El secuestro del empresario en Trujillo y el asesinato de cuatro acompañantes han producido una conmoción nacional. Los delincuentes actuaron bajo la apariencia de un operativo policial, con uniformes y una placa clonada. Aunque no se ha demostrado la participación de policías en actividad, el episodio revela algo políticamente gravísimo: el crimen organizado desafia al Estado, también lo imita, lo infiltra y utiliza sus símbolos. Las contradicciones sobre la liberación del empresario y la responsabilidad de los primeros detenidos profundizan la desconfianza. La salida del general Óscar Arriola y el relevo en el alto mando no debe ser un simple cambio de nombres. Debe ser el punto de inflexión que el país exige. La Fiscalía ha pedido la reingeniería de la inteligencia policial y advertido la infiltración criminal en determinadas instituciones. El Gobierno tiene ahora la oportunidad de responder con una reforma nacional y, simultáneamente, con una iniciativa regional. El Perú debe proponer a Lima como sede de una Conferencia Ministerial para la Ejecución del Compromiso Regional de Santiago contra la Delincuencia Organizada Transnacional, suscrito por el Perú el 29 de mayo 2026. Se trata de aprobar un plan operativo con responsables, presupuesto, plazos y resultados verificables. La agenda debe incluir inteligencia compartida, investigaciones simultáneas, persecución del dinero ilícito, controles fronterizos y penitenciarios. La delincuencia cruza fronteras, mueve capitales y corrompe instituciones. Ningún Estado puede enfrentarla solo. Y ahora tenemos también el Escudo de las Américas para la acción conjunta para reconstruir capacidades, recuperar confianza y convertir la cooperación en acción. No hay coartadas ni pretextos, el gobierno tiene nuevas y positivas posibilidades para luchar contra la criminalidad.

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