El colegio Liceo Naval Almirante Guise, de San Borja, enfrenta su más grave crisis institucional.
Diez de sus alumnos permanecen detenidos por un caso de presunta violación sexual a un compañero de 16 años.
Los supuestos agresores son del quinto año de secundaria.
El hecho ocurrió dentro de una ‘combi’ escolar, luego de un campeonato de futsal el último martes.
Demanda
Según el acta policial, a la que accedió Correo, el menor agraviado, identificado con las iniciales J.L.T.M. (16), habría sido víctima de sus compañeros dentro de un bus escolar de regreso al colegio el pasado 15 de septiembre.
El padre del menor presentó la denuncia al día siguiente de ocurrido el hecho, el miércoles 16.
Fue así como dos efectivos de la Policía acudieron al colegio y entrevistaron a la directora del plantel Carito Indira Ayala Delgado, quien estaba acompañada por el abogado de la institución, César Alberto Chávez de la Peña.
El documento da cuenta que ocho de los diez menores investigados por presunta violación sexual estaban ese día en la sede educativa.
Ellos fueron B.B.L. (17), I.I.K.P. (17), M.L.M.V. (16), L.B.M.D. (17), M.R.M. (16), M.O.T.R. (16), S.B.A. (16) y V.R.A. (17).
Otros dos estudiantes, C.A.A.P. (16) habría faltado a clases y L.M.I.A (16) se encontraba estudiando a distancia.
Posteriormente, ambos se apersonaron junto a sus madres en la comisaría de San Borja.
La detención fue consignada por “presunta infracción a la ley penal – violación de la libertad sexual – violación sexual”.
El examen médico legal determinó indicios compatibles con una agresión de carácter sexual, así como lesiones traumáticas recientes en otras partes del cuerpo.
El informe también estableció la necesidad de una incapacidad médico-legal de al menos 4 días a la víctima.
El caso fue comunicado al representante del Ministerio Público, Mariano De La Torre Hernández, de la Séptima Fiscalía de Familia Lima Centro.
Despliegue
La Fiscalía informó que De La Torre dispuso la declaración del adolescente en Cámara Gesell y la recepción de los testimonios de los diez menores retenidos, además de otras diligencias urgentes.
Asimismo, reportó que los adolescentes permanecen en la Comisaría de Familia de Lima Bertha Gonzáles Posada Eyzaguirre, mientras avanzan las investigaciones.
🚨 #LoÚltimo | Séptima Fiscalía de Familia de Lima Centro inició investigación preliminar tras la denuncia de una presunta violación sexual, por parte de menores de edad del quinto año de secundaria de un centro educativo, en agravio de un estudiante de 16 años. Los hechos… pic.twitter.com/44GsmC6pwH
— Ministerio Público (@FiscaliaPeru) September 17, 2026
El Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables (MIMP) también se pronunció. La entidad activó su Programa Nacional Warmi Ñan para asistir al menor agraviado y a su familia.
“Brinda asistencia legal y soporte psicológico al menor de edad y su familia”, reza el comunicado del MIMP.
La cartera que dirige María Seminario adelantó que un equipo multidisciplinario participará en las diligencias que programe la Fiscalía.
#Lima | Ante el caso de un adolescente de 16 años, víctima de violencia sexual presuntamente cometida por compañeros de aula del Liceo Naval, en San Borja, el Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables, a través del Programa Nacional Warmi Ñan, brinda asistencia legal y… pic.twitter.com/ThVcN3VWq7
— Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables (@MimpPeru) September 17, 2026
Entre tanto, el colegio emitió un primer comunicado la noche del 16 de septiembre. La dirección calificó lo ocurrido como una “presunta agresión física” entre estudiantes durante un traslado deportivo. En redes sociales, generó indignación la forma en que minimizó el grave hecho.
“La violencia, el bullying y cualquier forma de maltrato no tienen cabida en nuestra comunidad educativa. De comprobarse responsabilidades, se aplicarán las medidas disciplinarias que correspondan, conforme a la normativa vigente y al reglamento institucional”, indicó el documento escrito por la dirección del plantel, sin la firma de algún representante.
Al informarse del caso, la Defensoría del Pueblo cuestionó la versión del colegio. Su vocera, Sandra Ramos, calificó de minimización el uso de la palabra “agresión física” para describir el ataque.
Incluso, la funcionaria confirmó de la presencia de adultos en el vehículo escolar. “De lo que nos han informado el colegio, ha habido dos personas mayores y esa es una de las preocupaciones. Eso está en investigación”, precisó.
En los exteriores de la comisaría, los medios de prensa recogieron las declaraciones de la docente Giovanna León, quien relató que enfrentó represalias internas por denunciar previamente situaciones irregulares en el plantel.
“Lo único que quiero es que nadie más sufra (...). Como profesora, puedo decir con orgullo que por lo menos dejé un granito de arena y no me quedé callada”, expresó León.
En esa línea, el director regional de Educación de Lima Metropolitana, Cornelio Gonzales, apuntó directamente contra el plantel y reveló que la institución ya conocía episodios previos de ‘bullying’ contra la víctima.
“Se ha pedido que sean específicos y contundentes porque no es un caso aislado. Ya sabían del hecho, ya sabían y la denuncia la ha hecho el padre de familia y no la ha hecho el colegio. Es algo que nos llamó mucho la atención”, cuestionó Gonzales.
De acuerdo al penalista Carlos Caro, en el proceso penal, el fiscal debe definir si solicita la medida de internamiento preventivo, pero este periodo solo tiene un plazo de 50 días. Es decir, luego de ese tiempo, los investigados deberán salir en libertad.
De acuerdo al Código Penal, la máxima sanción es de apenas seis años, señaló Caro Coria en Canal N.Por su parte, la abogada penalista Valeria Morón explicó a Correo la situación legal de los diez adolescentes detenidos. “Al tratarse de menores de edad, no se les aplica el mismo régimen que a una persona adulta. Su situación se encuentra regulada por el Código de Responsabilidad Penal de Adolescentes”, indicó.La especialista explicó el plazo que tiene la Fiscalía para definir la situación de los investigados. “La detención policial tiene un plazo máximo de 48 horas. Antes de que este plazo termine, la Fiscalía puede disponer la libertad de los adolescentes o solicitar al juez una internación preventiva”, precisó.Consultada sobre los cuatro investigados próximos a cumplir la mayoría de edad, Morón respondió lo siguiente. “Los adolescentes de 16 y 17 años sí pueden responder por una infracción a la ley penal, pero dentro del sistema de justicia penal adolescente, no como adultos”, sostuvo.
Panorama. Este caso se suma a una realidad nacional preocupante.
Entre enero de 2024 y agosto de 2026, el Ministerio de Educación (Minedu) registró 4,737 reportes de violencia sexual entre escolares.
El año 2024 concentró 1807 casos y el 2025 sumó 1732 reportes. Lo que va del 2026 acumula 1,198 reportes, hasta el pasado 31 de agosto.
Es la Dirección Regional de Educación de Lima Metropolitana que registra la mayor cantidad de casos: 1,565. Seguida de la DRE Arequipa (397) y DRE Piura (290).
Solo en Lima Metropolitana, cinco Unidades de Gestión Educativa Local (UGEL) concentran la mayor cantidad de reportes del país.
La UGEL 03 Cercado lidera con 325 casos. Le siguen San Juan de Miraflores con 257, San Borja con 240, Rímac con 222 y Ate con 198.
Estas cinco unidades educativas suman 1,242 reportes de violencia sexual entre estudiantes.
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