El pedido del Ejecutivo para recibir facultades legislativas llega hoy a un momento decisivo. El presidente del Consejo de Ministros, Luis Galarreta, deberá presentarse ante la Comisión de Constitución de la Cámara de Diputados para explicar, con argumentos técnicos y jurídicos, por qué el Gobierno necesita autorización para legislar directamente sobre 66 materias, entre ellas seguridad ciudadana, impuestos y legislación laboral.

No se trata de un trámite más ni de una simple disputa entre Gobierno y Congreso. Lo que está en juego es la capacidad del Ejecutivo para cumplir con su plan de gobierno, pero también los límites que debe tener cualquier delegación de poder en una democracia. Si el premier ha sostenido que estas facultades son necesarias para concretar las propuestas con las que llegaron al Gobierno, corresponde que explique con claridad qué pretende hacer, por qué necesita hacerlo mediante decretos legislativos y cuáles serán los resultados que los ciudadanos pueden esperar.

La oposición, naturalmente, no tiene por qué otorgar un cheque en blanco. Una democracia saludable necesita controles, contrapesos y fiscalización. Pero tampoco sería responsable convertir cada solicitud del Ejecutivo en una batalla política destinada únicamente a bloquear su gestión, que es como parece manejarlo la izquierda radical. El Congreso debe evaluar cada materia con rigor, determinar plazos razonables y establecer límites precisos, procurando que la discusión se concentre en el interés nacional y no en el cálculo partidario.

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