Un juez ordenó este miércoles el traslado inmediato del expresidente Luis Arce (2020-2025) a un centro oncológico especializado para que reciba un “tratamiento adecuado” por el cáncer que padece, mientras permanece detenido preventivamente desde diciembre por un caso en el que se le acusa de corrupción.

La decisión responde a una acción de libertad presentada por familiares de Arce y concede una tutela que ordena su “internación inmediata” y establece las condiciones para garantizar su atención médica mientras permanece bajo custodia.

El abogado del exmandatario, Fernando Rivadeneyra, dijo a EFE que Arce no se ha sometido a una revisión médica desde que fue detenido, pese a que la última indicación médica, en octubre, establecía controles cada seis meses.

Rivadeneyra expresó su preocupación por que la enfermedad “se haya descontrolado” y señaló que la defensa había solicitado desde el ingreso de Arce en prisión autorización para que pudiera acudir a controles médicos, sin que el juez la hubiera concedido.

El abogado recordó que Arce padece también una enfermedad renal y que el cáncer le fue diagnosticado en 2017, cuando era ministro de Economía durante el Gobierno de Evo Morales (2006-2019).

Según Rivadeneyra, los médicos en Bolivia llegaron entonces a desahuciar al exministro, pero un tratamiento iniciado posteriormente en Brasil permitió controlar la enfermedad.

Revisión del caso

La resolución judicial también dispone que un juez de garantías convoque una audiencia para revisar la situación jurídica de Arce y evaluar la aplicación de medidas cautelares.

Por su parte, el viceministro de Transparencia, Yamil García, dijo este miércoles que “debe llamar la atención” que la decisión haya sido adoptada por un juez de Santa Cruz, pese a que el proceso contra Arce se tramita en La Paz, sede del Gobierno boliviano.

Arce permanece detenido preventivamente desde diciembre en una prisión de La Paz por una investigación relacionada con su gestión como ministro de Economía durante el Gobierno de Morales.

La Fiscalía lo acusa de haber autorizado la transferencia de recursos públicos a cuentas particulares de dirigentes campesinos para financiar proyectos que resultaron fallidos.

El exmandatario también está procesado por presunta legitimación de ganancias ilícitas junto con su hijo mayor, Marcelo, quien permanece detenido preventivamente en Santa Cruz. Sus otros hijos, Rafael y Camila, también están incluidos en la investigación, aunque se desconoce su paradero.

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