ProInversión informó que, como “hito fundamental”, aprobó este jueves el “Protocolo para la canalización y disposición de los flujos” derivados de las operaciones autorizadas en el marco del Decreto de Urgencia N° 003-2026 sobre Petroperú.

Este es el dispositivo legal que autorizó el apoyo financiero a la petrolera estatal por US$ 2,000 millones. Según la agencia, el protocolo establece “una arquitectura de control rigurosa” para administrar los recursos destinados a asegurar la continuidad operativa de la empresa estatal.

Bajo este esquema, se establece obligatoriamente que el financiamiento “puente inicial” de US$ 500 millones es de carácter estrictamente transitorio y está vinculado de forma indisoluble a la operación principal.

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Una vez concretados los US$ 2,000 millones, este puente quedará íntegramente cancelado y absorbido por el financiamiento mayor. El Estado busca garantizar así que la exposición de esta operación tiene un techo único, definido y definitivo.

El protocolo también fija la gobernanza fiduciaria de parte de ProInversión, recayendo la administración de los flujos sobre su responsabilidad.

“Será la agencia quien determine, autorice y ejecute la liberación de cada flujo, estableciendo un mecanismo de trazabilidad impecable, con medidas de salvaguarda ante cualquier intento de uso no autorizado”, se lee en el comunicado al respecto.

También se recalcó el fin único y exclusivo de los fondos prestados a Petroperú: su continuidad operativa. Se precisó, vía el protocolo, que los flujos serán canalizados de manera inalterable para garantizar el suministro y compra de crudo, permitiendo a las refinerías operar a máxima carga.

Al asegurar la materia prima, se garantiza el abastecimiento nacional, activando el ciclo de conversión de efectivo y la generación de ingresos de la compañía, de acuerdo a ProInversión. El protocolo es público y puede revisarse dando click aquí.

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