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por Redacción RPP
Actualizado el 14 de Set, 2026 12:07 pmJosé Luis Capella, director de Bosques y Servicios Ecosistémicos de la SPDA, dijo en RPP que la organización revisó la solicitud de facultades y su exposición de motivos, e identificó aspectos que requieren un debate más amplio antes de una eventual delegación de competencias.
Compartir Actualidad Advierten sobre posibles modificaciones a reglas de protección de áreas naturales y pueblos indígenas en facultades legislativas Advierten sobre posibles modificaciones a reglas de protección de áreas naturales y pueblos indígenas en facultades legislativas 00:00 · 05:12La Sociedad Peruana de Derecho Ambiental (SPDA) advirtió sobre posibles modificaciones a las reglas de protección de áreas naturales y de los pueblos indígenas en aislamiento y contacto inicial (PIACI), en relación con el pedido de facultades legislativas presentado por el Ejecutivo.
José Luis Capella, director de Bosques y Servicios Ecosistémicos de la SPDA, señaló en Ampliación de Noticias que la organización revisó la solicitud de facultades y su exposición de motivos, e identificó aspectos que requieren un debate más amplio antes de una eventual delegación de competencias.
Cambios en áreas naturales protegidas
Capella explicó que uno de los puntos observados está relacionado con el Sistema Nacional de Áreas Naturales Protegidas por el Estado y la Ley de Áreas Naturales Protegidas, vigente desde 1997 y reglamentada en 2001.
Según el especialista, la ley establece restricciones para realizar actividades extractivas en determinadas categorías de áreas protegidas, como parques nacionales y santuarios.
"Esas reglas de juego dentro de la Ley de Áreas Protegidas nos dicen que tenemos áreas que son muy importantes, que son los parques y santuarios, que son en donde se prefiere no hacer actividades consuntivas como la explotación de minerales o los hidrocarburos", explicó.
Dicha regla, de acuerdo con Capella, sería "trastocada" con el objetivo de promover inversiones, principalmente en hidrocarburos.
"Consideramos que debería ser parte de un debate mucho mayor, no solamente uno de días, y que luego pase a una delegación de competencias para no encontrarnos con un decreto legislativo que cambie las reglas de juego de algo tan importante que ha perdurado más de 30 años", refirió.
Consultado sobre las zonas donde existe el riesgo de aplicarse estos cambios, Capella mencionó el Parque Nacional Bahuaja Sonene, ubicado entre las regiones de Madre de Dios y Puno.
El especialista destacó particularmente la zona del Candamo, donde "ya se ha probado" la existencia de hidrocarburos; pero que también es un área de alta biodiversidad y de importancia para los pueblos originarios.
"Lo que parece estar en la exposición de motivos es que se quisiera retirar esa zona del Candamo de su condición de área protegida para promover inversiones, en este caso, de hidrocarburos", afirmó.
Capella señaló que, con la legislación actual, no es posible realizar aprovechamiento de hidrocarburos en parques nacionales y santuarios, debido a una regla de exclusión.
"Si se quiere discutir esa regla, creemos que es necesario un proceso distinto a simplemente una delegación de competencias y un decreto legislativo que encontraremos en El Peruano en octubre o noviembre y que generará seguramente más problemas que soluciones", sostuvo.
Posible aplicación del silencio administrativo positivo
Otro de los aspectos alertados por la organización se relaciona con la posibilidad de aplicar el silencio administrativo positivo a determinadas certificaciones ambientales.
Capella explicó que este mecanismo implicaría que, ante la falta de respuesta del Estado dentro de un plazo establecido, una solicitud pueda considerarse aprobada.
El especialista cuestionó que este mecanismo pueda aplicarse a decisiones vinculadas con asuntos ambientales y de biodiversidad que requieren una evaluación técnica por parte del Estado.
"Cuando nos enseñan derecho público, nos dicen: las cosas más importantes siempre requieren una respuesta del Estado. Aquello que es sensible, como el ambiente, los derechos humanos, la biodiversidad, requiere siempre que el Estado diga algo", señaló.
Añadió que una eventual aprobación automática por el transcurso del plazo podría dejar de lado evaluaciones técnicas y procesos de participación que, según sostuvo, son relevantes en asuntos relacionados con el ambiente, los derechos humanos y la biodiversidad.
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