Tras días de reuniones en Lima, CONACCUNAY logra acuerdos con el Estado para atender la contaminación, la minería ilegal y el abandono del Nanay

Después de varios días de reuniones con representantes del Gobierno en Lima, líderes de la Coordinadora de Comunidades Nativas y Campesinas de la Cuenca del Nanay (CONACCUNAY) presentaron este 11 de septiembre, durante una conferencia de prensa realizada en el auditorio de GRADE, los principales compromisos alcanzados para atender una problemática que las comunidades vienen denunciando desde hace años. Se trata de la expansión de la minería ilegal, la contaminación por mercurio y la falta de una respuesta integral del Estado en la cuenca del río Nanay, ubicada en Loreto.

Compromisos asumidos y pendientes

El resultado más importante, según la organización, es que la problemática del Nanay comenzará a ser incorporada en un espacio de trabajo de la Presidencia del Consejo de Ministros (PCM) que inicialmente estaba concentrado en la cuenca del río Tigre. CONACCUNAY podrá presentar allí un plan de trabajo con las necesidades del Nanay y sus afluentes, mientras que su propuesta para crear un Proyecto Especial Multisectorial para el Desarrollo Integral de la Cuenca del Nanay será priorizada para evaluación. La organización también pidió que se vuelvan a evaluar las declaratorias de emergencia ambiental y sanitaria.

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Los análisis evidencian que el 37 % de la población evaluada presenta niveles considerados de riesgo “alto”. (Foto: Difusión)

Para Jhonny Huaymacari, presidente de CONACCUNAY, el ingreso a este espacio es relevante porque permitiría dejar atrás una atención estatal fragmentada. “El Nanay lleva muchos años de lucha y nunca había tenido una mesa como esta. El primer paso que hemos logrado es iniciar su incorporación. Si no existe una mesa multisectorial encabezada por la PCM, difícilmente podremos conseguir resultados concretos”, sostuvo durante la conferencia.

La expectativa de las comunidades es que esa coordinación reúna respuestas que hasta ahora han avanzado por separado. Durante su estancia en Lima, la delegación sostuvo reuniones con la PCM, los ministerios del Ambiente, Producción, Energía y Minas, así como con representantes de la Autoridad Nacional del Agua (ANA), Sernanp, OEFA y otros sectores. De esos encuentros surgieron compromisos relacionados con agua, peces, actividades económicas, electrificación, contaminación y expansión minera.

Una cuenca que abastece a Iquitos y enfrenta contaminación por mercurio

La importancia del Nanay trasciende a las comunidades asentadas en sus riberas. El río constituye la principal fuente de agua para la ciudad de Iquitos y su cuenca alberga ecosistemas de alta biodiversidad. Sin embargo, el avance de la minería ilegal está ejerciendo presión sobre la calidad del agua, la pesca, la salud de la población y la seguridad de quienes participan en la defensa del territorio.

También hay preocupación por el mercurio. Un estudio realizado por el Centro de Innovación Científica Amazónica (CINCIA) en 2025 evaluó a 273 personas de seis comunidades de los ríos Nanay y Pintuyacu y encontró que el 79 % superaba el valor de referencia de la Organización Mundial de la Salud para mercurio en cabello. Dentro de ese grupo, el 37 % se encontraba en un rango considerado de alto riesgo. En peces, 14 % de las 284 muestras analizadas superó el valor recomendado de 0,5 miligramos por kilogramo.

Huaymacari cuestionó que, pese a los resultados conocidos durante los últimos años, las comunidades todavía no cuenten con una evaluación sanitaria sostenida. “Tenemos investigaciones y resultados contundentes, pero hasta ahora no hemos visto una continuidad concreta frente a ellos. Lo que estamos pidiendo es que se hagan evaluaciones periódicas para saber cómo está avanzando la contaminación de nuestro río y qué consecuencias está teniendo para la población”, señaló.

En ese punto aparece uno de los compromisos alcanzados esta semana. La ANA ofreció continuar la vigilancia y el monitoreo de la calidad del agua, pero esta vez coordinando previamente con CONACCUNAY el diseño y la ejecución de las acciones, además de la difusión de los resultados. ANA y Produce también acordaron elaborar una hoja de ruta para articular el monitoreo del agua y de los peces. Además, ANA anunció un próximo diagnóstico sobre la calidad del agua superficial del Nanay, mientras Produce solicitará a Sanipes los estudios realizados sobre peces de la cuenca.

La situación ocurre en un territorio donde las condiciones sociales hacen todavía más difícil enfrentar el avance de las economías ilegales. De acuerdo con la información reunida por CONACCUNAY, en 2025 el 60,6 % de la población del distrito obtenía agua de ríos, acequias, lagos o lagunas, mientras que la desnutrición crónica alcanzaba al 30,1 % de los menores de cinco años atendidos en establecimientos de salud. A esto se suman una presencia estatal precaria y pocas oportunidades económicas legales capaces de generar ingresos comparables con los que ofrece la minería ilegal.

No basta con destruir dragas: alternativas económicas, control y protección

Las cifras sobre interdicciones muestran otra dimensión del problema. En el Nanay se estimaba recientemente la presencia de aproximadamente 70 dragas. Desde 2020 habrían sido destruidas alrededor de 490, de las cuales 105 fueron intervenidas entre enero y julio de 2026. Sin embargo, la infraestructura minera vuelve a aparecer. Para las comunidades, esto demuestra que los operativos son necesarios, pero insuficientes si no existen control permanente del territorio, investigación de las redes que financian la actividad y alternativas económicas para la población.

Precisamente por ello, uno de los bloques de acuerdos está orientado a actividades productivas legales. Produce, con apoyo de Fondepes, se comprometió a ofrecer asistencia técnica, acceso a créditos y apoyo para regularizar piscigranjas y Programas de Manejo Pesquero (PROMAPE). También se planteó fortalecer los Comités de Vigilancia Pesquera Artesanal y ampliar la intervención del CITE Productivo Maynas en la cuenca. El ministro de la Producción expresó además su compromiso de visitar el Nanay para acompañar la implementación de estos acuerdos.

En paralelo, CONACCUNAY solicitó al Ministerio de Energía y Minas ampliar tanto territorial como temporalmente la suspensión del otorgamiento de concesiones mineras en la cuenca y propuso que la medida tenga carácter indefinido. El Minem informó que la solicitud será evaluada junto con el Instituto Geológico, Minero y Metalúrgico (Ingemmet). La organización también pidió que la futura Ley de Minería Artesanal y de Pequeña Escala mantenga la prohibición de realizar minería en ríos y cochas e incorpore una prohibición al uso de mercurio en actividades mineras.

El Ministerio del Ambiente, por su parte, informó que formalizará una mesa de trabajo para elaborar un Plan de Acción Multisectorial para la Atención de la Contaminación Crónica y señaló que el Nanay ha sido identificado como zona prioritaria dentro de la Estrategia Nacional de Restauración de Zonas Afectadas por Minería. También asumió compromisos para fortalecer las capacidades de la Reserva Nacional Allpahuayo Mishana y respaldar la labor de las personas defensoras ambientales.

Líderes indígenas avanzan entre amenazas y riesgos

Ese último punto es especialmente sensible para los dirigentes. Huaymacari afirmó que recibe amenazas desde que comenzó a denunciar la minería ilegal en 2020 y sostuvo que otros representantes de la cuenca también han atravesado situaciones de riesgo. “Quienes defendemos el territorio no solo tenemos que proteger nuestros recursos; detrás de esa lucha también existen amenazas. Los que estamos aquí ya hemos pasado por ellas y no es la primera vez”, manifestó. También cuestionó la respuesta estatal frente a estas situaciones y sostuvo que combatir la minería exige intervenir no solo sobre las dragas, sino también sobre las estructuras que permiten que la actividad continúe.

Marcelina Angulo, lideresa indígena, defensora ambiental e integrante de CONACCUNAY, señaló que esos riesgos pueden extenderse a los familiares de quienes encabezan la defensa territorial. “Los ataques contra los defensores no se quedan solamente en nosotros; también alcanzan a nuestras familias y a nuestros hijos, sobre todo cuando vivimos dentro del territorio”, relató. Angulo recordó las situaciones de peligro que, según su testimonio, ha atravesado por su labor y aseguró que en determinado momento tuvo que ser trasladada desde su comunidad hacia Iquitos por razones de seguridad.

Durante la conferencia, Angulo también denunció que la minería ilegal estaría acompañada de otros problemas sociales en sectores del Alto Nanay. En particular, afirmó que existen reportes recibidos por dirigentes y autoridades sobre casos de trata de personas, incluidas menores de edad, en zonas vinculadas a la actividad minera. La lideresa precisó que CONACCUNAY no cuenta con un mapeo propio que permita dimensionar el fenómeno. “Cuando defendemos el territorio también tratamos de defender a esa niñez, y por hacerlo somos amenazados”, sostuvo.

Los compromisos obtenidos en Lima abren ahora una segunda etapa: comprobar cuánto de lo anunciado llegará efectivamente al territorio. Según Jhonny Huaymacari, se ha planteado una nueva reunión de seguimiento para octubre, periodo en el que CONACCUNAY espera recibir respuestas sobre los avances tanto para la cuenca del Tigre como para el Nanay.

Para la organización, proteger el Nanay exige mucho más que destruir dragas. Significa atender a las personas expuestas a la contaminación, garantizar agua segura y servicios básicos, generar actividades económicas legales y mantener una presencia permanente del Estado que permita recuperar el control de la cuenca. El reto es frenar la minería ilegal y, al mismo tiempo, crear condiciones para que las comunidades del Alto Nanay puedan vivir sin depender económicamente de ella. Sin alternativas reales, sostienen, cualquier avance contra esta actividad será difícil de mantener en el tiempo.

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