En el Perú, los programas de reducción de emisiones (REDD+) están experimentando un cambio de paradigma frente a la necesidad de proteger los derechos territoriales. Ahora, la atención ya no se centra exclusivamente en la medición de carbono ambientalmente verificable. Más bien, se prioriza garantizar que estas iniciativas respeten y beneficien a las comunidades locales y pueblos indígenas (PPII). Sin embargo, alcanzar la llamada «alta integridad» social sigue siendo un desafío operativo. Esto ocurre porque el Estado, las empresas, las ONG y las organizaciones indígenas tienen visiones distintas sobre su aplicación.

De acuerdo con un reciente reporte de Landscape Alliance (CIFOR e ICRAF), la alta integridad busca superar el estándar básico de «no causar daño». El objetivo es integrar equilibradamente los criterios ambientales y sociales. Así se asegura la solidez climática de los créditos y, al mismo tiempo, se logran resultados positivos tangibles para las comunidades.

Diferentes miradas frente al mercado

El análisis, basado en entrevistas a diversos actores del sector, revela que cada grupo define la alta integridad según sus propias prioridades:

La atención ya no se centra solo en medir el carbono, sino también en asegurar que estas iniciativas respeten y beneficien a las comunidades locales y pueblos indígenas. (Joaquín Boluarte / Kowen Antami)
  • Organizaciones indígenas: Priorizan criterios socioculturales como el reconocimiento de su gobernanza. Además, defienden el enfoque del REDD+ Indígena Amazónico (RIA), impulsado por AIDESEP, el cual propone una mirada integral basada en la autonomía y la justicia climática.
  • ONG: Vinculan la integridad con el ejercicio efectivo de los derechos humanos. Asimismo, enfatizan que un reparto justo exige que el 70% del valor de los créditos se dirija a quienes cuidan directamente el bosque.
  • Sector privado: Priorizan la seguridad jurídica a través de los derechos sobre la tierra y la titulación. Esto se debe a los altos costos y tiempos prolongados que generan los problemas de superposición.
  • Expertos y Estado: Sostienen que contar con derechos definidos y una distribución clara de beneficios son condiciones previas innegociables. Además, recomiendan gestionar las altas expectativas económicas de las organizaciones locales.

El hito global del JREDD+ Indígena

En este escenario de múltiples visiones, destaca con fuerza la implementación del enfoque jurisdiccional (JREDD+) que el Perú adoptó desde 2013 para articular las iniciativas subnacionales con los compromisos nacionales sobre cambio climático. Esta iniciativa es impulsada de manera conjunta por el Ministerio del Ambiente (MINAM) y el Grupo Perú de Pueblos Indígenas. Dicho grupo está conformado por AIDESEP, CONAP y ANECAP.

Este esfuerzo conjunto ha sido catalogado como «el primer programa jurisdiccional REDD+ del mundo en tierras indígenas». Su diseño busca complementar al RIA a una escala jurisdiccional. Específicamente, se enfoca en territorios de Alta Cobertura Forestal y Baja Deforestación (HFLD, por sus siglas en inglés). De esta manera, el programa retoma elementos centrales de la agenda indígena. Así los inserta en un esquema formal vinculado a los estándares internacionales del mercado de carbono.

Protagonismo indígena, financiamiento y el reto de la consulta

Para las organizaciones originarias, el JREDD+ representa un avance sustancial. Líderes indígenas entrevistados en el estudio destacan que esta propuesta, concebida desde las propias organizaciones, los posiciona como protagonistas de la acción climática. Además, permite canalizar fondos y actividades directamente hacia las comunidades bases y fortalece la articulación política con el MINAM. A través del Grupo Perú, se busca consolidar una plataforma que fortalezca a los Ejecutores de Contrato de Administración (ECA) y otros ámbitos territoriales.

Para que los programas de carbono en el país alcancen una verdadera integridad social, el informe concluye que es indispensable la coherencia de políticas. (Joaquín Boluarte / Kowen Antami)

No obstante, el estudio de Landscape Alliance advierte sobre un riesgo latente. El principal desafío del JREDD+ es garantizar que la lógica técnica de los créditos de carbono no termine reduciendo o invisibilizando la agenda política más amplia del RIA.

Aunque la iniciativa posee un alto potencial, actores estatales, como una exdirectora del MINAM consultada para el estudio, advierten que es prematuro calificar al JREDD+ de alta integridad, pues se encuentra en una etapa preliminar. La hoja de ruta y el plan de trabajo del programa aún deben ser consultados con las comunidades. La verdadera consolidación de este modelo dependerá de que el Consentimiento Libre, Previo e Informado (CLPI) sea efectivo. Además, dependerá de que los beneficios alcancen de manera real a todas las comunidades implicadas.

El desafío de la coherencia política

Para que los programas de carbono en el país alcancen una verdadera integridad social, el informe concluye que es indispensable la coherencia de políticas. De poco servirá que las comunidades amazónicas gestionen bien sus territorios, si el Estado no alinea sus políticas de inversión, concesiones, titulación y control de la ilegalidad con los objetivos de conservación climática. Además, las presiones externas originadas por estas contradicciones normativas pueden terminar socavando tanto los resultados climáticos como la integridad de los bonos.

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