La jueza suprema e integrante del Consejo Ejecutivo del Poder Judicial, Elvia Barrios, advirtió sobre las dificultades que enfrenta el Estado para atender los casos de violencia sexual contra menores de edad en Condorcanqui, Amazonas.

En entrevista con Canal N, señaló que una comisión de expertas de la Organización de los Estados Americanos (OEA) visitó la provincia y reconoció los avances del Poder Judicial, pero identificó mayores carencias en otras instituciones del sistema de justicia.

“Por eso por lo que en esta oportunidad el Poder Judicial dijo, necesitamos que la Comisión de la OEA, haga una verificación sobre el estado situacional de las instituciones. No para que nos haga una auditoría, sino para que nos den asistencia técnica”, dijo.

Barrios informó que entre enero y agosto de 2026 se emitieron 623 medidas de protección y se registraron 397 casos de violencia en Condorcanqui, además de 142 decisiones finales en materia penal.

Indicó que el Poder Judicial cuenta con juzgados especializados, equipos multidisciplinarios, cámaras Gesell, traductores de awajún y tres deslizadores para facilitar el traslado del personal. Sin embargo, persisten problemas de conectividad, servicios básicos, alojamiento y falta de psicólogos y hogares de refugio para las víctimas.

La magistrada señaló que algunas menores deben ser trasladadas hasta Moyobamba para alejarlas de sus agresores debido a la falta de espacios de protección. Asimismo, consideró necesario fortalecer instituciones como el Ministerio Público, la Policía Nacional y el Ministerio de la Mujer, además de implementar unidades de flagrancia. Barrios también cuestionó que la violencia sexual contra menores sea atribuida a determinadas prácticas culturales y sostuvo que no se debe responsabilizar a las comunidades awajún o wampis por los delitos cometidos contra niñas y adolescentes.

Minería ilegal

Durante su visita a la zona, la jueza también alertó sobre la expansión de la minería ilegal en los ríos de Condorcanqui. Relató que observó numerosas dragas entre Santa María de Nieva, Utupis y Cenepa y recibió información sobre la presunta utilización de menores en labores de buceo para extraer oro.

Consideró que estos hechos podrían involucrar delitos de explotación laboral y trata de personas, además de minería ilegal, y advirtió sobre la contaminación de los ríos por el uso de sustancias como el mercurio.

Finalmente, Barrios sostuvo que la limitada presencia del Estado dificulta el control de las comunidades más alejadas y alertó que la expansión de la minería ilegal podría generar una situación similar a la de La Pampa, en Madre de Dios, si no se adoptan medidas.

Por ello, planteó mapear las comunidades, identificar riesgos y condiciones de seguridad y desarrollar una estrategia coordinada entre las instituciones públicas, con enfoque intercultural y presencia efectiva en las zonas más alejadas.

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