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por Luis Rodriguez J.
Actualizado el 8 de Set, 2026 12:26 pmRPP conversó con el historiador Jorge Nureña y el analista Iván Arenas respecto a la actual situación de criminalidad que se vive en Trujillo, donde las organizaciones de extorsión operan desde las 90 en una sociedad que ya ha normalizado la situación.
Compartir La Libertad Lureña: "[Las organizaciones criminales] van ocupando estos espacios que el Estado no ocupa a nivel institucional y al nivel de garantías en las intersecciones y transacciones económicas" Lureña: "[Las organizaciones criminales] van ocupando estos espacios que el Estado no ocupa a nivel institucional y al nivel de garantías en las intersecciones y transacciones económicas" 00:00 · 28:30Los recientes atentados criminales ocurridos en Trujillo, provincia de la región La Libertad, han hecho que, una vez más, la opinión pública ponga su mirada en la situación que se vive en esa jurisdicción, más aún cuando se encuentra en estado de emergencia desde marzo de 2022.
Ayer, Homero Armas, hermano del alcalde de Pataz, fue acribillado al salir de un restaurante ubicado en el distrito trujillano de Víctor Larco Herrera. Poco más de una semana antes, en la misma provincia, ocurrió el cuádruple crimen y secuestro del empresario Jenss Lara por parte de criminales que simulaban ser agentes policiales.
Según la información que se tiene hasta el momento, ambos ataques apuntan a un denominador común: la minería en Pataz, provincia que se encuentra también bajo control policial y militar desde 2024, debido a las organizaciones criminales vinculadas a la minería informal e ilegal.
¿Cómo inició esta situación? ¿Qué está ocurriendo? ¿Cuál es el escenario que le toca vivir a la ciudadanía trujillana que se encuentra a merced de estos ataques?
En busca de respuesta, RPP conversó con el historiador Jorge Nureña, autor del libro "Esta bala lleva tu nombre”, y con el analista y periodista Iván Arenas.
El 100% de choferes del transporte público trujillano paga extorsión para vivir seguros
Jorge Nureña señaló que el pagar cupos extorsivos en Trujillo se ha normalizado a tal punto que el 100% del transporte público realiza estos pagos, y que incluso los choferes prefieren hacerlo para estar protegidos frente a robos en sus rutas.
"El 100% del transporte público trujillano -aquí todas son empresas privadas que brindan un servicio público- todas sin excepción pagan extorsión, todas. Y cuando uno entrevista a los dirigentes o a los propios choferes señalan que, si bien eso les cuesta dos, tres, cinco soles o más, viven más seguros porque ya hay una organización que garantiza que en el trayecto nadie les robe, que en el trayecto otra organización no quiera atacarlos, porque responden a sus necesidades inmediatas de manera más rápida", indicó.
"En ese sentido, han venido a reemplazar al Estado en cuestión de seguridad, entre comillas", acotó.
¿Y qué pasa con las denuncias? El historiador indicó que la extorsión es uno de los delitos que tiene la cifra negra más elevada, es decir, "la cifra de casos que no se denuncian por cuestión de miedo o por cuestión de que ya el trujillano o liberteño han normalizado pagar o ceder a la extorsión".
"Hay muchos casos grabados en los que varios ciudadanos han ido a las comisarías a poner la denuncia, y la misma Policía les ha dicho: ‘no te metas en problemas, arregla, porque que esto va a demorar mucho, entre que se le pasa el documento a la fiscalía, la fiscalía llama a declarar, se levanta el secreto de las comunicaciones, el número no le pertenece a nadie porque es robado, etcétera'. No hay confianza en la denuncia", enfatizó.
"A pesar de ello, Trujillo y La Libertad siguen liderando a nivel de denuncias, pero todos los extorsionados que siguen pagando desde hace 20 años extorsión, ellos ya no denuncian. Es decir, ya podemos hablar de que gran parte de la sociedad trujillana está bajo los efectos de algún tipo de extorsión o de crimen organizado. Por ello es que también van bajando las denuncias porque ya la mayor parte de negocios está siendo extorsionado", añadió.
"El 100% del transporte público trujillano, todas sin excepción pagan extorsión, todas"Fuente: PNP
Pero, ¿cómo inició todo esto? Nureña situó el origen de este desborde de extorsión a mediados de la década de los 90, con una consolidación a inicios del nuevo milenio, "justo en la época en la que Trujillo y La Libertad empiezan a crecer económicamente", con el boom de la agroindustria, de la industria zapatera, comercio y minería.
"En este desarrollo económico, estos grupos surgen en los márgenes de la ciudad -El Porvenir, Florencia de Mora, La Esperanza- y van poco a poco articulándose y organizándose de mejor manera, y van ocupando estos espacios que el Estado no ocupa a nivel institucional y al nivel de garantías en las intersecciones y transacciones económicas", señaló.
"Por eso es que ellos se inician en el transporte y en la industria zapatera, sobre todo, en estos lugares donde la informalidad prima, y si hacemos un paralelo con la minería, empiezan con la minería informal y legal, y ahí encuentran un espacio para cubrir esa seguridad ausente", acotó.
Es decir, "la extorsión no fue un salto al vacío sino una evolución lógica" a partir del ingreso de dinero por actividades informales e ilegales. Conforme estas economías fueron creciendo, "buscaron esa seguridad que el Estado, por la misma actividad que desarrollaban", no podía darles.
"El Estado tampoco ha llegado con instituciones, y cuando lo hizo, en muchas ocasiones, hubo corrupción, desidia o falta de importancia en los niveles más altos", destacó Nureña.
"Todo esto se ha contaminado. Se han contaminado autoridades locales, tanto consuetudinarias -tipo rondas campesinas- pero también se han contaminado autoridades políticas que han ejercido el cargo y que, nuevamente, están tentando a cargos en toda La Libertad", aseveró.
¿Cómo se relaciona esta situación con Pataz? Nureña señaló que la explicación está en la época de la pandemia.
"Durante la pandemia, la mayor parte de organizaciones criminales trujillanas, liberteñas y de otras regiones migraron a Pataz, porque ahí se concentró el boom de lo económico, de lo ilegal, de lo informal, pero ya cuando entra el Estado entre 2023 y 2024, esas organizaciones vuelven a Trujillo y a sus lugares de origen, y trasladan el escenario de guerra que fue Pataz, durante 4 o 5 años, a Trujillo", sostuvo.
"Es por ello que, desde el año 2024 en adelante, hemos visto algunos asesinatos que hasta ahora no se han podido esclarecer. Han asesinado a promotores de discotecas, a dueños de ciertos negocios, ha habido ataques masivos a ciertas cadenas de licorería, a discotecas", resaltó.
"Por eso es que [las organizaciones criminales] se inician en el transporte y en la industria zapatera, sobre todo, en estos lugares donde la informalidad prima"Fuente: PNP
"No hay voluntad política para poder resolver esos asuntos"
Ante este panorama, Nureña señaló que "hay una correlación entre crisis política con aumento de la criminalidad", ya que la ciudadanía va perdiendo confianza en la capacidad de las instituciones para hacer frente a este flagelo.
"En el año 2018 teníamos 3200 denuncias de extorsión a nivel del Perú; en el año 2019, 3600; en el año 2020 baja por lo de la pandemia; pero en el 2021 empieza a subir: 10 000 en 2022; 15 000 en 2023; 18 000 en 2024; y 2025 más de 26 000. Y así también en el nivel de homicidios", explicó.
"Entonces, hay una correlación entre crisis política con aumento de la criminalidad porque, durante algunos momentos, especialmente en Trujillo, ha habido algunos operadores de justicia o policías que han hecho frente a este problema. Sin embargo, conforme ha ido mellando la credibilidad en las instituciones y en los políticos, la gente le ha ido perdiendo la confianza al policía, al fiscal, etcétera; y ha ido confiando más en el extorsionador o el criminal en general, porque las organizaciones criminales trujillanas no se dedican solo a la extorsión, sino a una serie de actos ilícitos donde hay informalidad y han ido ganando terreno", aseveró.
Además, el historiador consideró que "no hay voluntad política para poder resolver esos asuntos".
"Vemos que no hay voluntad política para poder resolver esos asuntos latentes y graves. Se sabe hasta ahora que el presupuesto más lo van a dar a nivel militar y lo están recortando a nivel institucional para atacar todo ese tipo de problemas", puntualizó.
Iván Arenas: "No hay minería ilegal sin corrupción y sin respaldo económico"
Por su parte, el analista Iván Arenas incidió en un punto transversal en este desborde criminal en el norte peruano: la minería ilegal. Según indicó, esto es posible por la corrupción y el respaldo económico de las organizaciones criminales.
"No hay minería ilegal sin dos cosas importantes: sin corrupción y sin respaldo económico. Se habla más o menos de 12 000 millones de dólares solamente en minería aurífera, pero no estás viendo el otro tipo de minería. Por ejemplo, la minería de cobre de la que también, en el sur, hay corredores económicos ilegales específicamente", sostuvo.
Por ello, Arenas consideró que se puede atrapar a Los Pulpos o a La Jauría -las dos organizaciones criminales más sanguinarias de La Libertad- pero "van a seguir existiendo pulpos y jaurías con otro nombre".
"Aquí el problema no es ellos, sino la ruta del dinero, [que] es lo que el gobierno debe trazarse como objetivo", sostuvo.
"Hay un tema punitivo, hay un tema que atender de manera inmediata que es la criminalidad y que son las bandas criminales, pero, ¿quién te está financiando? Y quien está financiando es básicamente esto: las 2800 plantas de procesamiento que existen entre formales e ilegales a nivel de todo el país. Y estas plantas, evidentemente, son las que están enriqueciéndose, los dueños están enriqueciéndose, y ellos son los que están pagando todo este tipo de cosas", explicó.
Ante esa situación, el analista consideró que el gobierno debe "tener la voluntad y la decisión política para enfrentarse con estas mafias, [que] no son las mafias de bandas criminales, sino las mafias que se han enquistado de manera legal, que vienen haciendo lavado de activos y lavado de dinero".
Sin embargo, Arenas consideró que "las bandas criminales han olido que el gobierno es débil e incapaz de reaccionar".
"Ya fue un desafío al gobierno fujimorista el hecho de que hace dos semanas haya sucedido lo de Trujillo […] que es una zona en emergencia, Pataz es una zona en emergencia y que hayan asesinado al hermano del alcalde del distrito, es evidente que es un desafío nuevamente al gobierno, a quien, dicho sea de paso, ven débil", indicó.
Finalmente, el analista señaló que actualmente hay tres temas de fondo en el fenómeno: "un desafío directo al gobierno; el auge de la minería ilegal; y, lo tercero, el fracaso de la formalización" a través del Reinfo.
"Entonces, estamos ante un fenómeno que tiene tres dimensiones y que, aparentemente, en un país desordenado como este tiende a crecer, porque nosotros vemos que los próximos tres o cuatro años el oro, probablemente, podría llegar a $8000 la onza y eso es increíble en un país desorganizado. Van a suceder nuevas oleadas de criminalidad, como la que están sucediendo ahora", puntualizó.
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