La pregunta, en ese contexto, no es necesariamente cuánto comunica el Gobierno, sino qué comunica, cómo lo hace, quién lo comunica y si existe una línea común detrás de esos mensajes.
Carlos Helfer, especialista en comunicación política y profesor de la Escuela de Gestión Pública de la Universidad del Pacífico, considera que lo observado hasta ahora responde más a una comunicación reactiva que a una estrategia planificada. A su juicio, el Gobierno viene respondiendo a problemas una vez que estos ya están instalados, en lugar de anticiparse a ellos.
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“Comunicar más no necesariamente es comunicar mejor”, sostiene Helfer. Para el especialista, los distintos frentes que enfrenta el Ejecutivo deberían atenderse de manera jerarquizada y con mensajes diferenciados por sector, en lugar de seguir una lógica de exposición constante.
Una presidenta que termina apagando incendios
Uno de los principales problemas que identifica Helfer es que la presidenta estaría asumiendo un papel cada vez más central como correctora de los problemas comunicacionales generados por sus propios ministros.
“La presidenta termina apagando los incendios que sus propios ministros encienden”, señala. Según explica, buena parte de las crisis comunicacionales registradas en estas semanas no provienen de hechos externos al Gobierno, sino de declaraciones o descoordinaciones de integrantes del propio gabinete.
La exposición presidencial, por tanto, tiene una doble lectura. Por un lado, aporta liderazgo y agilidad para responder. Por otro, puede generar un desgaste si la presidenta debe intervenir constantemente para ordenar o corregir mensajes sectoriales.
“Mientras sea ella quien resuelva los problemas que generan sus ministros —y no ellos quienes lideren o corrijan— cada crisis sectorial terminará escalando directamente a la Presidencia”, advierte Helfer.
Este escenario adquiere especial relevancia porque, según el especialista, existe una brecha entre la promesa inicial del Gobierno de ordenar la gestión y lo que muestran algunas de sus primeras respuestas. “La realidad parece estar rebasando esa narrativa, y esa brecha entre lo prometido y lo ocurrido le impide anticiparse; solo puede reaccionar en el momento, lo cual también tiene un costo de desgaste político”, sostiene.
El riesgo de que una crisis se convierta en un problema de confianza
Cuando las autoridades ofrecen versiones contrapuestas sobre un mismo hecho, explica, la discusión deja de concentrarse exclusivamente en el problema de seguridad y pasa a involucrar la capacidad del Gobierno para responder de manera conjunta.
Para el especialista, este punto resulta especialmente delicado en una gestión cuya premisa inicial fue precisamente la de imponer orden. Si las instituciones transmiten versiones diferentes, “lo que se transmite no es solo descoordinación, sino incapacidad para resolver el problema y para articular una respuesta conjunta”.
Por ello, plantea que durante una crisis de seguridad la vocería debería centralizarse en una sola autoridad o en un vocero específicamente designado para articular las distintas versiones antes de que cada institución comunique por separado.
También en redes sociales
La comunicación directa de Fujimori mediante redes sociales también plantea un desafío. Helfer considera que estos canales tienen un potencial importante para conectar rápidamente con la ciudadanía, pero advierte que el riesgo aparece en la manera en que se utilizan.
El problema, señala, no es la herramienta, sino “qué se dice, en qué momento y con qué palabras” durante las transmisiones en vivo.
El contenido que termina circulando tampoco necesariamente es el que el Gobierno considera más importante. Según Helfer, los fragmentos que adquieren mayor difusión pueden ser aquellos que generan más interacción, aunque correspondan a la faceta más liviana de la presidenta y no necesariamente a los aspectos centrales de su gestión.
La advertencia coincide con la mirada de Renzo Mazzei, profesor de la Facultad de Comunicación de la Universidad de Lima, quien considera que una estrategia digital no puede limitarse a producir un mismo contenido para todas las plataformas.
Para Mazzei, cada canal tiene públicos, lenguajes, formatos y dinámicas diferentes. Antes de producir un mensaje, el Gobierno debería definir qué necesita comunicar, a quién quiere llegar, en qué plataforma está ese público y qué espera que comprenda o haga después de recibir la información.
“Una institución pública no debería preguntarse primero cómo hacerse viral, sino a quién tiene que llegar y qué requiere que esa persona comprenda”, explica.
En esa línea, la viralidad puede ser un medio, pero no el objetivo. El verdadero indicador debería ser si el mensaje llegó al público correspondiente, fue comprendido y produjo el efecto esperado: informar, orientar, prevenir, explicar una decisión o contribuir a generar confianza.
El problema no es solo qué se anuncia, sino cuándo se concreta
Otro de los puntos que los especialistas consideran relevantes es el pedido de facultades legislativas. Fujimori anunció el 28 de julio que solicitaría facultades, pero el proyecto fue aprobado por el Consejo de Ministros el 27 de agosto y enviado al Congreso al día siguiente.
Para Helfer, el periodo entre el anuncio político y la concreción de la medida también puede generar un problema de comunicación y de gestión de expectativas. A ello se sumó, según explica, la filtración del documento, que abrió un debate mientras el Gobierno no terminaba de explicar públicamente los alcances de su pedido.
“En ese vacío, los ministros no se ocuparon de ampliar información a través de sus propias intervenciones”, señala.
Su recomendación es que, ante una medida de ese tipo, el Gobierno sea transparente y claro respecto de qué está solicitando. De lo contrario, advierte, el silencio puede ser llenado por interpretaciones de terceros y por información que el propio Ejecutivo no necesariamente controla.
Arquitectura de mensajes compartida
Mazzei plantea que la solución no pasa por imponer un libreto idéntico a todos los funcionarios. Una comunicación excesivamente rígida, sostiene, también puede resultar artificial y poco creíble.
Lo que debería existir es una arquitectura de mensajes compartida, “un núcleo discursivo común”: todos los integrantes del Gobierno deberían tener claro cuál es el problema, cuál es la posición del Ejecutivo, qué se está haciendo, qué resultado se espera y qué datos respaldan esa posición.
Así, cada autoridad puede adaptar el mensaje a sus competencias, públicos y estilo. “La coherencia gubernamental no significa uniformidad”, resume.
Del anuncio a la previsibilidad
Patricia Sánchez, decana de la Facultad de Comunicación y Ciencias Sociales de la Universidad de Ciencias y Artes de América Latina (UCAL), coloca el problema desde otra perspectiva: la comunicación gubernamental debe ayudar a disminuir la incertidumbre.
“La función principal de la comunicación en el ámbito público es conectar con las necesidades reales de las personas y disminuir la incertidumbre”, sostiene.
Para Sánchez, una narrativa transparente y sustentada en hechos y datos no debería tener como objetivo la sobreexposición del Gobierno, sino explicar de manera simple y clara el propósito de cada decisión.
Su propuesta se articula alrededor de cinco pilares: correspondencia entre planificación y ejecución; claridad ante crisis o problemas técnicos; información ágil, accesible e inclusiva; utilidad del mensaje para el ciudadano; y articulación y consistencia entre los mensajes sectoriales.
En el primero de estos puntos aparece una idea particularmente relevante para las primeras semanas de cualquier gestión: la previsibilidad. Si un sector anuncia prioridades, explica Sánchez, debería acompañarlas con cronogramas públicos y criterios de avance que permitan a la ciudadanía seguir el proceso.
La comunicación, de esta manera, deja de ser únicamente una herramienta para anunciar acciones y pasa a convertirse también en un mecanismo para explicar qué se está haciendo, por qué, en qué plazo y cómo se podrá evaluar.
Los primeros 100 días y el desafío de no prometer más de la cuenta
Mazzei advierte, además, que los primeros 100 días son determinantes para construir una percepción sobre el rumbo, el estilo y la capacidad de respuesta del Gobierno. Pero también pueden convertirse en un periodo de frustración si la comunicación genera expectativas que la capacidad del Estado no puede satisfacer.
La estrategia, sostiene, debería combinar escucha ciudadana, contacto permanente, capacidad de respuesta, coordinación de vocerías, anticipación de riesgos y una narrativa que permita comprender hacia dónde se dirige la gestión.
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En términos prácticos, los tres especialistas coinciden en un punto: el desafío del Ejecutivo no parece ser comunicar más, sino conseguir que sus múltiples mensajes transmitan orden, coherencia, utilidad y capacidad de respuesta.
La exposición presidencial puede ofrecer velocidad y cercanía; las redes sociales pueden ampliar el alcance; y los ministros pueden explicar sus propias políticas. Pero, si esos elementos no forman parte de una estrategia común, cada declaración, rectificación o demora puede terminar alimentando precisamente la incertidumbre que la comunicación gubernamental debería contribuir a reducir.
Como concluye Sánchez, la comunicación pública no debe entenderse solo como un canal de difusión, sino como un puente para construir el bien común.
SOBRE EL AUTORLicenciado en Ciencias de la Comunicación, con especialidad en Periodismo, por la Universidad Tecnológica del Perú, con más de 12 años de experiencia en medios de comunicación. Actualmente escribo sobre política, economía y actualidad.
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