¿Desarrollo sostenible o industrias extractivas? El debate volvió a encenderse en la Comisión de Medio Ambiente y Sostenibilidad de la Cámara de Diputados. Durante la presentación de su plan de trabajo, el ministro del Ambiente, Vladimiro Huaroc, sentó una postura controversial frente a las Áreas Naturales Protegidas (ANP). Específicamente, descartó abiertamente que estas deban ser tratadas como «museos vivientes» y justificó su apertura a la inversión.

Aunque Huaroc aseguró que las ANP siguen siendo el «corazón» de su política y que ningún proyecto las afectará, garantizó que el aprovechamiento económico en estos territorios se viabilizara bajo estrictos estándares ambientales. Además, para sustentar su posición, el ministro recordó a la comisión que actualmente 25 de estas áreas de reserva ya conviven con la presencia de inversiones petroleras y gasíferas.

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En las 20 páginas del pedido de facultades, el Ejecutivo solicita autorización para promover la inversión privada en la exploración, explotación y almacenamiento de hidrocarburos. (Composición: Inforegión)

Esta visión, sin embargo, choca frontalmente con las alertas de la sociedad civil y de especialistas. Organizaciones como la Sociedad Peruana de Derecho Ambiental (SPDA) y Derecho Ambiente y Recursos Naturales (DAR), advierten de manera constante que permitir actividades industriales y extractivas dentro de las ANP desnaturaliza su fin supremo de conservación. Así, estas actividades exponen la biodiversidad y a las comunidades locales a pasivos ambientales que el Estado aún tiene dificultades para fiscalizar y remediar.

Freno a la minería ilegal y trabajo con comunidades

Donde sí se evidenció un consenso cerrado entre el Minam y las diferentes bancadas fue en la necesidad de frenar a las economías ilícitas. Huaroc informó que, en sus primeros 48 días de gestión, se ha priorizado la contención de la degradación territorial:

  • Se han ejecutado intervenciones de erradicación conjunta con el Ministerio Público, el sector Defensa y la Marina de Guerra.
  • Las acciones directas se han concentrado en zonas críticas tomadas por la minería ilegal, como La Pampa (Madre de Dios) y la cuenca del río Nanay (Loreto).
  • El Minam reafirmó el rol de las comunidades indígenas como «socias estratégicas», impulsando con ellas el desarrollo de actividades productivas basadas en la bioeconomía.
Esta visión, sin embargo, choca frontalmente con las alertas de la sociedad civil y de especialistas. (Foto: Difusión)

Burocracia y el destrabe de las certificaciones

Otro de los puntos críticos de la jornada, exigido por el presidente de la comisión, Arturo Alegría, fue la urgencia de abandonar el «estancamiento» y la excesiva burocracia del sector.

Actualmente, el Sistema Nacional de Evaluación del Impacto Ambiental (SEIA) es uno de los mayores cuellos de botella. Por ejemplo, la evaluación de los estudios de impacto ambiental detallados (EIA-d) toma alrededor de 350 días. Esto supera de lejos el plazo legal de 120 días. Las demoras, según el ministro, se deben a expedientes incompletos y a la falta de criterios comunes entre las entidades estatales.

Para agilizar estos procesos, el Minam ha renovado la presidencia del OEFA y reforzado al Senace, apostando por la trazabilidad digital de los expedientes. Además, el Ejecutivo ha solicitado facultades legislativas para optimizar el SEIA y reforzar la protección del personal del Sernanp durante sus labores de campo. Finalmente, desde el Legislativo se exigió que esta agilización de trámites no signifique desprotección. Los diputados demandaron garantizar la sostenibilidad del recurso hídrico para el agro frente al avance minero. También pidieron resultados concretos para detener la alarmante deforestación amazónica y un respeto irrestricto a los derechos de los pueblos originarios.

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