo menos este deber de denunciar el hecho tras conocerlo", puntualizó.
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