El abogado Rodolfo Pérez sostuvo que la decisión judicial que anuló la primera inhabilitación del Congreso representa un avance en la defensa de Delia Espinoza y abre la posibilidad de su eventual retorno al Ministerio Público, aunque precisó que el proceso aún debe ser confirmado en segunda instancia.
El abogado Rodolfo Pérez, defensa de la exfiscal de la Nación Delia Espinoza y actual decana del Colegio de Abogados de Lima, se pronunció sobre la reciente decisión judicial que anuló la primera inhabilitación impuesta por el Congreso contra su patrocinada, lo que -según indicó- representa un avance en el proceso para su eventual reincorporación al Ministerio Público.
Como se recuerda, en diciembre del año pasado, el Parlamento inhabilitó por 10 años de la función pública a Espinoza Valenzuela por una presunta infracción constitucional, al acusarla de no haber aplicado correctamente la Ley 32130, que otorgó a la Policía Nacional la dirección de la investigación preliminar de los delitos.
Durante una entrevista en el programa Las cosas como son de RPP, Pérez sostuvo que el fallo contribuye a “restablecer el Estado de Derecho” y abre un camino -aunque aún largo- para que su defendida pueda reincorporarse al Ministerio Público, “que es lo que ella pretende”.
En ese sentido, explicó que la resolución judicial cuestiona la validez de la sanción parlamentaria al considerar que se trató de “una inhabilitación que no tenía sustento jurídico”.
“Ella fue inhabilitada por el Congreso de la República y el Congreso nunca pudo demostrar que ella tuvo vínculo con esa presunta infracción constitucional”, señaló.
El abogado también recordó que la exfiscal enfrenta una segunda inhabilitación de 10 años aprobada recientemente por el Legislativo. Esta nueva sanción surgió, según indicó, en represalia luego de que Espinoza presentara una denuncia constitucional contra varios parlamentarios en el caso conocido como "congresistas doble sueldo".
“Entonces, lo que te da a entender es que los procedimientos parlamentarios se están haciendo de forma poco pulcra jurídicamente, pero también de forma direccionada políticamente contra los funcionarios que el Congreso considera incómodos”, afirmó.
Dado que estas inhabilitaciones no son acumulables, cada una debe ser cuestionada y resuelta de forma independiente ante el Poder Judicial.
Finalmente, Rodolfo Pérez sostuvo que la sentencia de primera instancia que anula la primera inhabilitación aún debe ser confirmada en segunda instancia. Ello debido a una ley aprobada por el propio Parlamento que establece que, si el Congreso apela, los efectos de la decisión se suspenden hasta un pronunciamiento de la Corte Suprema, por lo que el fallo todavía no es firme.
Comentarios 0
Súmate a la conversación
Tu comentario es anónimo, pero para evitar bots necesitamos que te registres. Es gratis y toma 30 segundos.
Crear cuenta para comentar Ya tengo cuenta