Cuatro bancadas del Senado presentaron una solicitud para remover del cargo al defensor del Pueblo, Josué Gutiérrez, bajo la causal de falta grave por una presunta actuación negligente en el cumplimiento de sus funciones. El pedido fue presentado por los partidos Juntos por el Perú, Buen Gobierno, Ahora Nación y Obras ante la Presidencia de la Cámara Alta, encabezada por Miguel Torres.

Entre los principales argumentos se citaron las declaraciones de Gutiérrez sobre un eventual cierre del Congreso y se plantearon cuestionamientos relacionados con contrataciones de personal en la Defensoría del Pueblo. Las bancadas aseguran que estos hechos justificarían iniciar el procedimiento para evaluar su permanencia en el cargo.

Cuestionamientos por sus declaraciones

Uno de los fundamentos está relacionado con las declaraciones que Gutiérrez brindó el 27 de agosto sobre la posibilidad de que la presidenta Keiko Fujimori disolviera el Congreso. En esa oportunidad, señaló que una eventual medida de ese tipo podría elevar el respaldo ciudadano hacia la mandataria y también mencionó un posible ahorro de S/3.000 millones al año.

En una entrevista con Canal N, Gutiérrez sostuvo que la presidenta no tendría solo el 60 % de respaldo que le atribuían algunas encuestas, sino que podría alcanzar más del 80 % en caso de cerrar el Parlamento.

“Si la señora Keiko Fujimori decide cerrar el Congreso yo le digo con toda sinceridad no tendría el respaldo de los 60 % que dice según las encuestas tiene respaldo, sino tendría mínimo más de 80 % como lo tuvo su padre en su momento”, afirmó.

Las cuatro bancadas consideraron que estas expresiones constituyen, según su posición, un cuestionamiento al funcionamiento del Parlamento fuera del marco legal. En un documento conjunto, calificaron los dichos como “un atentado contra la Constitución y el equilibrio de poderes” y señalaron que cuestionar la existencia o funcionamiento del Congreso sin respetar el marco legal constituye una acción antidemocrática.

Observaciones a contrataciones

El segundo fundamento está relacionado con cuatro casos de contrataciones e incorporación de personal en la Defensoría del Pueblo que fueron observados en un informe de control de la Contraloría. La solicitud menciona a Betbiary Mariel Díaz Coral, Lucía Yalán Cano, Nicole Marjhory Mingos Medrano y Margarita Yahuana Correa.

Según el documento presentado por las bancadas, los cuatro casos tendrían elementos comunes relacionados con contactos previos con el despacho del titular de la entidad, órdenes de servicio y posterior incorporación a la planilla. También se cuestiona que se hayan validado requisitos que, de acuerdo con el pedido, no estaban acreditados al momento de las contrataciones.

Los parlamentarios sostienen que la reiteración de estos casos comprometería las funciones de dirección y supervisión atribuidas al titular de la institución. La solicitud pide que estos antecedentes sean considerados dentro del procedimiento de evaluación de Gutiérrez.

¿Qué sigue con el pedido?

El procedimiento corresponde al Senado a través de la Comisión de Procedimientos Especiales. Esta instancia deberá evaluar los argumentos, solicitar los descargos correspondientes y elaborar un informe antes de que el caso sea sometido a consideración del Pleno.

Para aprobar la remoción se requiere el respaldo de dos tercios del número legal de senadores. De acuerdo con la composición de 60 integrantes de la Cámara Alta, la solicitud necesita 40 votos para declarar la vacancia del cargo.

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