El pasado 28 de agosto, el Poder Ejecutivo presentó al Congreso de la República el proyecto de ley 098-2026-2031-CD. Mediante este proyecto solicita la delegación de facultades legislativas en diversas materias. A partir de esta propuesta, Inforegión publicó un primer análisis sobre los posibles riesgos ambientales de algunas de las medidas planteadas, cuyos alcances aparecen desarrollados con mayor detalle en la exposición de motivos del proyecto.

La iniciativa también ha generado preocupación entre organizaciones indígenas y entidades especializadas en materia ambiental. En ese contexto, la Sociedad Peruana de Derecho Ambiental (SPDA) publicó un informe de análisis legal en el que advierte que varias de las propuestas incluidas en el pedido de facultades podrían representar retrocesos en la protección del ambiente y en la garantía de los derechos de los pueblos indígenas en el país.

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En las 20 páginas del pedido de facultades, el Ejecutivo solicita autorización para promover la inversión privada en la exploración, explotación y almacenamiento de hidrocarburos. (Composición: Inforegión)

El peligro del «silencio positivo» en las evaluaciones ambientales

Uno de los puntos más críticos señalados por la SPDA es la intención de aplicar el silencio administrativo positivo a los procedimientos de evaluación de impacto ambiental. Por ello, la organización advierte que esta medida es incompatible con la naturaleza preventiva del Sistema Nacional de Evaluación de Impacto Ambiental (SEIA).

  • Aplicar esta figura implicaría que los pronunciamientos técnicos especializados sean sustituidos por el simple vencimiento de plazos.
  • Esto permitiría la aprobación de proyectos sin una revisión exhaustiva de sus impactos en el entorno natural y social.
  • La SPDA enfatiza que la evaluación ambiental preventiva es fundamental para gestionar riesgos y evitar daños irreversibles a los ecosistemas y a la salud pública.

Áreas Naturales Protegidas e Hidrocarburos

El informe también revela una fuerte preocupación por las modificaciones planteadas a la Ley de Áreas Naturales Protegidas (ANP) y a la Ley PIACI (Pueblos Indígenas en situación de Aislamiento y Contacto Inicial). Estas modificaciones se proponen con el fin de promover la inversión en hidrocarburos.

La exposición de motivos del Ejecutivo propone permitir la reducción física o modificación legal de un ANP cuando un proyecto posterior sea declarado de «necesidad pública e interés nacional». Por esta razón, la SPDA califica esto como incompatible con la naturaleza definitiva de protección que tienen nuestras áreas naturales. Esta medida buscaría facilitar la explotación gasífera en la cuenca de Madre de Dios. Esto afectaría directamente a espacios como el Parque Nacional Bahuaja Sonene y la Reserva Comunal Amarakaeri.

Asimismo, el Ejecutivo busca garantizar la «continuidad» de derechos preexistentes (como lotes petroleros o gasíferos) superpuestos a Reservas Indígenas. Sobre esto, la SPDA es categórica al señalar que la protección de la vida humana es un deber del Estado. Por lo tanto, no se puede reducir la protección de los pueblos indígenas aislados (PIACI) simplemente para favorecer actividades extractivas.

Riesgos territoriales y uso de armas por guardaparques

El documento de la SPDA también analiza otros aspectos controversiales del pedido de facultades:

  • Guardaparques: Se propone el uso de armas no letales para el personal del Sernanp. La SPDA indica que esta medida debe ser revisada, ya que los guardaparques son autoridades de conservación y no agentes de seguridad interna o policial.
  • Derechos forestales e indígenas: La propuesta busca que los Bosques de Producción Permanente (BPP) y las concesiones forestales prevalezcan sobre «derechos posteriores». Sin embargo, la SPDA advierte que esto pone en riesgo a los pueblos indígenas, ya que el Estado podría considerar la titulación de una comunidad como un «derecho posterior». Esto desconoce que la posesión ancestral indígena preexiste a cualquier trámite documental.
  • Saneamiento rural: Se alerta sobre el riesgo de simplificar la formalización de predios agrarios sin un análisis técnico riguroso. Esto podría generar una vía de «blanqueo» para quienes se apropiaron de tierras mediante deforestación ilegal previa.

Finalmente, la SPDA hace un llamado al Congreso de la República para que analice la solicitud de delegación de facultades leyendo conjuntamente el articulado del proyecto y su exposición de motivos. Solo así, señala la institución, se podrá identificar el verdadero alcance y los límites de las medidas que el Ejecutivo pretende aprobar. Esto garantizará que no se vulneren los derechos fundamentales ni el desarrollo sostenible del país.

Accede al análisis de la SPDA aquí.

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