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por Redacción RPP
Actualizado el 18 de Set, 2026 12:56 amEl senador de Fuerza Popular, Jacques Rodrich, y la expresidenta del Consejo de Ministros, Ana Jara, analizaron en RPP el caso de la presunta agresión sexual a un menor de 16 años por parte de otros estudiantes.
El caso del colegio Liceo Naval Almirante Guise, ubicado en el distrito limeño de San Borja, a raíz de la denuncia por presunta agresión sexual contra un menor de 16 años ha generado una profunda repercusión política y social.
El senador de Fuerza Popular, Jacques Rodrich, cuestionó duramente la falta de supervisión de los adultos a cargo y la ausencia de responsabilidades.
"¿Y los adultos que estaban en el bus no se dieron cuenta lo que estaba sucediendo? ¿Están presos? Creo que no hay responsabilidad. Y si hay algo que en el Perú carecemos es responsabilidad", se preguntó el legislador en una entrevista con el programa Prueba de fuego, de RPP TV.
El supuesto abuso se habría producido en un autobús donde los alumnos regresaban de disputar un torneo escolar de fútbol.
Sobre la conducta de los involucrados, Rodrich señaló que "los chicos fueron unos salvajes, no hay ninguna duda, que son inimputables porque las leyes así lo dicen".
Rodrich Ackerman sostuvo que la atención pública sobre el suceso responde al perfil socioeconómico del colegio. "Este caso tiene resonancia porque son hijitos de papá, hijitos de familia, de clase media alta, en un colegio privilegiado. Esto sucede todos los días en todos los colegios del Perú", remarcó.
En cuanto a la administración de la institución educativa, el parlamentario planteó cambiar el esquema de gestión de las escuelas vinculadas a las fuerzas armadas. "La Marina de Guerra del Perú su función no es manejar escuelas, su función es otra. El Colegio de la Marina o el del Ejército o el de la FAP deben estar regentados por el Ministerio de Educación", manifestó.
"Creo que Maranguita (Centro Juvenil de Diagnóstico y Rehabilitación de) por un par de semanas no le haría daño a estos muchachos, para que aprendan lo que es pagar una culpa", añadió.
La normalización de la violencia
Por su parte, la abogada y expresidenta del Consejo de Ministros, Ana Jara, consideró que la agresión sexual ocurrida es reflejo de un problema mayor derivado de los "retrocesos en las políticas públicas de igualdad y enfoque de género", así como de la "erradicación de la educación sexual integral" por parte del Ministerio de Educación.
En el programa Las cosas como son, advirtió que estas deficiencias han provocado que la sociedad y los propios adolescentes hayan "normalizado la agresión sexual" en su vida cotidiana, al punto de que a los testigos del ataque les pareció una conducta "no grave" y "no acudieron en auxilio de la víctima".
Jara Velásquez remarcó que lo ocurrido "no puede ser calificado de otra manera que agresión sexual, no de violencia, no de bullying".
Respecto a la situación legal de los presuntos agresores menores de edad, la exministra explicó que el Código de los Niños y Adolescentes establece sanciones privativas de libertad de entre 6 y 10 años en centros juveniles de diagnóstico y rehabilitación como Maranguita.
Una vez cumplida la mayoría de edad, los infractores deberán ser trasladados a un pabellón especial en el Callao para completar su condena, recordando que "toda infracción a la ley tiene sanción".
Jara apuntó también que las agresiones psicológicas, físicas y sexuales en el ámbito escolar dejan huellas profundas y constituyen "un problema estructural silente que solo lo conocemos la sociedad a través de casos emblemáticos como este".
Agregó que esta crisis invisibilizada afecta con mayor dureza a las zonas vulnerables como Condorcanqui, en la región de Amazonas, donde niñas y adolescentes sufren abusos "con el agravante, además, de haber sido violentada sexualmente en sus hogares, en sus colegios, contraer enfermedades mortales como el sida y que no tengamos políticas de salud, presencia del Estado, postas médicas" ni intérpretes judiciales para procesar sus denuncias.
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