No tenemos la menor duda que a Josué Gutiérrez el cargo de defensor del Pueblo le ha quedado inmenso. Su designación fue producto de un oscuro acuerdo entre la izquierda cerronista y el fujimorismo del Congreso anterior, que dio pase a un personaje sin pergaminos académicos, profesionales ni políticos. De asesor de algún legislador irrelevante de Perú Libre o Juntos por el Perú, no debió pasar.

El domingo informamos en Correo Lima acerca de su interés por salir en defensa, a través recursos legales, de personajes como Dina Boluarte, Daniel Urresti, Betssy Chávez, Martín Vizcarra, y por frenar los cambios urgentes que necesita Petroperú, ello pese a que la institución que jefatura debería concentrarse en los más vulnerables. Ayer hemos sabido que también está abogando por Guillermo Bermejo.

Este antiguo ayayero de Nadine Heredia y abogado de Vladimir Cerrón, hace poco hizo una apología al cierre del Congreso, mientras organizaba una pachanga bailable con grupos musicales por los 30 años de la Defensoría, cuando hay tantos asuntos delicados en los que debería centrarse. ¿No era mejor hacer un evento académico que permita sacas conclusiones interesantes?

Como cereza en el pastel, Cuarto Poder ha sacado que Gutiérrez elabora sus informes de viajes oficiales con recursos públicos, recurriendo al “copia pega” de documentos pasados. Una vergüenza. Una bancada del Senado está pidiendo su salida del cargo. Es una opción que no debería descartarse.

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