La resolución boliviana, que debe ser debatida en el pleno, se sustenta en la Constitución y la Ley de Regulación de Estados de Excepción, y será enviada a la Asamblea Legislativa Plurinacional.
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Mauricio Guevara CondoreEscucharResumenCompartirUn proyecto de resolución para ampliar el estado de excepción por 90 días fue aprobado por una comisión de la Cámara de Diputados de Bolivia. Esta decisión fue anunciada por el diputado Alejandro Medinaceli, del oficialista Partido Demócrata Cristiano (PDC), en medio de posibles movilizaciones de sectores sociales. La extensión del régimen será por 90 días.
"Hay sectores sociales que creen que se tiene que ampliar (el estado de excepción) por unas posibles amenazas a futuras", indicó el legislador. También explicó que la resolución aún debe ser debatida en el pleno de la Cámara Baja para que después la Presidencia de la Asamblea Legislativa llame a una sesión conjunta con el Senado, donde se discutirá la ampliación.
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El comunicado oficial emitido por Diputados establece que "la iniciativa legislativa está fundamentada en la Constitución Política del Estado, la Ley 1740, de Regulación de Estados de Excepción, y el Reglamento de la Cámara de Diputados. La resolución será remitida a la Asamblea Legislativa Plurinacional para su respectiva revisión, con la recomendación de declarar su viabilidad y aprobarla".
Cabe recordar que la medida vigente fue declarada el 20 de junio mediante decreto del presidente Rodrigo Paz Pereira ante 53 días de bloqueos impulsados por distintos sectores sociales liderados por la Federación de Campesinos de La Paz y la Central Obrera Boliviana. Actualmente la disposición permite al Ejecutivo disponer acciones extraordinarias.
Ultimátum por la crisis del combustible
El colapso del esquema centralista estatal desencadenó una severa crisis económica manifestada en la escasez de combustibles, la falta de divisas y el desabastecimiento de insumos básicos en Bolivia. Ante esta coyuntura, la Asamblea de la Cruceñidad, a través del Comité Cívico pro Santa Cruz liderado por Stello Cochamanidis, declaró que la monopolio de YPFB ahoga al sector productivo.
Para frenar este contexto, el sector cívico exige romper definitivamente el monopolio público mediante la completa liberación de la importación, comercialización y distribución de carburantes sin cargas tributarias.
Asimismo, demandan la erradicación de redes de corrupción e impunidad en entidades como la ANH e YPFB, el impulso decidido a los biocombustibles y la aplicación directa del Modelo 50-50 en el PGE 2027, el cual busca que la mitad de los ingresos generados permanezca en los departamentos para obras regionales.
Las medidas adoptadas imponen al Ejecutivo un plazo límite fijado para el 10 de octubre, fecha emblemática de la democracia boliviana, bajo la advertencia de desatar movilizaciones e inclusive convocar a un cabildo si sus peticiones no son atendidas. Entre las demandas normativas clave se encuentra también la revisión del Decreto Supremo 5676 por establecer un sistema de doble precio.
En respuesta, el Gobierno Nacional buscó bajar la tensión por medio del ministro de Obras Públicas, Mauricio Zamora, quien aseguró que el problema de abastecimiento estará superado antes de cumplirse el plazo cívico.
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