Fenómeno El Niño: El hambre que se viene

Según el módulo de Seguridad Alimentaria de la Enaho 2025, el 30.5% de los peruanos vive en inseguridad alimentaria moderada, cuando ha reducido porciones, ha eliminado alimentos de su dieta, o se ha tenido que saltar alguna comida; o severa, el peor de los casos, cuando ha pasado al menos un día sin comer. El INEI calcula que más de 1.1 millones de personas atravesaron esa última situación en el último año. Sobre esa base, ya deteriorada, se sumará ahora El Niño, el costero y el global, y todo indica que golpeará con fuerza, no solo la infraestructura y la economía, sino también nuestra capacidad de alimentarnos.

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Los efectos no serán iguales para todos. Dependerán de dónde vivamos, de cuántos recursos tengamos para amortiguar el golpe y de a qué nos dediquemos. Pero conviene ser claros: nadie quedará completamente al margen.

El primer canal, el más evidente, es el que afecta directamente a las familias: pierden vivienda, cultivos, ganado o acceso a la pesca y ven caer sus ingresos de un día para otro. A la pérdida de ingresos se suma, con frecuencia, la interrupción del abastecimiento en sus propias comunidades: menos dinero en el bolsillo y menos alimentos disponibles al mismo tiempo.

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Hay un segundo canal, menos visible, que no lo pierde todo, pero igual sufre. La falta de invierno en la costa y las alteraciones en las temporadas de lluvia y los friajes ya vienen afectando cosechas: hay frutales que este año simplemente no produjeron. Menor oferta agropecuaria significa menores ingresos para los productores, menos alimentos para el autoconsumo y, tarde o temprano, precios más altos para el resto del país.

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A esto se añade el riesgo sobre la infraestructura de comercialización. Un huaico que corta una carretera, un puente que se cae, un mercado mayorista inundado: cualquiera de estos eventos basta para que los alimentos no lleguen a su destino o se malogren en el camino. El resultado es siempre el mismo, menor oferta y mayores precios.

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Y todavía falta un canal adicional, propio de este año: las sequías en la sierra sur están reduciendo la producción de la campaña grande, la principal cosecha serrana. La cosecha que viene será menor, lo que incrementará los precios de los alimentos provenientes de esa región y prolongará los efectos adversos de El Niño sobre la alimentación más allá de mayo de 2027.

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Incluso quienes no sufran ninguna de estas afectaciones directas sentirán el impacto en su bolsillo. El IPE calcula que un Niño costero fuerte restó más de un punto al PBI en el 2017 y el 2023. La inflación alimentaria que ya veníamos arrastrando –explicada en buena parte por los altos precios de la energía y los combustibles– subirá ante la menor oferta de alimentos. Los precios seguirán subiendo, nos guste o no.

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Nada de esto debería sorprendernos. Sabemos cómo El Niño afecta la seguridad alimentaria porque ya lo hemos vivido, y conocemos la magnitud del problema de fondo: casi un tercio del país ya convive con inseguridad alimentaria antes de que el fenómeno se manifieste con toda su fuerza. Tenemos la evidencia, tenemos la experiencia previa y todavía tenemos algo de tiempo.

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Lo que no tenemos es una estrategia visible de anticipación. No hay señales claras de que se esté preparando un sistema de transferencias o de asistencia alimentaria capaz de activarse rápidamente en las zonas que sabemos que serán las más golpeadas, o para atender los riesgos alimentarios de grupos particularmente vulnerables. No hay señales de que se esté preparando un plan de contingencia para los asuntos referidos a la alimentación, no se está reforzando la infraestructura crítica de comercialización antes de la temporada de lluvias más intensas. Y no hay señales de que se estén generando planes de acción para proteger, de manera prioritaria, la alimentación de la niñez, que es siempre quien paga el precio más alto en estos eventos.

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Esto no es nuevo para nosotros. Perú ya diseñó, en episodios anteriores, mecanismos de transferencias monetarias de emergencia y protocolos de asistencia alimentaria focalizada (a través del Programa de Alimentación Escolar o del Programa de Complementación Alimentaria que trabaja con municipios) que funcionaron razonablemente bien cuando se activaron a tiempo. El problema nunca ha sido la falta de instrumentos; ha sido la lentitud –o directamente la ausencia– de la decisión política para activarlos antes de que el daño esté hecho. Anticiparse cuesta menos, en dinero y en vidas, que reparar.

Carolina Trivelli es investigadora principal del IEP.

Magister en Economía Agraria por The Pennsylvania State University y Economista de la Pontificia Universidad Católica del Perú (PUCP). Ex Ministra de Desarrollo e Inclusión Social.

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