Nuevo atentado contra Olivia Bisa: Lideresa indígena denuncia que fue perseguida y amenazada mientras viajaba junto a sus dos hijos menores en Loreto

A las seis de la tarde del domingo 6 de septiembre, Olivia Bisa Tirko se trasladaba hacia San Lorenzo, en la provincia de Datem del Marañón, Loreto. No viajaba sola. Con ella estaban su esposo, su suegra y sus dos hijos menores, de 11 años y un año y ocho meses. Fue durante ese trayecto, según la denuncia que presentó posteriormente ante el Ministerio Público, que una mototaxi de placa 11-37YS se interpuso en el camino del vehículo en el que se desplazaba la familia.

De acuerdo con la versión denunciada, la maniobra los obligó a reaccionar para evitar caer hacia un barranco. Olivia sostiene que en la mototaxi viajaban dos hombres y una mujer y que el episodio continuó después. Las tres personas los habrían seguido hasta la comunidad nativa Angamos. Allí, uno de los hombres realizó un gesto simulando portar un arma de fuego y lo dirigió hacia la cabeza de la lideresa. Miembros de la comunidad intervinieron y los ocupantes del vehículo abandonaron el lugar.

Olivia Bisa: Lideresa de la Nación Chapra continúa recibiendo amenazas de muerte

Desde hace dos años la resistencia de Olivia viene acompañada de amenazas de muerte y ataques que la fuerzan a vivir en constante desplazamiento. (Foto: Angela Ponce)

Un día después, el 7 de septiembre, Olivia acudió a la Fiscalía Provincial Penal de Datem del Marañón y formuló una denuncia por la presunta comisión del delito de coacción. En el documento proporcionó la placa del vehículo, describió la vestimenta de los dos hombres y pidió diligencias para determinar la identidad de ellos y de la mujer que los acompañaba. También solicitó medidas urgentes de protección y que, al evaluar el caso, el Ministerio Público considere su condición de defensora indígena, ambiental y territorial. Hasta que las investigaciones determinen responsabilidades, se trata de hechos denunciados por Olivia y respaldados públicamente por su organización.

Hay otro elemento que, según el pronunciamiento del Gobierno Territorial Autónomo de la Nación Chapra (GTANCH), pide esclarecer. La organización asegura que Olivia intentó denunciar inicialmente lo ocurrido en la Comisaría de San Lorenzo, pero que el comisario se negó a recibirla porque, según el comunicado, “no se veían amenazas”. La Nación Chapra exige que esta actuación también sea investigada y que se active de manera efectiva el Mecanismo Intersectorial para la Protección de Personas Defensoras de Derechos Humanos. Tras conocerse el caso, la senadora Ruth Luque también pidió explicaciones a la Policía y protección urgente para Olivia y su familia, mientras la Coordinadora Nacional de Derechos Humanos y CooperAcción se sumaron públicamente al pedido de intervención estatal.

Las amenazas contra Olivia comenzaron mucho antes

Para comprender por qué la denuncia del 6 de septiembre genera una alerta distinta, hay que mirar hacia atrás. Olivia no aparece por primera vez ante las autoridades como una persona que teme por su vida. En 2024, la Relatora Especial de Naciones Unidas sobre la situación de las personas defensoras de derechos humanos y otros expertos enviaron una comunicación al Estado peruano en la que detallaron una sucesión de amenazas, hostigamientos e incidentes ocurridos desde años anteriores.

La comunicación reconstruyó, entre otros hechos, una denuncia por amenazas presentada en agosto de 2022; el ingreso de desconocidos a la vivienda de su padre buscándola; y una nueva escalada desde diciembre de 2023. Ese mes, Olivia reportó llamadas provenientes de siete números distintos con amenazas dirigidas no solo contra ella, sino también contra sus hijos. El 23 de enero de 2024 volvió a denunciar ante la Comisaría de San Lorenzo y cuatro días después informó que las llamadas continuaban.

Los episodios se sucedieron durante los meses siguientes. Luego de intervenir en una reunión con autoridades regionales el 31 de enero de 2024, Olivia volvió a recibir amenazas y tuvo que salir de su comunidad hacia Yurimaguas. En febrero, desconocidos llegaron hasta la vivienda donde se refugiaba y preguntaron por ella. Semanas después, otra llamada le advirtió que sería encontrada pese a que se escondiera. En marzo, la comunicación de Naciones Unidas registró nuevos hechos: una persona se presentó donde estaban sus hijos afirmando, sin autorización de Olivia, que había sido enviada para trasladarlos al colegio; y desconocidos en motocicleta fueron vistos frente a la casa de su padre.

El Gobierno peruano respondió entonces a los expertos de Naciones Unidas informando que el Ministerio de Justicia había coordinado asistencia legal, solicitado garantías personales y requerido acciones policiales para protegerla. También señaló que la solicitud de garantías fue aprobada y que su situación venía siendo atendida dentro del Mecanismo Intersectorial.

Sin embargo, cuando Inforegión entrevistó a Olivia en agosto de 2024, su evaluación sobre esas medidas era muy distinta. Contó que tenía que modificar constantemente sus desplazamientos, tomar tres o cuatro rutas diferentes, buscar refugio y proteger también la rutina de sus hijos. En medio de esa situación resumió su desconfianza en una frase:

“Me dan puros papeles, si yo veo al enemigo de frente usted cree que un papel va a detener una bala”.

¿Qué defendió Olivia para llegar hasta aquí?

Olivia Bisa hizo historia en agosto de 2022 al convertirse en la primera mujer en presidir el Gobierno Territorial Autónomo de la Nación Chapra. Su liderazgo se consolidó en una zona de Loreto donde las comunidades indígenas enfrentan presiones vinculadas a actividades extractivas, tala ilegal, invasiones territoriales y otras economías ilegales. Apenas semanas después de asumir el cargo, un derrame de petróleo ocurrido en septiembre de ese año en el kilómetro 177 del Oleoducto Norperuano afectó a comunidades chapra y fuentes de agua. Olivia comenzó a reclamar limpieza, atención en salud y una remediación efectiva.

A partir de allí, su actividad pública se amplió. Ha denunciado derrames de hidrocarburos, tala ilegal y amenazas sobre el territorio; ha defendido la vigilancia comunitaria de los bosques y se ha opuesto a proyectos que la Nación Chapra considera incompatibles con sus derechos territoriales. La comunicación de los expertos de Naciones Unidas incluso registró la existencia de los denominados “guardianes del bosque”, comuneros organizados para identificar actividades ilícitas, vigilar el territorio y detectar contaminación.

Parte de esa defensa también se ha concentrado en el Lote 64, proyecto petrolero situado sobre territorios reclamados por pueblos indígenas de Loreto. En mayo de 2025, Petroperú no recibió ofertas en un proceso para incorporar un socio al lote. La Nación Chapra, el Gobierno Territorial Autónomo de la Nación Wampís y la Federación de la Nacionalidad Achuar del Perú, organizaciones que durante años se han opuesto al proyecto, celebraron el resultado. Olivia fue una de las voces públicas de esa campaña.

Su trabajo obtuvo además reconocimiento fuera del país. El 15 de noviembre de 2025 recibió el Courageous Scientists Award for Climate and Environmental Justice, un premio internacional que destacó su defensa de la Amazonía, del conocimiento indígena y de las comunidades afectadas por la actividad petrolera. La organización que otorga el galardón la presentó como la primera mujer al frente del Gobierno Territorial Chapra y resaltó su trabajo frente a derrames petroleros y en defensa de las futuras generaciones.

Pero la trayectoria de Olivia tampoco se reduce a denunciar amenazas o actividades extractivas. En julio de 2026, el GTANCH y Amazon Watch informaron sobre la instalación de sistemas de energía solar, congeladores y conexión a internet en 12 comunidades chapra. De acuerdo con Olivia, la intervención alcanzó aproximadamente al 80 % del territorio de su pueblo. En lugares con dificultades de conectividad, estas herramientas sirven para atender emergencias, fortalecer la comunicación entre comunidades, conservar pescado y mejorar la coordinación para la vigilancia territorial.

Ser defensora también transformó la vida de su familia

Ese liderazgo ha tenido un costo que no queda contenido en expedientes fiscales ni resoluciones administrativas. En la entrevista que concedió a Inforegión en 2024, Olivia contó que había vendido su vivienda en San Lorenzo, buscado lugares donde refugiarse y cambiado a sus hijos de colegio en varias oportunidades. También describió una vida organizada alrededor de la necesidad de variar rutas y evitar patrones de desplazamiento que pudieran hacerla más fácil de ubicar.

Esa dimensión es especialmente importante en su caso. Las amenazas documentadas desde 2023 mencionaron expresamente a sus hijos y algunos de los episodios reportados ocurrieron alrededor de viviendas donde estaban sus familiares. Ahora, la nueva denuncia vuelve a involucrarlos directamente: sus dos menores hijos se encontraban dentro del vehículo cuando, según Olivia, ocurrió la maniobra que puso en riesgo a la familia. La defensa territorial, por tanto, no ha alterado únicamente su seguridad como dirigente; ha condicionado también aspectos cotidianos de su maternidad y de la vida de quienes la rodean.

Ese problema fue precisamente uno de los temas que Olivia llevó fuera del Perú hace poco más de un mes. El 4 de agosto de 2026 participó en Washington D. C. en una audiencia de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos sobre la situación de las mujeres indígenas defensoras frente a las economías ilegales. Allí sostuvo: “El Estado peruano no está preparado para salvar la vida de una defensora amenazada”. Otras lideresas explicaron durante la audiencia que el riesgo para las mujeres tiene características particulares: a la amenaza derivada de defender el territorio se suman discriminación por ejercer liderazgo, violencia de género y ataques que pueden extenderse hacia sus familias.

La representación del Estado respondió ante la CIDH que venía cumpliendo las funciones previstas dentro del Mecanismo Intersectorial y mencionó normas y herramientas creadas para proteger a personas defensoras. Sin embargo, algunos comisionados cuestionaron la falta de información sobre acciones concretas frente a amenazas relacionadas con narcotráfico, tala ilegal y otras actividades ilícitas. Uno de ellos señaló además que el mecanismo parecía insuficiente si las economías ilegales que originan muchos de esos riesgos seguían avanzando.

Un mecanismo de protección frente a un problema mucho mayor

El Mecanismo Intersectorial fue creado en 2021 precisamente para prevenir riesgos, proteger a quienes defienden derechos y facilitar su acceso a la justicia. Actualmente articula a nueve entidades del Ejecutivo y el Ministerio de Justicia señala que mantiene un monitoreo permanente de las situaciones de riesgo y puede impulsar medidas de protección o medidas urgentes. No se trata, por tanto, únicamente de entregar una resolución: su finalidad es coordinar acciones que permitan que una persona amenazada pueda continuar ejerciendo su labor sin poner en peligro su vida.

Las propias cifras oficiales muestran la magnitud del reto. Entre junio de 2019 y julio de 2025, el registro del Ministerio de Justicia contabilizó 517 situaciones de riesgo que involucraron a 742 personas defensoras y 61 familiares. El 53 % correspondía a amenazas contra la seguridad personal o familiar; el 85 % estaba relacionado con la defensa del ambiente y de los derechos de pueblos indígenas, y las actividades ilegales aparecían vinculadas al 70 % de las situaciones registradas. Loreto representaba el 11 % de los casos incorporados en ese sistema.

La Defensoría del Pueblo ofrece otra medición, elaborada con una metodología propia. Entre 2020 y 2024 registró 294 casos de ataques, riesgos o vulneraciones contra personas defensoras en 15 regiones. El 63 % se concentró en departamentos amazónicos y entre las personas afectadas fueron identificadas 109 mujeres. Un informe defensorial publicado en marzo de 2026 registró además 21 asesinatos de personas defensoras durante ese periodo y advirtió debilidades normativas y operativas en la protección estatal.

Global Witness, que lleva un registro específico de asesinatos y desapariciones de personas defensoras de la tierra y el ambiente, ha documentado 62 casos en Perú desde 2012, de los cuales 35 correspondieron a personas indígenas. Las cifras de Global Witness, la Defensoría y el Ministerio de Justicia no son directamente comparables porque miden universos y periodos distintos, pero todas apuntan a que quienes defienden territorios indígenas y ecosistemas amazónicos se encuentran entre los grupos más expuestos.

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